El Senado se encaminaba a aprobar el proyecto de la oposición para morigerar la suba de las tarifas de servicios públicos, que el presidente Mauricio Macri vetaría.
El debate de la iniciativa se hizo extenso debido a que se anotaron 51 senadores para tomar la palabra, pero se preveía que al final de la jornada se sancionaría la ley con los votos del bloque Justicialista, el Frente para la Victoria-PJ y otras bancadas.
Los senadores de Cambiemos rechazaron el proyecto con el argumento de que tiene un significativo impacto fiscal y que beneficia principalmente al área metropolitana de Buenos Aires, al tiempo que criticaron el esquema de subsidios a la energía que mantuvo las tarifas baratas durante la gestión del kirchnerismo.
En la vereda de enfrente, la mayor parte de la oposición argumentó que los aumentos en gas, electricidad y agua corriente deben tener un límite y que el gobierno nacional tiene que rever su política energética.
De acuerdo con las advertencias que el gobierno viene haciendo desde que el tema comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados, el presidente vetaría la ley impulsada por la oposición por considerar que generará un “agujero fiscal impresionante”.
La iniciativa de la oposición propone retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y que los aumentos no superen el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes, al tiempo que señala que las empresas deberán devolver lo que se cobró de más al momento de sanción de la ley.
A favor
Al inicio del debate, el formoseño José Mayans, del bloque Justicialista, afirmó que “el gobierno en su plan económico decidió servicios dolarizados y terminar con los subsidios” y aseguró que “en noviembre hubo aumentos que llegaron al 600%”.
En este sentido, sostuvo que “la tarifa tiene que ser justa, razonable y aplicable” y remarcó: “Más del 90% de la gente está de acuerdo con que votemos acá el tema tarifas”.
Por su parte, el catamarqueño Dalmacio Mera, de la misma bancada, aceptó que “el sinceramiento (de las tarifas) correspondía” porque “había una política de subsidios que estaba agotada y generaba inequidades” con el interior del país.
No obstante, aclaró: “Tienen que tener un límite atado a la variación del salario, por lo menos hasta que mejoren las condiciones económicas. No puede ser que las empresas estén ganando lo que están ganando y los usuarios estén viendo si pagar la salud o las tarifas, o las expensas o las tarifas”.
La mendocina Anabel Fernández Sagasti, del kirchnerismo, pidió que el presidente “abandone las visiones paranoicas de que la oposición se junta para llevarle un problema” y agregó: “Todo lo contrario, le estamos dando un mandato republicano para que revea la política tarifaria y energética”.
La senadora del FPV-PJ sostuvo que la política energética del gobierno “constituye una gran estafa nacional, que transfiere millones y millones de pesos del bolsillo de los ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder”.
Una de las sorpresas de la jornada la dio el neuquino Guillermo Pereyra, del interbloque Federal, que aparecía como uno de los que votaría en contra del proyecto (en línea con el resto de esa bancada) pero finalmente anticipó que lo haría a favor.
En contra
El bonaerense Esteban Bullrich, de Cambiemos, cuestionó el esquema de subsidios que mantuvo la gestión del kirchnerismo y manifestó que “tener tarifas bajas para construir una vida cara, esa es la mayor inmoralidad que puede cometer un gobierno”.
“No vamos a poner 10 pesos en el bolsillo de un argentino para sacarle 50 del otro”, sostuvo Bullrich en referencia a la administración anterior.
Para el senador oficialista, la iniciativa del peronismo “es irresponsable “ y “sostiene una desigualdad que también se heredó del gobierno anterior, que hacía que en el interior se pagaran tarifas hasta en un 70% más caras” que en la zona metropolitana.
Por su parte, el sanjuanino Roberto Basualdo, del Interbloque Federal, defendió el proyecto presentado por el oficialismo, el cual en lugar de retrotraer tarifas propone una rebaja del IVA que se cobra en las facturas. “Es un proyecto federal y es accesible. No vamos a tocar ninguna tarifa, sólo vamos a tocar el IVA y lo vamos a pagar entre todos los argentinos”, expresó Basualdo.
El veto era inminente
“El presidente (Mauricio Macri) adelantó el veto porque tenemos que sostener la confianza y credibilidad que tiene la Argentina en el mundo, para los mercados y los inversores”, expresó el ministro del Interior Rogelio Frigerio.
El veto del jefe del Estado se daría hoy mismo, si es que se termina aprobando la iniciativa opositora en el Senado, como se preveía.
“Es una ley inconstitucional porque el Congreso no fija la política tarifaria. Atenta contra el presupuesto aprobado hace 5 meses por amplia mayoría y genera un altísimo costo fiscal. Estamos retrocediendo”, señaló Frigerio.
El costo de dar marcha atreas con los aumentos de tarifas de los servicios públicos sería de 115.029 millones de pesos, según una proyección realizada por el Ministerio de Hacienda.
Según los cálculos de esa cartera, el costo fiscal en el caso de las tarifas del servicio eléctrico será de 74.936 millones de pesos, 34.643 millones del de gas y 5.450 millones del agua (solamente el costo impositivo).
Gremios locales en sintonía con la CGT
Ante el anuncio del gobierno nacional que vetará la ley que era tratada al cierre de esta edición en el Senado para retrotraer las tarifas a noviembre de 2017, e impedir que las eventuales alzas sean superiores a la evolución del coeficiente de variación salarial, la respuesta de los gremios no se hizo esperar.
La CGT rechazó la postura oficial y alertó que convocará a un paro nacional. La postura cegetista tuvo amplio respaldo de distintos gremios locales.
Ante el anunciado veto por parte del Ejecutivo, Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, expresó: “La CGT tiene que convocar a un paro no sólo por las tarifas, también para que no haya techo a las paritarias, se terminen los despidos, contra la reforma laboral. Hay motivos de sobra para una medida de fuerza contundente.”
Para Javier Ojeda, de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Rosario y el sur provincial (Atsa Rosario), “sin ningún tipo de dudas de se debe realizar un paro de 24 horas y seguir con un plan de lucha”. “No hay que quedarse sólo con el paro”, agregó.
Por su parte, Laura Ferrer Varela, secretaria general del gremio universitario (Coad), fue categórica y sin vueltas señaló que “debe haber un paro nacional”.
Desde la Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos (APJNG), el secretario general René González sostuvo: “Se tiene que convocar a un paro nacional por todas las medidas antipopulares de este gobierno insensible”.
