Tras dos años de cajoneo, la Cámara de Diputados de la Nación discutirá este martes en la comisión de Legislación General dos proyectos en busca de sancionar antes de fin de año una nueva ley de alquileres. Uno de ellos ya tiene media sanción del Senado, mientras que el Ejecutivo presentó otro con algunos cambios, que satisface a los inquilinos.
El principal punto, que comparten los dos proyectos, es que los aumentos se realicen tomando en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y el coeficiente de variación salarial. El sueldo como parámetro para los aumentos es un reclamo permanente de los inquilinos, que ven cómo cada año destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a pagar la renta. “Actualmente, las inmobiliarias sólo toman la inflación como parámetro”, dijo a El Ciudadano Ariel D’Orazio, miembro de la Concejalía Popular.
“Si de la comisión sale una síntesis entre las dos leyes y no tiene que volver al Senado es un gran avance. Pero si tiene que volver es un riesgo; tememos que sea una pantalla para que se caigan los dos proyectos”, expresó D’Orazio con dudas sobre la verdadera intención del gobierno de Mauricio Macri, pese a que el presidente manifestó públicamente que su intención es “darle soluciones concretas a los inquilinos”.
Esta preocupación es la que manifestó el propio titular de la Concejalía Popular, Nire Roldán, la semana pasada a El Ciudadano. Roldán sospecha que el nuevo proyecto es una “moneda de cambio” para el debate parlamentario del Presupuesto 2019. El titular del Partido Social Metropolitano recordó que Cambiemos “viene frenando la iniciativa” que fue elaborada por la Federación de Inquilinos Nacional.
Actualmente, hay siete millones de personas que alquilan en la Argentina, según el titular de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky. El diputado de Cambiemos se comprometió a darle un rápido tratamiento a los proyectos: “Vamos a avanzar para tener dictamen mañana (por este martes)”.
Principales puntos
En ambos proyectos, la actualización de los alquileres se realiza según la inflación y la evolución de los salarios. El proyecto original ajusta anualmente, mientras que el del Ejecutivo lo hace cada seis meses.
En lo que respecta a las comisiones, el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara alta establece un límite a lo que debe pagar el inquilino, que equivale a un mes de alquiler. El del Ejecutivo es “más agresivo”, según D’Orazio, ya que propone que el propietario se haga cargo de la totalidad de la comisión, algo que ya rige en la Capital Federal.
Ambas opciones brindan un mayor acceso a una garantía: se exhorta a los propietarios a aceptar avales bancarios.
Otros de los objetivos de la ley es que se blanqueen los alquileres ante la Afip, con el fin de incrementar la recaudación. Según D’Orazio, el blanqueo permitirá también que el Estado garantice el cumplimiento de la ley. “Los contratos ingresados en la Afip no podrán tener cláusulas que sean violatorias de la ley. Si violan la norma, existen organismos donde el inquilino pueda denunciar y en el caso de que sean insuficientes está la instancia judicial. Con la ley sancionada, será más sencillo hacer valer los derechos del inquilino”, dijo el titular de la Concejalía Popular.
Por otra parte, el plazo mínimo de los contratos se extiende a tres años. Actualmente son dos. También se ratifica que las expensas extraordinarias son a cargo del propietario y no del inquilino. Además, se establece que en caso de que no haya acuerdo entre las partes para la renovación del alquiler, el inquilino puede dejar el inmueble dos meses antes de que termine el contrato sin pagar multa.
Finalmente, en caso de que haya un incumplimiento del propietario en torno a la resolución de un problema, la norma establece que se reduce un 30% el precio del alquiler.
Inmobiliarias se oponen
“Muchas propiedades se van a retirar del mercado locativo para ponerse a la venta”, lanzó el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe.
El representante de las inmobiliarias porteñas cuestionó el proyecto, haciendo hincapié en dos puntos: las garantías bancarias y la indexación cada seis meses.
“Se necesita una garantía más sólida, no una garantía bancaria, que es carísima. Sale entre un 7% y un 8% del valor del contrato”, dijo. Sobre este punto del proyecto, propuso dejar un abanico de posibilidades “para que el propietario elija la garantía”, señaló.
Por otra parte, agregó: “No se sabe cuál va a ser el valor locativo a partir del séptimo mes. Por lo tanto, a partir del séptimo mes será un salto al vacío. Lo preocupante es que un propietario alquila su inmueble y no sabe cuánto va a cobrar a partir del séptimo mes, en un país donde los índices inflacionarios son siempre complicados. Y para el inquilino, lo mismo”.
