Los siete delegados del Sindicato de Empleados Gastronómicos que durante la jornada de paro general fueron detenidos en dos bares de Rosario acusados de amenazar a los dueños quedaron imputados este miércoles. En el nuevo Centro de Justicia Penal donde la noche anterior cientos de personas fueron a pedir por su libertad y denunciaron que las detenciones fueron una forma de criminalizar la protesta, se les impuso una orden de restricción de acercamiento a los bares, la prohibición de contacto con los denunciantes y deberán firmar en la sede de Fiscalía una vez por semana hasta la próxima audiencia. La fiscal Valeria Haurigot puso el foco en la igualdad del derecho a huelga y el derecho a trabajar y dijo que en este caso hubo delitos de amenazas coactivas y la compulsión a la huelga. El secretario general del gremio, Sergio Ricupero, le respondió: “Nunca se interrumpió el derecho a trabajar, los dos negocios siguieron abiertos. Sin embargo, sí se interrumpió el derecho a huelga de los delegados que no pudieron ir a la manifestación y quedaron privados de su libertad durante diez horas. Es un claro ejemplo de criminalización de la protesta que marca un antecedente muy grave en este contexto de crisis”.
La audiencia imputativa fue el miércoles a las 15. Los siete delegados llegaron después de recuperar la libertad la noche anterior, cuando cientos de personas de gremios y organizaciones políticas fueron a la puerta del Centro de Justicia Penal a pedir que sean liberados. Las denuncias en su contra habían sido hechas por la mañana por personas que estaban en dos bares ubicados en 3 de Febrero al 400 y Alem al 1700.
En la audiencia la fiscal los acusó de entrar al bar e intimidar a los dueños para que cerraran. Según Haurigot, para la imputación juntó pruebas que van desde el acta del procedimiento policial, los llamados al 911, las filmaciones del interior de los locales y las declaraciones. Sin embargo, dijo que los testimonios no fueron tenidos en cuenta porque perdieron espontaneidad y cambiaron. En concreto, el denunciante de uno de los bares no ratificó el reclamo en la comisaría ni en la sede fiscal.
“Los imputados no declararon y sus defensas están aferradas el derecho constitucional a la huelga. Nosotros lo respetamos y consideramos válido. Hay una coalición de derechos por igual: derecho a trabajar y derecho a la huelga y en este caso se excedió en el derecho a la huelga y se cometió un delito”, agregó. También explicó que buscará una salida a través de la conciliación para pacificar el conflicto.
Sobre las 10 horas que estuvieron detenidos dijo: “La detención se ordena porque estaban dados los requisitos legales. Había un plazo de 72 horas y dadas las características del conflicto no pensamos usar ese plazo pese a que legalmente lo teníamos. Y el tiempo de detención fue en base a la recopilación de pruebas y para constatar quienes eran las personas detenidas”.
Un antecedente grave
“Es absurdo que entrar a un bar durante un paro general sea intimidante porque quiere decir que cuando vamos a un establecimiento a llevar un volante o hacer una reunión informativa se puede considerar que es un apriete y quedar detenido. Cualquier discusión o disturbio puede ser tomado de esta manera para meter presos a los trabajadores. El objetivo es limar el reclamo. Es criminalizar la protesta. Y la responsabilidad es del gobierno provincial”, dijo Ricupero.
Según el representante de los gastronómicos, la imputación fue sin pruebas fundamentadas. “Estamos ante una nueva forma de amedrentar a los trabajadores. No quieren que salgamos a la calle. Esto fue un ataque para todos los gremios de Rosario que marca un antecedente grave. Los chicos no cometieron un delito. Va a quedar demostrado porque vamos a ir a fondo. Pero además no pueden pasar por la puerta de esos negocios, si les gusta la pizza del lugar no pueden ir mas porque los consideran apretadores. Tienen que ir a firmar todas las semanas como si con los 20 mil pesos que gana un trabajador se va a ir a Europa o como si fuese un asesino serial. Fue completamente excesivo”, explicó.
Ricupero agradeció la respuesta del movimiento gremial y de los legisladores que se acercaron a las puertas del tribunal para reclamar la libertad. “Tenemos que pensar a futuro en presentar a los legisladores un proyecto para revisar los tiempos de detención vinculados con la protesta social”, agregó.
