Los fiscos provinciales serán afectados por el recorte de las transferencias discrecionales de la Nación, dado el objetivo de acelerar el cronograma de reducción del déficit fiscal comprometido con el FMI. Así lo consignaron los economistas Marcelo Capello y Lucía Iglesias, del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea, en su Informe de Coyuntura.
El texto aclara que parte de la merma que sufrirán los estados subnacionales podrá estar compensada por «un conjunto de otros factores para definir el efecto neto» en lo que queda de 2018 y en 2019, ésto último atado a lo que se discuta y negocie en el Presupuesto del año próximo. También indicaron que se «debe tener en cuenta el cambio en el reparto de las transferencias automáticas acordado en el Pacto Fiscal de 2017, la devolución a las provincias de la retención del 15% de la masa bruta coparticipable que se hacía con destino a la Ansés». En el caso de Santa Fe, sobre el último punto, se agrega la devolución de lo que se detrajo ilegalmente, según ratificó la Corte Suprema de Justicia. Aún en este caso, sin embargo, está por verse: la administración nacional, acorralada por los efectos de sus propias políticas, retacea y retrasa el reparo de esa deuda: en plazos largos, con bonos hoy de dudosa cotización y con obras de ardua discusión en monto y características.
«La merma en la coparticipación y las transferencias automáticas que surge de recortes impositivos en curso de la jurisdicción nacional; el compromiso asumido por las provincias para reducir presión impositiva local en tributos de fuerte recaudación, caso de Ingresos Brutos y Sellos». Son algunos de los ítems que impactarán en los distritos, recuerda el informe de la Fundación Mediterránea. Y agrega en el horizonte complicado de los distritos «el impacto de la devaluación sobre la carga de intereses de la deuda emitida en moneda extranjera, eventualmente compensado –en algunas provincias, no en Santa Fe– por regalías hidrocarburíferas y mineras».
Los economistas pintan en base a lo anterior «un cuadro de situación heterogéneo, dependiendo de la mayor o menor dependencia de cada provincia de las transferencias desde Nación, de recursos propios a resignar, del tipo de endeudamiento y de la situación fiscal del momento inicial».
El texto insiste en las consecuencias de lo acordado en el Congreso gracias a la presión de varios gobernadores que ahora posiblemente se arrepientan de haber dado la orden de levantar la mano a sus legisladores. Es el caso de la ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno: «la política de gasto público acordada será clave de aquí en más, como instrumento para evitar un deterioro fiscal en las provincias, porque hacia 2022 deberán sacrificar 3,4 puntos del PIB de ingresos propios o transferidos como contribución al recorte de una carga tributaria que, por lo elevada, resulta insustentable», escriben Capello e Iglesias.
