Los ataques contra los frentes de edificios públicos vinculados con el Poder Judicial y sobre propiedades que estuvieron relacionadas con sus funcionarios judiciales derivaron en la creación de un equipo de fiscales destinado a la investigación de estos hechos. Son cuatro funcionarios de distintas unidades, pero en la audiencia que se tomó este jueves fueron desplazados a los fines de la imputativa a un detenido en flagrancia por el ataque a tiros contra la fachada del MPA (Ministerio Público de la Acusación) en calle Montevideo al 1968. La defensora oficial dijo que los funcionarios se entrevistaron en el Centro de Justicia Penal con su cliente y sin su presencia. Los fiscales dijeron que fue un pedido expreso de los detenidos, quienes argumentaron temor. Tuvieron un encuentro mínimo, donde le dijeron que había que esperar a su defensora y se fueron. El juez dispuso desplazar a este grupo de fiscales respecto de la imputativa, aunque seguirán al frente de la investigación. Por lo que terminó imputando al sindicado conductor del vehículo desde el que partieron seis disparos a este joven de 24 años, quien trabaja en una remisería, el fiscal Adrián Spelta. El juez dictó la prisión preventiva en su contra por 60 días.
El equipo de investigación fiscal está integrado por Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Nicolás Foppiani, quienes quedaron en lugar de los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos al frente de la pesquisa por una decena y media de ataques. Los tres primeros estaban en la audiencia imputativa a José Alberto C., un remisero de 24 años detenido en una persecución luego el ataque a tiros al frente de la sede local del MPA, en la madrugada del pasado 14 de agosto.
Antes de arrancar, la defensora oficial Gabriela Valli pidió la palabra y contó que había dos detenidos a disposición de la Fiscalía Regional Rosario, cuya defensa estaba a cargo de organismo que representa. Y se enteraron que el 14 de agosto, por la tarde, fueron trasladados al Centro de Justicia Penal, donde fueron entrevistados por la Fiscalía sin la presencia de un defensor. Valli pidió el apartamiento de los fiscales y la nulidad de la detención y de toda aquella evidencia que surja de esas declaraciones. El 15 de agosto presentaron un habeas corpus a favor de José C. y otro escrito junto al defensor regional Gustavo Franceschetti, porque el otro detenido fue visto en la Fiscalía posterior a su liberación –la que sí fue notificada– sin formación de causa. Según refirieron en la audiencia, esta persona dejó de ser sospechosa en la causa en la que había sido detenido para pasar a ser un testigo de identidad reservada.
Los fiscales explicaron que la Policía les notificó que los dos detenidos querían hablar con ellos por temor y les informaron que le había avisado a la defensa. Bajaron a la zona de celdas en el Centro de Justicia Penal donde habían sido trasladados los detenidos y, como no llegaba la defensora, tuvieron un mínimo contacto para decirle que sin ella no podían conferenciar y se fueron.
El juez Luis María Caterina resolvió apartarlos a los fines de la audiencia imputativa. Explicó que no descree de la palabra fiscal pero para mayor resguardo dispuso el corrimiento de los fiscales de esa audiencia y avalo la detención del sospechoso.
La imputación
Cerca de las 13.30 de este viernes arrancó la audiencia imputativa. El fiscal Adrián Spelta le achacó al joven ir al mando de un Renault 9 gris del que partieron los disparos que impactaron cerca de las 2.45 en la fachada del edificio del MPA en Montevideo 1968, los que provocaron daños e ingresaron a la propiedad donde estaba la guardia policial, la que vio la huida del auto. Dijo que José Alberto C. siguió conduciendo por calle España al sur y un móvil policial inició una persecución. El R9 tomó Gaboto a toda velocidad y luego Ovidio Lagos al sur haciendo maniobras disuasivas. Luego pasó por Francia, Saavedra, Crespo y paró en la cortada Chancay, donde desde el auto dispararon contra la Policía. Siguió hasta 24 de Septiembre y volvió a detenerse y, de nuevo, hubo disparos contra el personal policial, describió la acusación.
Una vez más arrancó por 24 de Septiembre hasta Saavedra ,llegó a Constitución y Seguí, cuando logró distanciarse del móvil; en una de las curvas se bajaron al menos dos personas y el sospechoso siguió solo. Se sumaron otros móviles a la persecución hasta que lo detuvieron en Seguí al 3600, aseguró.
El fiscal lo acusó de los delitos de amenazas calificadas, atento a estar dirigida contra el MPA como estamento público para que éste deje de investigar los hechos de amenazas agravadas a magistrados con armas de fuego, en concurso real con daño calificado por ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de los fiscales, y atentado calificado agravado por el uso de arma y portación.
Entre las evidencias, el fiscal dijo que se secuestraron cuatro vainas calibre 9 milímetros del techo del auto y una en su interior, un handy y tres celulares; el levantamiento de las vainas frente al edificio atacado, la declaración de la custodia policial de la propiedad y del personal del Comando Radioeléctrico; también el allanamiento a la remisería donde trabaja el sospechoso, lugar en el que se secuestró el libro de viajes. Para Spelta, el remisero es coautor del hecho en el que participaron al menos otras dos personas y se distribuyeron tareas.
La defensora cuestionó casi todo, incluida las calificaciones, pero el juez hizo lugar a la imputación al entender que es preliminar. También desechó todos los pedidos de morigeración que hizo Valli y dictó la prisión preventiva por 60 días.
