Sin debate ni votación en la asamblea legislativa, que se suspendió por segunda vez por falta de quórum, este jueves quedaron aprobadas las designaciones de Sergio Beccari y Lisandro Villar como nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Tal como había ocurrido el jueves 14, la segunda convocatoria a asamblea legislativa fracasó por falta de quórum. La oposición dio el presente con la intención de rechazar los pliegos de Beccari y Villar, pero el Frente Progresista pegó el faltazo y –vencidos los plazos legales– ambos quedaron firmes como nuevos vocales del Tribunal de Cuentas.
Al segundo llamado de la asamblea acudieron solo 26 de los 69 legisladores provinciales. Se necesitaba un mínimo de 36 para que la asamblea sesione y se expida sobre los postulantes, que llegaban a esa instancia con dictámenes en contra de la Comisión Bicameral de Acuerdos. El faltazo del oficialismo dejó sin quórum la asamblea y desde la oposición criticaron la “falta de diálogo”.
Al inicio de la frustrada asamblea hubo ocho senadores justicialistas (Gramajo, Pirola, Sosa, Capitani, Traferri, Berra, Calvo y Cornaglia) y 18 diputados de distintos bloques de la oposición: Del Frade, Meier, Busatto, Giustiniani, Augsburger, Rubeo, Vucasovich, Giaccone, Coteluzzi, Eggimann, Arcando, Nicotra, Chialvo, Simoncini, Bacarella, Más Varela, Mastrocola y Raúl Fernández.
Los diputados del justicialismo Rubeo, Busatto, Eggimann y Simoncini y su colega Del Frade (Igualdad) coincidieron en que “el gesto desacertado del oficialismo, ilegítimo e ilegal, violenta la propia ley de creación del Tribunal de Cuentas” y criticaron “este artilugio vergonzoso” en referencia al vaciamiento de la asamblea para que los postulantes queden designados en forma ficta.
Más dura aún fue la diputada del PRO Alejandra Vucasovich: “Se rompió el diálogo con el oficialismo”, declaró tras la frustrada asamblea y adelantó que, junto al diputado Rubeo, iniciarán una denuncia judicial contra el gobierno teniendo en cuenta que “los dictámenes del Tribunal de Cuentas estarán viciados de nulidad” ya que con “esta imposición fraudulenta se ha colocado al zorro dentro del gallinero para controlar las cuentas públicas”.
Las críticas
Las principales críticas a los candidatos eran por su pertenencia partidaria: Beccari fue funcionario en distintas áreas de economía entre 2007 y 2017, primero con el ministro Sciara y luego con Saglione; mientras que Villar se desempeña como asesor del sub-bloque de diputados radicales NEO, aliados al socialismo.
La Comisión Bicameral de Acuerdos había entrevistado a los candidatos el miércoles 13 y, tras la reunión, emitió dictamen negativo sobre ambos pliegos. Al oficialismo le quedaban dos caminos: lograr una mayoría propia en la asamblea para ganar la votación –algo extremadamente difícil ya que cuenta con 34 de los 69 votos– o dejar correr los plazos para que ambas postulaciones queden avaladas en forma ficta. Esa segunda estrategia fue la que prevaleció.
Las designaciones de Beccari y Villar habían sido impugnadas por el Colegio de Abogados de Santa Fe, la Facultad de Derecho de la UNL y legisladores de la oposición en forma particular. En todos los casos se advirtieron las supuestas incompatibilidades entre sus cargos previos y la función de contralor que tiene el Tribunal de Cuentas.
Durante el proceso previo, el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho de la UNL impugnaron el pliego de Sergio Beccari, quien fue secretario de Ingresos Públicos de la provincia hasta diciembre del 2017. Eso es incompatible con la ley 12.510, que señala que no podrán ser integrantes del Tribunal de Cuentas quienes hayan desempeñado cargos en los últimos dos años inmediatos anteriores a su designación.
Sobre Lisandro Villar, la impugnación fue por supuesta falta de experiencia. “No posee los antecedentes suficientes para ocupar el cargo para el que se lo propone”, según el Colegio de Abogados. “No se encuentra en sus escasos antecedentes ninguna experiencia, ni formación académica, ni ejercicio profesional que acrediten idoneidad profesional suficiente para el cargo en debate”, aportaron desde la Facultad de Derecho.
