Todo surgió en un acto realizado el 4 de diciembre de 2017, mientras se conmemoraba un nuevo aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo y un grupo de manifestantes interrumpió el tránsito de la avenida Corrientes. Por ese corte vehicular, la Procuración General presentó -en junio de 2018- una denuncia penal por considerar que se encontraba en peligro la seguridad del tránsito y de los medios de transporte.
Para la titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 16, no hubo delito en el accionar de los manifestantes, quienes «sin usar violencia, provocar daños, ni ser detenidos, ejercieron su libertad de expresión, derechos políticos y de reunión».
Asimismo, Cuñarro señaló que la Procuración ejerció con llamativa selectividad su facultad de denunciar penalmente, en tanto que no hubo presentación alguna por cortes de calles mucho más extendidos y gravosos para la circulación del tránsito.
Finalmente, del análisis de la prueba aportada por la Procuración se omitió información crucial que luego recolectó la Fiscalía, la cual da cuenta que existían vías alternativas para transitar e incluso permaneció en funcionamiento el subterráneo que tiene boca de acceso en la misma esquina donde se desarrolló el acto en cuestión.
