“Antonia Simón es mi identidad de guerrillera. En realidad mi cédula dice que me llamo Adriana Paola Guerrero Sánchez, aunque nunca me acostumbro a ese nombre”, asegura quien responde bajo el nombre político de Antonia Simón Nariño, integrante del Consejo Político Distrital y de la Comisión de Educación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), de visita por Rosario para ofrecer una conferencia de prensa en el Centro Cultural “La Toma”.
Nacida el 27 de noviembre de 1983 en la ciudad de Bogotá, pertenece desde hace 13 años a la organización devenida en agrupación política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (Farc–EP). Formó parte de la subcomisión técnica para la terminación del conflicto en la mesa de diálogo en La Habana, Cuba. Se especializó en pedagogía de paz y quedó maravillada con el movimiento cooperativista argentino. “Hemos venido a la Argentina en representación del partido, para asistir a un evento de pedagogías emancipatorias que se realizó en Buenos Aires. Y a Rosario nos invitaron para conocer diferentes movimientos y organizaciones”, confió Antonia en entrevista con El Ciudadano.
“Del evento de pedagogías emancipatorias participamos exponentes de diferentes países de Latinoamérica, organizaciones y movimientos sociales. También hemos establecido relaciones y contactos para darle reconocimiento a nuestro partido como organización política”, indicó la dirigente colombiana, tras la recorrida por el Centro Cultural “La Toma”. Y de arranque dejó en claro: “Seguimos siendo organización revolucionaria, con objetivos revolucionarios. Que siempre supo que no fue a La Habana a hacer una revolución de mesa. No estamos dialogando con un amigo porque sigue vigente una contradicción de clases”.
—¿Cómo se encuentran las Farc en el proceso de reconversión como agrupación política, después de haber sido históricamente una organización armada?
—Desde nuestros documentos fundacionales y nuestra línea política, siempre hemos dejado abiertas las puertas para que la salida al conflicto fuese a través del diálogo y de la participación política sin armas. Siempre estuvimos dispuestos y por eso en diferentes momentos de la historia respondimos a distintas invitaciones al diálogo. Que finalmente se dio en el gobierno de Juan Manuel Santos. Todos esperanzados en poder terminar una guerra que nos tiene totalmente agotados. Y que además se convirtió en algo funcional para intereses particulares de personas que lucran con la guerra. No podíamos seguir aportándole a ese juego que estaba desangrando a nuestro país. Y que también estaba dándole cobertura a esos sectores. Apostamos a tener una apertura democrática en el país. Y nuestro congreso constitutivo mandató convertirnos en organización política y no volver a las armas. No es fácil la labor parlamentaria que vienen haciendo distintos representantes del partido. Igual dejamos en claro que seguimos siendo una organización revolucionaria, con objetivos revolucionarios. Que siempre supo que no fuimos a La Habana a hacer una revolución de mesa. No estamos dialogando con un amigo porque sigue vigente una contradicción de clases. Respondiendo no al llamado de ese gobierno, sino al llamado del pueblo colombiano.
—¿Se están respetando los acuerdos de pacificación después del tratado en La Habana de agosto del año pasado?
—Ha sido complejo. Y lo que viene será más difícil aún. Éramos conscientes de que así iba a suceder. Sabíamos que no nos íbamos a sentar a dialogar con un amigo. Obviamente que el incumplimiento y los obstáculos se iban a presentar. De nuestra parte, hemos cumplido con todo lo estipulado en el acuerdo. Y de parte del gobierno han existido obstáculos y dificultades para llevar adelante esa implementación. Sobre todo ahora con el cambio de gobierno. Desde el Congreso quedaron mandatadas muchas cosas, que tenía que convertirlas en ley. El acuerdo se ha firmado en el Congreso desde la bancada del Centrodemocrático, que es el bloque con mayoría en el Senado y con ideología de ultraderecha. Han querido retroceder o cambiar el contenido de esos acuerdos. En la actualidad se está creando la convergencia de la bancada por la paz, a través de las Farc y de otras organizaciones de izquierda y progresistas, impulsando la implementación de esos acuerdos.
—¿Se ha abierto un nuevo escenario político con el cambio de presidente en Colombia?
—En el sentido de las bases y de las organizaciones sociales, sí. Se ha dado una cualificación que se evidencia en el hecho de la cantidad de gente que en las recientes elecciones se agrupó en torno a esa propuesta que se lanzaba desde Colombia Humana, que resultaba ser la única alternativa que iba en contra de la ultraderecha encabezada por el actual presidente Iván Duque. Igualmente quedó demostrado que existe un gran caudal de colombianos que no están conformes y que están decididos a organizarse y luchar contra esas políticas.
—En Argentina también estamos siendo gobernados por políticas neoliberales, que afectan decididamente a la clase trabajadora.
—Es evidente que políticas públicas que habían logrado ganarse, han ido perdiéndose o quitándose paulatinamente. Me han hablado de la presencia de la Policía en las calles de Buenos Aires. En mi país, esa presencia es muy significante. En cada esquina puede verse a un militar con un fusil. Y eso se ha naturalizado y lo ha impuesto el régimen en Colombia. Rescato la lucha y la organización social y popular en la Argentina. De una forma u otra, la gente se organiza. La recuperación de fábricas a través de la formación de cooperativas, representa organización en los movimientos de hombres y mujeres para establecer una resistencia.
—¿A qué atribuyen que Estados Unidos mantenga a las Farc entre los grupos terroristas más peligrosos?
—Nos hemos convertido en esas posibilidades que tienen las diferentes multinacionales que encabeza Estados Unidos de ser una intervención, no solamente en el país sino también en el continente. Somos vecinos de Venezuela y la puerta de entrada al continente sudamericano. Farc siempre fue el pretexto para hacer esa intervención. La supuesta lucha antidrogas que desarrolla el Plan Patriota y el Plan Consolidación para hacer la intervención militar, trata de posicionar bases militares. Es todo una dinámica política para dominar el continente. Siempre van a estar agarrados de ahí, durante el proceso de paz.
Asumimos una política sin armas. Y muchos proyectos están detenidos, precisamente porque muchos camaradas integrantes de la organización hacen parte de esas listas en donde nos señalan, como por ejemplo la Lista Clinton. La parte económica que estipulamos, que se llama Ecomun y que es la cooperativa con la que desarrollaremos nuestros proyectos productivos, se encuentra detenida y no se le ha dado dinero porque muchos integrantes se han quedado en la junta directiva y aparecieron en esas listas en donde están señalados e impiden que ingresen fondos.
—El diario New York Times publicó un informe en el que aseguró que un grupo de guerrilleros disidentes de las Farc volvieron a tomar las armas.
—Eso responde a una matriz global. A una burbuja que gira en torno a las supuestas insurgencias. Entonces están hablando de una refundación de las Farc, con los lineamientos, estatutos, comandantes y unidades grandes que hay en las fronteras y en distintas regiones del país. El tema mismo de este personaje Guachu, del sur de Colombia al que han engrandecido y convertido en el zar del narcotráfico, responde a esa burbuja que están creando para justificar muchas cosas dentro del país y del continente. Entre ellas, la ampliación de las fuerzas militares en Colombia. El presupuesto para las fuerzas militares en Colombia. La intervención y la presencia de las fuerzas militares en las diferentes regiones. El pie de fuerza y el reclutamiento de ciudadanos colombianos para las fuerzas militares, en el supuesto caso de tener que combatir. La guerra es un negocio que le conviene a Estados Unidos. Y también a la oligarquía colombiana, funcional del imperio estadounidense.
—¿Cómo ha logrado sostenerse económicamente las Farc durante 50 años?
—Siempre fuimos un ejército revolucionario y un partido de armas. Lo que significa que teníamos la razón y la fuerza. Y siempre tuvimos que armar nuestras cabezas y corazones antes que nuestras manos. Desde la Octava Conferencia nos determinamos como Ejército del Pueblo. Esa categoría significaba que íbamos a estar inmersos en las masas y en la población civil. Porque la población es el agua que mueve al pez. Pudimos existir, mantenernos, movernos y sobrevivir gracias a la población civil. Siempre nos acompañó y movió la economía. Hubo una articulación completa con ella, para brindarle servicios como la salud, la educación y los servicios públicos. La población rural se encuentra totalmente abandonada por el Estado. Ahí solamente ingresa el Estado con las fuerzas militares y paramilitares para desplazar a los campesinos y tomar las tierras. Alfabetizamos a los ciudadanos y brindábamos servicios de medicina. Teníamos médicos formados en el monte. Y también prestábamos servicios de ingeniería para construir casas y escuelas y arreglar acueductos. Así nos mantuvimos durante 50 años. Sin la organización de la población civil no hubiera sido posible.
“En esa misma articulación —añadió Antonia sobre el financiamiento de la organización— desarrollamos cultivos, como el plátano, la yuca y la papa. También lácteos como leche y queso. Pero también decretamos un impuesto de guerra. Las empresas privadas patrocinaron el paramilitarismo, aportando dinero para apoyar la ampliación de las fuerzas militares, para atacar al pueblo colombiano. Fuimos el ejército revolucionario del pueblo y entonces pedimos que se decrete ese impuesto. Y muchas empresas, sectores y familias dieron un aporte económico a la organización”, finalizó.
Admiradora del movimiento feminista argentino
Antonia Simón reconoció que “en Colombia se hace difícil la organización social porque todos los días aparece un líder social muerto”. El movimiento feminista se manifiesta de diferentes formas. Y como partido político, Farc propone un feminismo insurgente. “En la organización éramos autónomas y teníamos derechos sobre nuestros cuerpos al decidir tener o no hijos. No existían las dependencias de ningún tipo. Las dependencias que la sociedad considera normal y convierte en vulnerables a las mujeres como la dependencia económica, psicológica y afectiva. Dentro de la organización teníamos los mismos derechos y deberes. Si había que ir al combate, íbamos las mujeres y los hombres. Si había que cocinar y lavar, lo hacíamos los hombres y las mujeres. Todo por igual. Y eso es lo que debemos proponerle a la sociedad colombiana”, planteó.
Durante su estadía por la ciudad, Antonia siempre se mostró con el pañuelo verde atado al cuello. “Desde Colombia hemos enviado muchos saludos al movimiento feminista de Argentina. Y estuvimos muy pendientes de la aprobación del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Nos llevan mucha ventaja como organización. Es increíble cómo se han podido consolidar las mujeres en torno a problemáticas importantes que deben convertirse en derechos. Y rescato la capacidad de organización de los argentinos, apropiándose y empoderándose en esos procesos. Aprendimos también la organización del cooperativismo, que indudablemente intentaremos ponerlo en práctica en nuestro país”.
