Jonatan Herrera lavaba el auto en la puerta de su casa de barrio Tablada un domingo de enero de 2015 cuando fue baleado mortalmente por la Policía. De los cinco uniformados que llegaron a juicio sólo uno fue condenado por homicidio, aunque el tribunal entendió que la muerte fue culposa y sentenció a Ramiro Rosales a 6 años y 6 meses de prisión. Ya en agosto del año pasado Rosales pidió una morigeración de prisión al tribunal que lo juzgó pero fue rechazado. La sentencia, en el caso de este uniformado, fue confirmada por la Cámara Penal y ahora espera resolución ante la Corte Suprema de Justicia. Este jueves, la defensa de Rosales reiteró el pedido. Esta vez ante el juez de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) Juan Andrés Donnola, quien se declaró incompetente. Rosales quiere salidas laborales. El ofrecimiento es para hacer trabajos administrativos en un estudio jurídico del abogado que lo defendió al inicio del caso, aunque deberá seguir esperando. Al menos hasta la mañana de este viernes, cuando habrá otra audiencia, esta vez ante el juez Juan Carlos Curto, quien integró el tribunal que condenó al policía. La Multisectorial contra la Violencia Institucional emitió en la tarde de este jueves un comunicado, expresando «la ingrata sorpresa de la celeridad» judicial cuando se trata de uniformados.
La tarde del 4 de enero de 2015 Jonatan lavaba su auto en la puerta de su casa de pasaje Villar y Ayacucho. Escuchó tiros por bulevar Seguí. Un móvil del Comando Radioeléctrico seguía a un pibe que había robado una juguetería. A la persecución se unieron otros móviles y algunos miembros de la Policía de Acción Táctica que iban en un colectivo de la línea 133. Estos últimos confundieron a Jonatan con el fugitivo y le dispararon cuando intentaba resguardarse tras un árbol. Tres balazos recibió la víctima, uno de ellos salió del arma de Ramiro Rosales.
Los cuatro uniformados más la mujer policía perteneciente al Comando Radioeléctrico fueron a juicio. En abril de 2017 el tribunal oral compuesto por los jueces Juan Carlos Curto, Juan José Alarcón y Rodolfo Zvala absolvió a la mujer policía y condenó a Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez a la pena de 3 años y 8 meses de prisión por abuso de armas agravado. Rosales fue penado con 6 años y 6 meses de cárcel por homicidio culposo. Actualmente es el único que continúa preso por el hecho.
El año pasado Rosales hizo un intento por lograr una morigeración de la prisión pero el tribunal que lo condenó le denegó el pedido. Ahora el defensor oficial Mariano Bufarini hizo una presentación en el mismo sentido. El pedido está dirigido, entre otros puntos, a lograr una salida laboral. Rosales tuvo un hijo que hoy tiene 4 meses y entre los argumentos figura la necesidad económica de salir a trabajar. El ofrecimiento gira en torno de prestar servicios administrativos en un estudio jurídico perteneciente a un abogado defensor que participó en el caso en las primeras instancias.
Pero la discusión no llegó a este punto: el fiscal Adrián Spelta y los querellantes que representan a la familia, por un lado Gustavo Feldman y por el otro Santiago Bereciartúa, se opusieron al tratamiento del pedido al entender que el juez Donnola no es competente para entender en el caso. Postura que avaló el propio juez. El magistrado dijo estar sorprendido por el planteo ante un juez de la IPP cuando ya existe una condena y tiene pleno conocimiento del debate. A Donnola le pareció un despropósito volver a la IPP y se declaró la incompetencia funcional para tomar una decisión en el caso.
Ya en la tarde de este jueves, la Multisectorial contra la Violencia Institucional dio cuenta de que habrá este viernes por la mañana nueva audiencia, esta vez ante el juez Juan Carlos Curto, que integró el tribunal de sentencia. «Ingrata sorpresa la celeridad con la que actúa la Justicia cuando quienes exigen beneficios son miembros de la fuerza policial», dejó sentada su posición.
