Andrés Rolandelli / Especial para El Ciudadano
Fuerzas de seguridad y fuerzas de defensa tienen en común que ambas vertebran su accionar a partir de la existencia de una alteridad. Lo que las diferencia es la forma que esta asume. Para las primeras la alteridad es el criminal, para las segundas el enemigo. Mientras el primero no acepta las reglas de juego de la comunidad de la que forma parte, el segundo por su mera existencia y accionar amenaza la integridad de ese colectivo. El criminal es un ciudadano, el enemigo un extranjero. Las estrategias que los Estados siguen en relación con el tratamiento de ambas figuras varían a lo largo de la historia y están sujetas a diversas coyunturas internacionales. Incluso las retóricas que sostienen a ambas tienden a mezclarse. No es inusual que se pondere como enemigo de la sociedad a un criminal. Sin embargo, ello no altera las diferencias de naturaleza entre estas figuras. En primer término, cuando el ciudadano opta por convertirse en criminal, sigue siendo un sujeto de derecho donde quedan tipificados sus actos, sanciones y procedimientos. El estatus del extranjero, en cambio, es complejo respecto de un ordenamiento jurídico que no lo pondera como ciudadano, más aún cuando asume la condición de enemigo. Como bien señaló Carl Schmitt, el enemigo es una alteridad que tensiona el binomio entre un nosotros y un ellos, a punto tal de generar la posibilidad real de un enfrentamiento a muerte. El enemigo, dirá, es la amenaza real a una forma particular de existencia. Ante esta eventualidad, los Estados han vertebrado, acorde a lo que ponderan como sus intereses estratégicos, sus concepciones y aparatos de defensa. De esta manera, encontrar un abordaje jurídico homólogo al del criminal para la figura del enemigo es una tarea estéril, no porque no haya existido, sino por su poca efectividad a lo largo de la historia. Una vez iniciado el duelo violento que supone la confrontación con un enemigo, es pueril pretender regularlo normativamente.
La violencia a determinada escala se resuelve, si es que ello es posible, con violencia. Amenazas. Bajo el enfoque de las nuevas amenazas y en un claro alineamiento con la política exterior de Estados Unidos, el gobierno argentino pretende reestructurar el rol y funcionamiento de las fuerzas armadas. Dentro de este enfoque, el narcotráfico ocupa un lugar destacado y hay evidencia empírica que muestra que Argentina desde hace un tiempo considerable está inserta de manera cada vez más profunda en los flujos internacionales que lo componen. No queda del todo claro, más allá de lo que implique el apoyo logístico de los aparatos de defensa a la seguridad interna, cuál puede ser el nuevo rol de las fuerzas armadas. Sin embargo, a esta altura cabe realizar algunas advertencias.
Ponderar como enemigo a un criminal es riesgoso porque la confrontación con este tipo de alteridad supone un uso diferenciado y mucho más intenso de la violencia que resulta difícil de regular normativamente. Por ello, en no pocos de los países donde se optó por esta vía reina un estado de excepción permanente. México desde 2006 no cuenta, y posiblemente no pueda hacerlo en los términos que pretende, con un ordenamiento jurídico que regule el accionar del ejército y la marina en lo que hace al combate del narcotráfico. Esto se debe a que el uso de la violencia letal de una institución preparada para la guerra supone una alteración radical del teatro de operaciones donde esta se despliega. El ordenamiento jurídico pensado para la seguridad de un colectivo se tensiona y pierde efectividad, ya que no puede regular una situación de violencia extrema. De esta situación derivan en el país azteca las innumerables víctimas, producto de las violaciones a los derechos humanos que estas fuerzas infligen en el intento de llevar adelante su propósito, así como aquellas colaterales que surgen de enfrentamientos armados con las organizaciones del narcotráfico. Además existe la violencia adicional ocasionada por la corrupción de aquellas fuerzas, convirtiéndose ellas mismas en organizaciones delictivas en no pocos casos.
A todo ello hay que agregar una característica adicional que merece ser destacada. Los actores que componen la trama del narcotráfico, fundamentalmente las organizaciones narcocriminales, están en condiciones de aceptar el desafío de ser ponderados como enemigos y presentarse en combate. Para ello cuentan con tres ventajas. La primera es que disponen de recursos económicos para abastecerse de armamento, cooptar y corromper a los diferentes aparatos de Estado entre los cuales se hallan las fuerzas de seguridad y de defensa. La segunda es que la violencia constituye para estas organizaciones un signo identitario que las fortalece. Por último, tienen un mejor manejo del teatro de operaciones en el que se mueven ya que están mimetizadas con las poblaciones urbanas y rurales en donde se despliega su accionar. En definitiva, ponderarlas como enemigas las fortalece y en ningún caso la producción y el consumo de estupefacientes merman. Tentación. Ciertamente, el narcotráfico es un problema. Pero abordarlo desde la perspectiva de la defensa, cambiando su estatus de criminal a enemigo, no contribuirá a resolverlo. La tentación de un chivo expiatorio siempre ha sido una estrategia de los gobernantes cuando las cosas no andan bien. En Argentina es claro que las cosas andan muy mal. Y pueden ir peor. Lo último que necesitamos es una escalada de violencia.
Director del Programa de Violencia Urbana y Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Rosario
