El Ministerio Público de la Acusación y las carteras de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y de Educación de la provincia trabajarán en conjunto para lograr la integración social de personas a las que se les impusieron judicialmente normas de conducta, y para evitar que reincidan en delitos. Así lo establece un convenio que firmaron el fiscal general, Jorge Baclini, y los titulares de los cuatro ministerios, Maximiliano Pullaro, Ricardo Silberstein, Jorge Álvarez y Claudia Balagué.
La iniciativa que se puso en marcha es el Programa de control comunitario de reglas de conducta, que incluye a personas que son investigadas judicialmente por la posible comisión de un ilícito y también a quienes ya fueron condenados y recuperaron su libertad de forma condicional.
El Programa se implementará como prueba piloto en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Por ello, el convenio también fue rubricado por los fiscales regionales del MPA de la primera y de la segunda circunscripción judicial, Carlos Arietti y Patricio Serjal.
El fiscal general Baclini manifestó su satisfacción por la implementación de la iniciativa y sostuvo que el programa tiene como marco de referencia las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas como Reglas de Tokio.
“Buscamos la reinserción en la vida comunitaria a través de un abordaje multiagencial que nos permitirá monitorear cómo actúan las personas a las que se les imponen normas de conducta”, marcó Baclini.
El titular del MPA puntualizó que quienes tendrán a su cargo el control serán agentes estatales debidamente seleccionados y capacitados y cumplirán funciones a través del “diálogo con las personas sujetas a monitoreo y con las instituciones referentes”. También aclaró que “los fiscales intervinientes podrán solicitar la aplicación de las medidas previstas en el presente programa, en la audiencia de libertad o de situación cautelar”.
Por su parte, el ministro Pullaro describió al programa como “una política pública innovadora” y vaticinó que tendrá buenos resultados. “Apostamos a que sea el comienzo de algo que podamos llevar adelante en toda la provincia para mejorar considerablemente los controles y bajar las tasas de reiterancia y de reincidencia”, agregó.
En esa línea explicó que el programa se articulará con otros que funcionan en la provincia como Nueva Oportunidad (Ministerio de Desarrollo Social), Juventudes Incluidas (Secretaría de Seguridad), Vuelvo a Estudiar (Ministerio de Educación), Nexo Empleo Libertad (Secretaría de Gestión Pública, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
Por su parte, el secretario de coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial, Pablo Cococcioni, hizo hincapié en la participación social. “Buscamos generar un mecanismo de control comunitario que se pueda replicar y que permita fortalecer el funcionamiento del nuevo sistema procesal penal de la provincia”, dijo. Y recordó que además de los organismos que firmaron “el programa está integrado por organizaciones de la sociedad civil a las que se invitará a participar como referentes institucionales”.
Buena conducción
Las “reglas de conducta” establecidas por el Código Penal se aplican a quienes recuperen la libertad en forma condicional al cumplir la mayor parte de una condena de encierro y a quienes tengan libertad con restricciones. Son ocho reglas que tienen que ver con no incurrir en ninguna conducta delictiva como portación de armas, someterse al cuidado de una institución, no consumir drogas ilegales ni abusar de bebidas alcohólicas, continuar estudios si se abandonaron, capacitarse laboralmente. También se orienta a acudir a tratamiento médico o psicológico, entre otras que contribuyan a no impedir la acción de la Justicia y contribuir al bien común en cualquiera de sus formas. La articulación de programas es para facilitar el ingreso a cualquiera y todos ellos.
