Organismos de derechos humanos anunciaron que recurrirán a la ONU, la OEA y el Vaticano, entre otras organizaciones, para denunciar “la aplicación de políticas económicas que sólo pueden garantizarse con persecución y represión” y “las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial”, en medio de lo que definieron como “un tiempo peligroso para el ejercicio de la protesta”, en un país “sometido a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo”.
“Los organismos de derechos humanos acudiremos como hace cuarenta años a organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Volveremos a llevar nuestra voz a las Naciones Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo. En nuestro país nos reuniremos con las iglesias, las representaciones diplomáticas y los miembros de la Corte Suprema. Asimismo convocaremos a los representantes de bloques parlamentarios, a las centrales sindicales, a los dirigentes de los movimientos sociales a defender de manera irrestricta el sistema democrático”, dijeron en un comunicado.
Al mismo tiempo, manifestaron “profunda preocupación por la actual situación del país” en la que advirtieron por “la aplicación de políticas económicas que perjudican a las grandes mayorías y cuya aplicación el gobierno sólo puede garantizar con persecución y represión”.
“Es innegable que desde hace poco más de dos años estamos viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno. Son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial. Denunciamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo”, agregaron.
También denunciaron que por “los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de derecho el que está en peligro”, y describieron su visión de la Justicia: “inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la justicia y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia”.
Los organismo también denunciaron “la complicidad de los grandes medios”, aunque advirtieron que “no alcanza para ocultar la crisis económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión”.
“La realidad nos angustia pero a la vez nos exige continuar haciendo frente a tantas injusticias. Seguiremos reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la justicia. Seguiremos denunciando el avance de la violencia institucional, incrementada con la aplicación de decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior. Seguiremos denunciando los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera, y territorios habitados por las comunidades originarias. En este sentido seguiremos denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino”, finalizaron.
