Ariel Máximo “Guille” Cantero será imputado este viernes en el marco de la investigación que lleva adelante el Equipo de Gravedad Institucional de la Fiscalía Regional Rosario –integrado por Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Nicolás Foppiani– por las 16 balaceras que sufrieron funcionarios judiciales y policiales, además del Centro de Justicia Penal y el edificio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario. En la audiencia, anunciada para las 15 de este viernes por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y confirmada por la defensa de Guille, también se revisarán las prisiones preventivas de, entre otros, Lucía Uberti, Leonel Fernández, José Alberto Castillo y Matías César, detenidos por el ataque a la sede del MPA. Además, están incluidos los cinco apresados en los operativos desarrollados de este jueves, aunque no se conocieron detalles de las acusaciones.
En un primer momento, Guille quedó implicado por los investigadores por los dos primeros ataques que ocurrieron a finales de mayo contra el frente de un edificio de Montevideo al 1000 y una casa de Italia al 2100, en los cuales había residido el juez Ismael Manfrín, quien presidió el tribunal que condenó a Los Monos y que se excusó de seguir interviniendo en el caso tras los ataques. Para los pesquisas, hubo indicios que apuntaron como autor intelectual a Guille, penado con 22 años de cárcel por asociación ilícita y homicidio en el debate mencionado.
El abogado Fausto Yrure confirmó que fue notificado este jueves por la tarde sobre la audiencia. Sin embargo, el letrado indicó que no le informaron sobre cómo hará la Justicia provincial para llevar adelante la imputativa ya que su cliente está en el penal de Ezeiza desde donde sigue por videoconferencia las jornadas del juicio Los Patrones en el fuero federal.
Últimos allanamientos
Este jueves, los fiscales Miguel Moreno y Matías Edery solicitaron una docena de procedimientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Los allanamientos fueron llevados adelante por el personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), quienes apresaron a cuatro hombres y una mujer. Además, secuestraron material de interés para la causa. Los detenidos fueron identificados como Andrés R., de 46 años; Aldana M., de 22; Tobías B., de 19; Cristian G., de 28, y Jorge L., de 49. La participación que le atribuyen los investigadores se revelará en una audiencia imputativa a desarrollarse este viernes, indicaron voceros judiciales.
Los allanamientos se realizaron este jueves por la mañana y en simultáneo en Río Atuel al 4000, 24 de Septiembre al 100, Presidente Quintana al 500, dos de ellos en Quintana al 100 bis, Chancay al 4300, pasaje Venecia al 4000, Gutenberg al 2200, Doctor Riva al 4300, Virasoro al 3700, Iriondo al 3100 y pasaje 2 al 2000 de Villa Gobernador Gálvez.
Además, el personal de la TOE secuestró un revólver 22, otro 38 y una escopeta calibre 12/70, varios celulares, 120 mil pesos en efectivo, cámaras de fotos, notebooks, alhajas de oro, un Chevrolet Cruze y documentación de interés para la causa.
Los arrestados serán imputados por abuso de armas y amenazas calificadas en la causa que investiga balaceras a viviendas de magistrados, funcionarios policiales, el ataque al Centro de Justicia Penal y al edificio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario, dijeron desde el Ministerio de Seguridad y del MPA.
Estos operativos se sumaron a los dos realizados a principios de mes por la TOE en Larrechea al 2400 y Dorrego al 3900. Ese día, la fuerza provincial secuestró ocho celulares, una computadora, material informático, municiones calibre 9 milímetros, 214 mil pesos y 500 dólares. Tres personas fueron demoradas pero ninguna quedó detenida.
Uno de los allanamientos tuvo lugar a una cuadra de donde hace un mes (el 1° de septiembre pasado) asesinaron a Daiana Irrazábal, una joven de 24 años, quien según los investigadores había sido pareja de Nahuel César –primo del mencionado Matías y hermano de Milton, implicado en el crimen de Claudio «Pájaro» Cantero– y testigo en la causa contra la banda Los Monos por asociación ilícita y varios crímenes.
Ataques mafiosos: las 16 intimidaciones a funcionarios judiciales y provinciales
El 29 de mayo último comenzó la saga de balaceras contra viviendas en las que habían habitado funcionarios judiciales y también uniformados relacionados con la pesquisa de la megacausa Monos. En total son 16 los ataques a balazos. Los primeros en ser apresados fueron un joven y un adolescente que quedaron imputados por los dos primeros hechos: en Montevideo al 1000 y en Italia al 2100, en los cuales había residido el juez Ismael Manfrín.
En la audiencia imputativa contra el primero, Brian “Cebolla” Flores, por el ataque en calle Montevideo, los investigadores dieron cuenta de los indicios que apuntaban como autor intelectual a Ariel “Guille” Cantero. También fue apresado un adolescente apodado Tavi, quien fue acusado en la Justicia de Menores por el atentado de calle Italia. Por estas dos balaceras hay un prófugo.
El tercer implicado fue un remisero, José Alberto Castillo, de 24 años, detenido e imputado de manejar el Renault 9 del que partieron los disparos contra la fachada de la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), de Montevideo 1968. El juez dictó la prisión preventiva en su contra por 60 días. A fines de agosto pasado, cayó Leonel Alejandro Fernández, quien también está anunciado por la OGJ en la audiencia de este viernes, que estará presidida por el juez Héctor Núñez Cartelle. Es que a Leonel se le vence el plazo que dictó el juez Luis María Caterina cuando lo imputó por la balacera y otros dos hechos con armas en un contexto de violencia de género. Por este caso, los últimos apresados fueron Lucía Estefanía Uberti y M. Fernández, hermano de Leonel. Este último era menor al momento del ataque. Quedó bajo la órbita del Juzgado de Menores. Lo indagaron por amenazas coactivas.
En cuanto a la muchacha, el fiscal Matías Edery la imputación de manera genérica y también está convocada a la audiencia de este viernes.
Balaceras sin imputados
Entremedio, hubo dos ataques contra propiedades que habían pertenecido a la jueza Gabriela Sansó (quien integra la Cámara Penal en la revisión de la sentencia de la megacausa Monos) en San Luis al 1400, otros tres agresiones sobre viviendas de familiares del juez que instruyó la causa provincial contra Los Monos Juan Carlos Vienna (incluida una balacera sobre una patrulla que custodiaba la casa del padre del magistrado), y otras tres balaceras en casas vinculadas con los policías Luis Quevertoque, Ariel Lotito y un agente de la División Judiciales que trabaja como custodio de la actual diputada nacional Alejandra Rodenas, quien cuando era jueza procesó a algunos de los integrantes de Los Monos.
A las 22 del 26 de julio pasado, desconocidos en moto dispararon al menos ocho veces contra el frente de una casa de dos plantas en Zeballos al 2500 que perteneció a la familia de la jueza Marisol Usandizaga (quien integró el tribunal que condenó a Los Monos) hasta 1975. El segundo fue en la madrugada siguiente, cuando los tiradores descargaron 17 balazos contra un edificio de Dorrego al 1600 que se llama Marisol y donde su padre, Horacio “Vasco” Usandizaga, ex intendente y ex presidente de Rosario Central, tuvo durante años su estudio jurídico.
El 4 de agosto se repitió la secuencia en un edificio de avenida Libertad al 200, en barrio Martin, donde había residido la magistrada. Allí los tiradores eran cinco hombres y una mujer que se movilizaban en tres motos: dejaron un cartón escrito con birome con la leyenda: “Con la mafia no se jode”. Esa misma madrugada también había sido atacado el frente del Centro de Justicia Penal, donde se desarrolló el juicio a Los Monos. La cuarta balacera intimidatoria contra Usandizaga sucedió el 10 de agosto pasado, cuando los vecinos descubrieron seis impactos de bala en el frente de un edificio ubicado en Buenos Aires al 1700, frente a la plaza López, lindero con el lugar donde vive el padre de la jueza.
Por dos de los cuatro ataques contra la jueza Usandizaga la Policía demoró a dos muchachos, quienes luego quedaron desvinculados de la causa.
A su vez, a fines de septiembre, Víctor A., de 25 años y de nacionalidad colombiana, fue imputado por la portación ilegal de arma de fuego luego de que arrojara una pistola 9 milímetros de su camioneta mientras protagonizaba una persecución policial que terminó en Mendoza y Lima. La jueza María Melania Carrara le dictó la prisión preventiva sin plazo. El arma y las balas fueron enviadas a peritar para determinar si fueron utilizadas en alguno de los ataques vinculados a los funcionarios judiciales y policiales. El muchacho se desligó de esas sospechas y dijo que producto de estas hipótesis que se suman a su nombre apareció involucrado en el crimen de Jonatan “Bam Bam” Funes. Él y su familia fueron víctimas de amenazas de muerte.
