La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rechazó este viernes la acusación del empresario Gabriel Romero sobre el presunto pago de 600 mil dólares por un decreto y criticó el «evidente manejo extorsivo de la figura del «arrepentido» llevado a cabo por (el juez federal Claudio) Bonadio y (el fiscal Carlos) Stornelli».
«Mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la Uniren (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos) con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la Sigen (Sindicatura General de la Nación), aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación», afirmó.
La senadora nacional se expresó así a través de un comunicado difundido por redes sociales, en el que concluyó: «El evidente manejo extorsivo de la figura del «arrepentido» llevado a cabo por Bonadío y Stornelli es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno».
La acusación
El líder del grupo Emepa, Gabriel Romero, se convirtió el jueves en un nuevo arrepentido por la causa de los cuadernos, tras declarar ante la Justicia que pagó sobornos al gobierno de Cristina Kirchner para que le extendiera por decreto presidencial la concesión del cobro de peajes de la hidrovía del río Paraná.
Romero había declarado ya ante el fiscal Carlos Stornelli, aunque este jueves firmó en los Tribunales de Comodoro Py el acuerdo como imputado colaborador con el juez Claudio Bonadio luego de una ampliación de su indagatoria, pudo saber NA.
Puntualmente, Romero declaró que pagó sobornos por 600 mil pesos para que le extendieran la concesión de peaje de la hidrovía del río Paraná al grupo Emepa, a partir de la firma de decretos presidenciales de Cristina Kirchner.
Uno de los decretos fue en 2010 y permitió la renegociación de las condiciones de explotación de la Hidrovía, esto es ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región, explicó ante la Justicia, indicaron a NA las fuentes consultadas.
A raíz de la declaración de Romero, convertido ya en imputado colaborador en la causa, recuperó la libertad Rodolfo Poblete, quien fuera director de Relaciones Institucionales de la compañía y se había negado a declarar al inicio de la ronda de indagatorias, por lo que estaba detenido desde hacía 15 días.