La Pastoral Social y de Derechos Humanos de la Iglesia de Santiago del Estero denunció anteayer que en el paraje Suncho Pampa el campesino Héctor Reyes Corvalán «sufrió un violento ataque con balas de goma y quemaduras en gran parte de su cuerpo por parte de un empresario que hace tiempo viene avasallando la dignidad y derechos de las familias campesinas que ancestralmente son dueñas de sus tierras». El sacerdote Sergio Alberto Lamberti hizo público a través de su cuenta en la red social Facebook, según publicó Tiempo Argentino.
También el Mocase denunció el caso. Según el relato de la organización, a partir de que la jueza María Cecilia Paskevicius, del Juzgado Civil de Tercera Nominación, ordenó el desalojo de la familia campesina. El operativo contó con aproximadamente diez policías, dos oficiales de justicia y el empresario cordobés Néstor Quesada al que seguían dos camionetas con gente a su cargo, manifiestan desde el Mocase.
Los compañeros del campesino denuncian que durante el desalojo “se realizaron destrozos (hornos, cercos, entre otros), amenazaron de muerte, mataron los perros, desaparecieron las doscientas cabezas de ganado, dispararon balas de goma e incendiaron el rancho de la familia, hechos gravísimos donde sufrió heridas de gravedad el compañero Héctor Reyes Corvalan, con quemaduras en todo su cuerpo y heridas de bala de goma. El mismo fue trasladado de manera urgente a la vecina provincia de Tucumán, con diagnostico grave, y se encuentra alojado en terapia intensiva”.
El campesino Corvalán y su esposa son integrantes de la Mesa Parroquial de Tierra de Nueva Esperanza. Los sacerdotes de la Pastoral Social, por su parte, emitieron un comunicado en el que exigen “a la Justicia una urgente y profunda investigación de tan tremendo hecho delictivo, que garantice a la familia Corvalán y a toda la sociedad santiagueña el derecho a la verdad que nos hace libres, contra la impunidad que daña nuestra democracia».
La Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, el Mocase y otras organizaciones de la zona denuncian “la violencia ejercida durante todos estos años por el Sr. Quesada y personas a su cargo, quienes en múltiples ocasiones realizaron amenazas de muerte con armas de fuego, daño en el campo, incendio de cercos, matanzas de animales, todas situaciones que fueron denunciadas (…) ponen en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”.