Las balaceras contra viviendas vinculadas con funcionarios policiales y judiciales que tuvieron relación con la causa Monos, además de los ataques sobre los edificios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Centro de Justicia Penal se desataron desde finales de mayo hasta agosto pasado: fueron casi dos decenas. Este viernes, en una audiencia, quedó expuesto el esqueleto de esa pesquisa con los nombres propios de todos quienes los investigadores consideran como responsables de esas intimidaciones, con Ariel «Guille» Cantero como principal implicado al ser considerado autor intelectual de las agresiones, que comenzaron horas antes de que éste fuera trasladado desde Rosario a una cárcel federal fuera de la provincia. El esquema ratifica lo que diferentes investigadores han descripto en los últimos años sobre el clan de La Granada: una estructura celular donde el rol de los lugartenientes como transmisores de las órdenes resulta clave.
Tras cinco meses de investigación se produjeron más de un centenar de allanamientos, 65 líneas telefónicas fueron intervenidas y trece personas quedaron detenidas. Este mes se hicieron 17 operativos. En la audiencia imputativa de este viernes los fiscales Matías Edery y Miguel Moreno –integrantes junto con sus pares Nicolás Foppiani y Aníbal Vescovo del equipo de Gravedad Institucional– finalmente acusaron a Guille Cantero como instigador de siete de las 18 intimidaciones.
Además, Daniel Alejandro «Teletubi» Delgado, condenado a 21 años de prisión como partícipe del asesinato en 2012 de tres militantes sociales en Villa Moreno y preso en la cárcel de Piñero, y Matías César –primo de Milton, quien perdió un hermano, un amigo y su madre en ataques donde fueron sindicados Los Monos– fueron señalados en la acusación como quienes ejecutaban las órdenes de Guille y distribuían los roles a los sicarios y tiradores.
Para la Fiscalía, Lucía Uberti–detenida a finales de agosto pasado y acusada por los balazos que dispararon contra el edificio del MPA de Montevideo al 1900– fue sindicada como la encargada de la logística. En la jornada también fue imputada Aldana Mazzeo –apresada en los operativos del jueves–, Brian «Cebolla» Flores, Damián “Colombiano” Chávez –ya imputado por el crimen de Jonatan “Bam Bam” Funes–, Claudio Canavo, Leonel Fernández y José Castillo –ambos detenidos y acusados también por el ataque a la sede la Fiscalía–.
Todos fueron imputados por el juez Héctor Núñez Catelle por el delito de amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por el uso de arma de fuego y por tener propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público, en concurso ideal con daño calificado y en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, con diferentes calidades y participaciones. Además, el juez dictó prisión preventiva por 90 días para todos los imputados, prorrogando las medidas cautelares ya dictadas, indicaron voceros judiciales.
En la audiencia, los fiscales Edery y Moreno describieron que a lo largo de estos cinco meses de investigación lograron recolectar indicios de que Guille fue quien transmitió a sus dos subordinados directos, Teletubi Delgado y Matías César, datos esenciales para la concreción de los atentados.
Los fiscales explicaron en la acusación que Teletubi y César, a su vez, se encargaron de poner “al servicio de esta empresa criminal una estructura clandestina de recursos humanos y materiales preexistentes destinados al tráfico de drogas y delitos conexos como abusos armas, amenazas calificadas, extorsiones y homicidios”.
Moreno argumentó en la extensa audiencia los roles del cabecilla y las primeras líneas de la organización. “Cantero, desde su celda, usaba distintos celulares para organizar los ataques a través de personas de su confianza como Teletubi Delgado y Matías César, quienes comandaban, a su vez, dos células separadas y dedicadas a la comercialización de drogas”.
El fiscal señaló que “existe una profusa evidencia que César y Delgado estaban estrechamente vinculados con Lucía Uberti, la cual tuvo a su cargo la coordinación y el planeamiento de la faz operativa de varios de los hechos delictivos, valiéndose para ello de distintos grupos de subordinados de la organización criminal que cumplen el rol de sicarios o tiradores, quienes se encargaron de la ejecución material de los ataques en algunos casos con el apoyo logístico de Uberti”, describió el investigador.
Las acusaciones, una por una
Luego de brindar el contexto, los fiscales enumeraron las imputaciones a cada uno de los acusados. A Guille –condenado en abril a 22 años de cárcel por asociación ilícita y homicidio, y en estos días juzgado en el fuero federal por el caso narco Los Patrones– lo acusaron por siete hechos: como instigador de las balaceras a las ex viviendas del juez Ismael Manfrín, ubicadas en Montevideo al 1000 y en Italia al 2100, por los cuatro ataques que sufrieron familiares de la jueza Marisol Usandizaga, en inmuebles de Zeballos al 2500, Dorrego al 1600, Libertad al 300 y Buenos Aires al 1700 y, por último, el Centro de Justicia Penal en Sarmiento al 2800.
A Teletubi lo imputaron por haber participado desde la cárcel en dos de las balaceras relacionadas con la jueza Usandizaga (Libertad al 300 y Buenos Aires al 1700).
A Uberti, quien estaba imputada por el ataque a la sede del MPA (Montevideo al 1900), se le sumaron siete hechos: Zeballos al 2500, Dorrego al 1600, Libertad al 300, Buenos Aires al 1700 (todos vinculados con Usandizaga), Sarmiento al 2800 (Centro de Justicia Penal), Tarragona al 700 –balacera que se produjo el 5 de agosto y estuvo relacionada con la jueza Carolina Hernández–, y San Luis al 1400 (vinculado con la magistrada Gabriela Sansó.
Por su parte, Matías César quedó implicado en cuatro casos: Zeballos al 2500, Tarragona al 700 bis, San Luis al 1400 y Montevideo al 1900.
Chávez y Mazzeo fueron acusados junto con Uberti por el ataque en Lamadrid al 500, el frente del edificio de la Policía de Investigaciones, agresión que hasta el momento no había trascendido.
Canavo quedó sindicado por cuatro hechos: Dorrego al 1600, Libertad al 300, Buenos Aires al 1700 (Usandizaga) y Tarragona 700 (Hernández). Y por último, a Castillo le ampliaron la imputación por el ataque a Fiscalía, al igual que a Cebolla Flores.
En cinco meses más de 150 allanamientos
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro se refirió a las nuevas acusaciones por las intimidaciones a funcionarios judiciales y policiales con un resumen de lo que implicó la investigación: “13 imputados (2 con orden de detención vigente), 152 allanamientos, 65 líneas intervenidas, secuestro de 650 celulares, 40 armas de fuego, 10 motos y 2 autos. Una Investigación profunda que define responsabilidades de manera contundente”, posteó el titular de la cartera de Seguridad en las redes sociales.
