Por Alicia Gutiérrez
El presidente Mauricio Macri anunció su intención de involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior y, de este modo, su voluntad de volver a probar con viejas y erróneas fórmulas para resolver problemas de la actualidad. Queda claro que los delitos cometidos tanto por el terrorismo como por el narcotráfico son crueles y alarmantes, cada vez más intrincados, complejos y agresivos. Y que recurren a las más execrables conductas para alcanzar sus objetivos, corrompiendo a los distintos estratos y organizaciones destinados a perseguirlos.
Ahora bien, en tanto se advierte la gravedad del flagelo, el gobierno nacional no puede apelar a estrategias de abordaje superfluas, de maquillaje, que pueden impactar de manera positiva en cierto sector de la opinión pública, pero que chocan con las metas propuestas apenas se somete la idea a un análisis más minucioso.
Existen razones históricas, de convicción democrática y de eficiencia que fundamentan el rechazo a esta iniciativa.
A esta altura, hasta parece ocioso rememorar la actuación y responsabilidad que tuvieron las Fuerzas Armadas en las décadas del setenta y ochenta. Desde los crímenes cometidos antes del Golpe de Estado y después de terminado el gobierno de facto, hasta las innumerables atrocidades provocadas por el Terrorismo de Estado, son hechos que han marcado nuestro pasado reciente y no se pueden omitir.
Corolario de lo anterior, todas las fuerzas políticas que asomaron durante la joven democracia argentina, aún en posiciones ideológicas antagónicas, respetaron el compromiso de mantener a las Fuerzas Armadas alejadas de la seguridad interior. El rol de las mismas se ceñía exclusivamente a la defensa del país frente a un eventual ataque exterior. Esta postura no fue antojadiza, obedeció precisamente a la historia y a las necesidades de nuestro país.
Por tanto, es una realidad que, desde el año 1983, a las Fuerzas Armadas se les quitó todo tipo de injerencia en cuestiones de represión delictual, se ocupan con exclusividad de la defensa frente a amenazas de estados extranjeros, por lo que vienen formándose, adoctrinándose y entrenándose con estos fines y adaptándose a estos roles.
Involucrar a los militares en tareas de seguridad interna, para las que no están formados ni preparados, sumaría conflictividad, provocaría una mayor conmoción y agravaría el fenómeno delictual. Y, sobre todo, aumentaría el riesgo de que se cometan los tan mentados “riesgos colaterales”.
En definitiva, nos oponemos a los deseos del presidente de sacar a las fuerzas militares a la calle, no sólo porque así lo estipula la ley, sino porque estamos convencidos de que esto puede empeorar los problemas que enfrentamos actualmente y poner en riesgo al propio sistema democrático. Al mismo tiempo, convocamos a movilizar a todas las fuerzas y sectores sociales para reclamar al gobierno nacional que dé marcha atrás con esta medida que ha sido una de las grandes conquistas de las últimas décadas.
