Lourdes es una joven de nacionalidad boliviana que en 2016 fue detenida La Quiaca, en la frontera, cuando intentó pasar casi seis kilos de cocaína. La muchacha contó que necesitaba dinero porque a uno de sus hijos le tenían que hacer una cirugía para saber si tenía cáncer. En ese marco se le acercó un integrante de una red de trata y le ofreció prostituirse; cuando quiso irse, la obligó a pasar droga a la Argentina para saldar «las deudas” que había contraído.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal de Jujuy descartó su declaración, nunca investigó a la organización que la captó y la condenó a seis años de prisión por contrabando de estupefacientes agravado por el inequívoco destino de comercialización.
Su defensor oficial no desistió y presentó el caso ante la sala I de la Cámara de Casación Penal. Los camaristas Gustavo Hornos –presidente–, Carlos Mahiques y Ana María Figueroa dieron a conocer su fallo el jueves pasado donde en forma unánime anularon la condena y absolvieron a Lourdes, ya que consideraron que la joven fue víctima de una red de trata en Bolivia, cuyo accionar quedó impune ya que la Justicia federal de Jujuy nunca investigó.
Lourdes Silvana Martínez Hassan es la joven absuelta y a través del análisis del juicio oral de los camaristas se conoció su historia y su pelea por sobrevivir en un contexto de extrema vulnerabilidad.
En el debate oral, la muchacha contó que a los 17 años comenzó a trabajar para poder pagar sus estudios y mantener a sus dos pequeños hijos, ya que su pareja y padre de sus hijos había desaparecido luego de someterla por largo tiempo a innumerables episodios de violencia de género. Para conseguir dinero trabajó en un restaurante, como preventista en una empresa de helados y también fue promotora en la cervecería Cordillera.
Intentaba sobrevivir hasta que a uno de sus pequeños le apareció una mancha y los médicos le dijeron que tenían que hacerle una cirugía para determinar si era cáncer. Lourdes no tenía el dinero y fue en ese contexto cuando se le acercaron unos hombres que le ofrecieron trabajar en el sur de su país, más precisamente en la frontera con la Argentina.
Lourdes viajó los 900 kilómetros que separan La Paz (la capital boliviana) de Villazón. En ese lugar, un hombre la esperó en la terminal de ómnibus y la llevó en taxi hasta una casa de adobe. Lourdes fue alojada en una habitación y le dijeron que debía prostituirse. Luego de un episodio traumático con un cliente, se quiso ir y su captor le dijo que no podía, ya que había generado gastos de traslado, comida, ropa y habitación.
Lourdes quedó en pagar su deuda, se fue de esa casa e intentó encontrar trabajo en un restaurante en la Argentina. No lo logró. Sin dinero, ni ropa, volvió a la casa de barro. Esta vez la propuesta fue la otra que siempre viene ligada con las redes de trata: tenía que entregar una mochila a un hombre que la esperaba en la Argentina. Para estar seguros de que Lourdes haría el trabajo y no los denunciara, se encargaron de hacerle saber que conocían todos los movimientos de sus hijos.
La joven contó en el juicio oral que aceptó hacerlo. En la mañana del 5 de mayo de 2016 la llevaron a la frontera. La hicieron bajar en una quebrada que está pegada a las vías del ferrocarril General Belgrano, en el Puente Internacional La Quiaca. Le dieron una mochila y le indicaron que tenía que caminar derecho. Ya en la Argentina, un hombre se le iba a acercar y le tenía que dar el bolso. Su captor le recordó lo que pasaría con sus hijos si intentaba escapar o ir a otro lado. Una vez cumplida la misión tenía que regresar y perdonarían su deuda.
Era las 12.05 cuando el personal de Gendarmería vio a Lourdes y se le acercó. Ese lugar no es un paso habilitado. Tres gendarmes la rodearon y le sacaron la mochila. En la requisa encontraron ropas de una nena que tapaban seis paquetes con cocaína. La pesaron y arrojó un total de 5,965 kilos, con una pureza de entre 44 y 60 por ciento.
No tenía plata, ni celular, sólo el DNI en un bolsillo del pantalón. Lourdes se largó a llorar desconsolada.
En el juicio oral, tanto los gendarmes como los testigos civiles que estuvieron ese día respaldaron sus dichos y describieron el estado en que se encontraba la joven. Para el tribunal su declaración no era verosímil y la condenaron a seis años de prisión por contrabando de estupefacientes.
Pasaron casi dos años y su defensor oficial Matías Gutiérrez Perea presentó la apelación ante la Cámara de Casación Penal. Este jueves se conoció su resolución: los camaristas afirmaron que la sentencia del tribunal de Jujuy no pudo rebatir exitosamente la hipótesis introducida por la defensa porque no investigó esta línea. “Se efectuó una errónea ponderación del material probatorio, en clara afectación al derecho de defensa en juicio de la imputada y el debido proceso”, describieron.
Con atino, los magistrados analizaron el caso desde la normativa internacional de los derechos humanos, y en particular de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino en materia de género y trata de personas, entre las que destacaron la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, aprobada en Belém Do Pará, Brasil.
“Los planteos de la defensa tienden a demostrar que, si bien Martínez Hassan conocía la ilicitud de su conducta, no podía adecuar su comportamiento a la norma porque tenía reducida su libertad de autodeterminación”, fue una de las conclusiones a la que llegaron los jueces, quienes resolvieron anular la condena, absolver a Lourdes y ordenar su inmediata libertad.
