El debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso Nacional abrió la discusión sobre el vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica, la principal protagonista de la cruzada en contra del aborto legal. Unas semanas antes del rechazo en el Senado, tomó fuerza la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia del Estado, que nació de la Coalición Argentina por un Estado Laico (Cael). Buscan dar a conocer cuánto dinero reciben las instituciones de culto del Estado y piden cambiar las leyes que lo permiten. Además del pago de los sueldos de curas y obispos, las iglesias tienen el beneficio no pagar impuestos. Según el Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe, en Rosario hay un total de 510 propiedades de instituciones de culto exentas de la tasa inmobiliaria. Sólo dos la pagan. Es una de las ciudades con más partidas exentas. En la provincia los terrenos y edificios exentos llegan a 2.599 contra 30 que no lo están. Desde la Administración Provincial de Impuestos (API) informaron que el total de las propiedades está a nombre de 870 entidades religiosas.
En 2011 el ex concejal Héctor Cavallero presentó un proyecto al Concejo Municipal para elimine el beneficio de no pagar la Tasa General de Inmuebles (TGI) de una serie de instituciones que tenían altos niveles de recaudación. En un informe presentado en el Palacio Vasallo el edil agregó que en 2011 la municipalidad dejaba de cobrar 25 millones de pesos, un 10 por ciento de la recaudación anual. La mayoría de las cuentas exentas pertenecían al Estado, tanto municipal, provincial y nacional. Otras 535 eran de colegios y universidades religiosos, edificios del Arzobispado de Rosario y de la iglesia evangelista, parroquias y otras instituciones de culto. También había inmuebles de cámaras patronales, asociaciones profesionales, clubes grandes y barriales, propiedades de ex combatientes de Malvinas, bibliotecas, centros de jubilados y entidades de bien público. El rubro culto religioso llegaba la suma de 1.006.320 pesos anuales y la gran mayoría de las cuentas estaban a nombre del Arzobispado de Rosario. El entonces concejal proponía que dejaran de estar exentos las instituciones de culto, los consulados, las asociaciones empresarias, los colegiados y los clubes que tenían recaudaciones altas, como el exclusivo Club Rosarino de Pelota o el Rosario Plaza Jewell.
Según los datos catastrales provinciales, en Santa Fe hay 870 instituciones de culto con 2.629 propiedades. Del total, 2.599 figuran como exentas de la tasa inmobiliaria. El resto paga. El 50,9 por ciento está en el norte de la provincia con 1.313 propiedades exentas y 25 no exentas. En la capital provincial tienen 263 terrenos y edificios y sólo uno no está exento. En la región sur hay 1291 propiedades y solo cinco pagan. Rosario es la ciudad donde la Iglesia y otros cultos tienen más terrenos y edificaciones: 512 y dos pagan.
Asunto separado
El día que el proyecto de IVE tuvo media sanción se convocó a una de las primeras apostasías colectivas en Buenos Aires que sumó 2 mil voluntades y firmas. Apostatar significa renunciar a la fe católica a la que se adhiere con el bautismo. El trámite es sencillo. Hay que entregar un formulario con los datos personales, la información sobre la parroquia o iglesia en la que la persona fue bautizada y una fotocopia del DNI. La campaña y otras organizaciones similares facilitan el papeleo y lo llevan al Arzobispado.
En Rosario un grupo de jóvenes replicó la iniciativa y en la semana del debate llevó las primeras 30 solicitudes al Arzobispado. Esta semana entregarán 120 solicitudes más.
Además de las apostasías colectivas, en todo el país cientos de personas renunciaron a la fe católica de manera individual. En el último mes alrededor de 4 mil personas lo hicieron. Desde la campaña aclararon que la Iglesia no recibe financiamiento en relación a la cantidad de personas bautizadas aunque consideraron que usan las cifras para hacer valer su poder de lobby. El Ciudadano solicitó información sobre la cantidad de personas que llegaron al Arzobispado de Rosario para hacer el trámite, pero desde la institución no quisieron dar detalles.
Después del llamado a renunciar a la fe, siguieron los proyectos de ley de separación de la Iglesia del Estado. Hay nueve presentados por distintos legisladores del Congreso Nacional. Piden desde la quita de financiamiento, garantizar la educación laica y hasta sacar imágenes religiosas de dependencias públicas. Este jueves fue la primera audiencia pública en la Legislatura de la que participaron diputados y referentes donde lo debatieron.
En colores
La Campaña Federal por la Separación de la Iglesia del Estado tiene a los pañuelos naranja y negro como símbolo y atuendo de lucha. Si bien las telas naranjas predominan, el negro lo usan quienes prefieren no repetir el color que usó la Iglesia en la cruzada contra la ley de Matrimonio Igualitario. Quieren cambiar la Constitución Nacional y que Argentina deje de financiar a la Iglesia Católica. Por ley los obispos y arzobispos deben cobrar el 80 por ciento del sueldo de un juez de primera instancia. Suman financiamiento de colegios religiosos y organizaciones vinculadas a la fe católica.
En marzo el jefe de Gabinete Marcos Peña explicó sobre los sueldos de la Iglesia en Argentina: los obispos diocesanos cobran 46.800 pesos por mes; le siguen los auxiliares, que se llevan 40.950; los obispos eméritos, 40.950; y los administradores apostólicos y diocesanos cobran 46.800. La Iglesia recibe 130,4 millones de pesos del Estado. La Secretaría de Culto, que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, previó para 2018 un presupuesto total estimado de 176,5 millones de pesos, que incluye los salarios del organismo y otros gastos.
