Este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, la Justicia imputó a 13 personas por asociación ilícita. Los vincularon a la apropiación de 32 propiedades valuadas en mil millones de pesos desde 2011. La investigación empezó el año pasado cuando una persona fue al Registro de la Propiedad para denunciar que el campo de su padre, que había muerto, había sido vendido con un poder trucho. Según explicaron desde el Gobierno de Santa Fe, que detectó las maniobras y aportó material a la causa, el grupo buscaba propiedades en ciudades y campos que estuvieran a nombre de personas que viven afuera de Argentina o que estaban muertos y no tenían herederos. Con documentos falsos simulaban ventas a testaferros para después pasarlas al mercado inmobiliario y revenderlas. Este viernes un hombre señalado como líder e ideólogo del grupo enfrentará su imputación en Melincué. El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, dijo que se trata de la estafa más grande que se cometió en Santa Fe.
A responder
Este jueves la Policía de Investigaciones (PDI) hizo 18 allanamientos en Rosario, Villa Cañas, Casilda, Cañada de Gómez, Buenos Aires, Armstrong, Las Rosas y Venado Tuerto. Detuvieron a 10 hombres, entre los cuales había médicos y escribanos. Uno era un gestor rosarino que estaba en una casa de pasaje Polonia al 1300, donde los policías encontraron dólares y pesos que sumaban medio millón en efectivo.
También detuvieron a cuatro mujeres que, siempre según explicaron desde el Gobierno de Santa Fe, funcionaban como prestanombres. Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe, dijo: “Fue algo burdo. Las estafas eran sistemáticas y reiteradas. Por más que sean profesionales no dejan de ser delincuentes. Si a un ladrón que roba una bicicleta, moto o una cartera, esgrimiendo un arma, le dictan prisión preventiva, a estos profesionales que robaron millones de pesos y que lo hicieron con una birome, también tienen que quedar en prisión preventiva”.
Cómo operaban
El caso llegó a la Justicia en 2017 cuando el Gobierno de Santa Fe detectó una venta hecha con un documento apócrifo de una persona que estaba muerta en Venado Tuerto. La provincia siguió a quienes estuvieron involucrados. “Lo fuimos presentando en denuncias en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde se creó una unidad fiscal especial para delitos económicos en Venado Tuerto para llevar adelante la investigación”, explicó Escauriza al portal Venado 24. Otra de las modalidades, siempre según las denuncias, consistía en hacer comparecer a la persona fallecida como si estuviese viva para completar la transacción.
En octubre la Justicia allanó tres campos en las localidades de Maggiolo, San Eduardo y Venado Tuerto. Eran 460 hectáreas valuadas en 300 millones de pesos que estaban a nombre de uno de los imputados por la estafa. El hombre vivía en una casa humilde en Venado Tuerto y es señalado como un prestanombre. Dos meses más tarde la Policía hizo más allanamientos después de que Escauriza presentara una demanda por la venta de un lote de 800 metros cuadrados tasado en tres millones de pesos que habría sido apropiado por el grupo. En total, las autoridades calculan que fueron 36 operaciones con inmuebles (32 en ciudades y 4 en campos que comprenden mil hectáreas del sur santafesino). Una de las maniobras fue la venta ilegal de un terreno de 2.600 metros cuadrados. El dueño había muerto en 1987.
“Queremos que todos los santafesinos estén tranquilos, no puede ser que una persona porque sea de avanzada edad y no tenga herederos culmine sufriendo por alguien que venga y le saqué el inmueble”, explicó Escauriza. Este jueves por la tarde el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, dijo a LT2: “Es una situación compleja. Si bien las maniobras pueden ser burdas, hay que detectarlas para ponerlas en evidencia”. También prometió potenciar la investigación para ver si hay más afectados.
