Esta semana 43 clínicas y sanatorios privados de distintos puntos del país publicaron una solicitada en la que pidieron al Senado la modificación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) votado el 14 de junio en Diputados. Entre los firmantes están el Hospital Privado de Rosario y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio Instituto Gamma. Los dos sanatorios son gestionados por el Grupo Gamma, una de las empresas de salud más importantes de la ciudad. La solicitada pide que los médicos y las instituciones privadas puedan abstenerse de garantizar el aborto. De fondo, está el debate sobre la objeción de conciencia a nivel institucional. La objeción es un recurso que permite al profesional de la salud no cumplir con las leyes por convicciones morales o religiosas.
El texto que llegó de la Cámara Baja la contempla de manera individual y prohíbe las instituciones objetoras con el fin de que no sea un obstáculo a la hora de acceder al aborto legal. El secretario de salud de Rosario, Leonardo Caruana, explicó que la objeción institucional no sólo impide la garantía del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo sino que atenta contra los profesionales de la salud que quieren garantizar la práctica. “La conciencia es un atributo de las personas, no de las instituciones. Y tampoco es patrimonio de los objetores. Los médicos que están a favor y dispuestos a cumplir con la ley también actúan desde la conciencia”, opinó.
El Grupo Gamma, presidido por el médico Mario Tourn, está formado por siete empresas de salud de la ciudad. Además del Hospital Privado de Rosario y el Instituto Gamma, firmantes de la solicitada, gestiona el laboratorio Gammalab, el sanatorio Los Arroyos, los centros médicos Los Manantiales y Las Vertientes y el centro de terapia radiante Las Cumbres. Este diario intentó comunicarse con representantes de la compañía, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas acerca del pedido a los senadores.
La solicitada salió publicado el miércoles en la edición impresa del diario La Nación y en un fragmento dice: “Solicitamos a los señores Senadores que es indispensable, de avanzar este proyecto, que se incorpore expresamente que los profesionales de la salud y las instituciones sanitarias privadas tendrán plena libertad y derecho de abstenerse a practicar interrupciones voluntarias del embarazo cuando dicha práctica sea contraria a sus principios, valores o ideario y que esta opción sea sin condicionantes ni limitaciones tanto para los trabajadores de la salud como para las instituciones sanitarias”. Si bien el texto habla tanto de trabajadores de la salud como de instituciones sanitarias, los profesionales ya estaban incluidos en el proyecto de ley con media sanción. Por eso, la solicitada es entendida como una presión de los dueños de clínicas y sanatorios privados hacia los senadores para que modifiquen la norma y agreguen la objeción de conciencia a nivel institucional.
El proyecto de ley de IVE que obtuvo media sanción en Diputados garantiza la objeción de conciencia. Dice que cada profesional la informará por escrito y que cada centro de salud debe registrarla e informarla al Estado. Los médicos que se declaren objetores lo serán tanto en la salud pública como privada. Para redactar el texto los legisladores tomaron el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso FAL (2012), donde se reconoce el derecho a la objeción individual, pero aclara que su ejercicio no puede convertirse en un obstáculo para que las mujeres interrumpan el embarazo. Por eso el proyecto incluye que en ninguna circunstancia podrá ser institucional.
En diálogo con El Ciudadano, Caruana explicó que en la salud pública provincial y municipal trabajaron en la aplicación de los protocolos de aborto no punible para que en todos los centros de salud sean garantizados. “Cuando se avanza en una ley, el derecho es superior a definiciones sectoriales e individuales. La objeción no puede ser un obstáculo para un derecho. Más allá de que hoy existan instituciones reticentes a hacer la práctica hay que trabajar hacia la transformación para que todas garanticen el aborto legal. En Santa Fe tenemos un registro de objetores para respetar el derecho de aquellos que por razones morales o religiosas se abstienen. Y al mismo tiempo trabajamos en la garantía del acceso a los abortos no punibles. El Estado tiene que respetar la conciencia de todos y quienes acompañan el acceso también lo hacen a conciencia”.
Para el secretario de Salud de Rosario la objeción institucional generará un dilema para los trabajadores de la salud. “La institución privada va a limitar el derecho del profesional a acompañar a las mujeres. La práctica liberal del médico va a estar en contradicción con el sanatorio que se declara objetor. Hay que avanzar en que los profesionales puedan ejercer libremente y que las instituciones no tengan definiciones totalizantes cuando hay una ley que debe ser para todos”.
Registro de objetores
La provincia de Santa Fe cuenta desde hace seis años con registro de objetores de conciencia, disponible online. En total, hay 777 profesionales de la salud registrados que dicen “no” al aborto y a prácticas anticonceptivas que van desde una ligadura tubaria, recetar la píldora del día después, recomendar usar preservativos o hacer una vasectomía. Representan el 10 por ciento de los profesionales del sistema público, estimado en casi 8 mil hombres y mujeres. La objeción corre también para el sector privado.
El caso del Iturraspe
En 2006 Ana María Acevedo murió a los 19 años porque en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe le negaron un aborto no punible. Todos los médicos de ese hospital se declararon objetores y no la trataron por un cáncer de mandíbula para salvar al feto. El caso puso en evidencia la desigualdad en el acceso al aborto no punible, que en Argentina desde 1921 la ley contempla en casos de violación y riesgo de salud. Años después el gobierno provincial pidió disculpas públicas a la familia. Seis médicos fueron procesados, aunque a doce años no hubo condenas.
