Néstor Espósito / Tiempo Argentino
El juez federal Claudio Bonadio pidió autorización al Congreso para allanar tres domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa de los cuadernos.
Al final de otra jornada frenética y controversial en cuanto a la investigación disparada en las últimas horas y por la que están presos ex funcionarios y empresarios acusados por “asociación ilícita”, el juez adoptó este jueves la decisión de allanar, que trascendió en ámbitos políticos pero también judiciales, pese a que la causa está bajo secreto de sumario.
Bonadio debe pedir autorización para allanar a un senador; años atrás, el ex juez Mariano Bergés dispuso la intervención telefónica de una línea que pertenecía al entonces senador Luis Barrionuevo. Eso le costó el cargo.
Durante la jornada también surgió con fuerza una versión que indicaba que el juez dispuso un procedimiento en dos domicilios del ex chofer del ex número dos del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, el detenido Oscar Centeno, para buscar los originales de los cuadernos cuya divulgación son el eje de la investigación.
Tal cosa no puede ser posible. El juez y el fiscal deben disponer esos documentos desde hace muchos meses; no pueden haber trabajado sólo con fotocopias sin haber preservado los originales. Si ello hubiera pasado, se trataría de un error técnico que podría hacer caer la causa. Ni Bonadio, ni el fiscal Carlos Stornelli, podrían cometer semejante omisión disparatada.
Imputado colaborador
Centeno acordó este jueves con Stornelli acogerse a la figura de imputado colaborador. Fue él, a través de su defensor oficial, uno de los primeros en pedir la excarcelación.
También lo hicieron otros imputados, y el juez deberá resolver hoy esos pedidos. El chofer tiene buenas posibilidades de recuperar rápidamente la libertad. Porque, en su caso, subyace una pregunta complicada de responder: ¿por qué está detenido?
Centeno fue empleado de Baratta, que era quien le pagaba el sueldo. Transportó los supuestos bolsos por orden de su jefe; el dinero no era de él, ni fue él quien se los exigió a los empresarios, ni se los llevó personalmente a los funcionarios. No era funcionario público (no tenía obligación de denunciar), por lo que se lo podría acusar de “encubrimiento”, pero esa circunstancia cede cuando el encubierto es alguien a quien está por alguna circunstancia supeditado o sometido.
Baratta le pagaba el sueldo, y podía dejarlo sin trabajo si se negaba a hacer lo que le indicaba. ¿Por qué está preso Centeno?
Más entregas
Ayer también se entregaron algunos de los que tenían orden de detención pero no se habían presentado, entre ellos el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner.
A todos los indagados se les reprochó el haber formado parte de una asociación ilícita entre 2008 y 2015 que recaudaba dinero para enriquecerse ilegalmente. Con ese dinero se cometían, además, otros delitos. Según la imputación, los jefes de la organización fueron Cristina y Néstor Kirchner. El organizador, Julio De Vido, a través de su ladero, Baratta. Todos los imputados se negaron a declarar.
