Una detenida por resonante homicidio, nueve demorados, armas, municiones, cocaína y copias de actuaciones policiales y judiciales fue el saldo que dejó este jueves la intervención que los tres niveles del Estado –la Nación, la provincia y el municipio– en barrio Municipal, conocido también como Pimpilandia o Fuerte Caminos, por ser el territorio del asesinado ex líder de la barra de Newell’s Roberto «Pimpi» Caminos. En esta jornada que comenzó por la madrugada, intervinieron unos 800 uniformados de las fuerzas federales y santafesinas, quienes llevaron unos 100 allanamientos. El desembarco se produjo tras 30 meses en los que una saga de homicidios vinculados con disputas entre bandas sembró el terror en ese sector de la zona sur.
El barrio de avenida Abanderado Grandoli y Esteban de Luca amaneció con un despliegue de unos 800 uniformados de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) junto al personal de la Policía de Investigaciones (PDI), de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la provincia. Los pedidos de operativos partieron del titular del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, a pedido del fiscal federal Claudio Kishimoto y de sus pares provinciales: de la Unidad de Flagrancia, José Luis Caterina, Fernando Sosa, Matías Edery, junto a la fiscal de Investigación y Juicio Viviana O´Connell.
“Se realizaron 93 allanamientos en barrio Municipal y en otras zonas de la ciudad que se sumaron a los cuatro que surgieron como consecuencia del material encontrado en los operativos”, explicó el fiscal Edery en una conferencia de prensa.
El funcionario judicial agregó que el objetivo fue replicar las intervenciones integrales que se llevaron a cabo en otros barrios de la ciudad para bajar los niveles de violencia. “Cuando se intervino el primer cuadrante correspondiente al Fonavi de Grandoli y Gutiérrez se habían producido en los primeros tres meses 90 incidencias por hechos de armas de fuego y luego en el trimestre siguiente se registró sólo una”, esquematizó.
Las causas por las que llegaron los investigadores provinciales están relacionadas con robos, usurpación, denuncias sobre tenencia de armas de fuego y amenazas, dijeron los voceros judiciales para agregar que en total ocho personas fueron demoradas, de quienes la Justicia tenía que definir su situación procesal.
A su vez, de algunos de los operativos surgió el dato del lugar dónde se encontraba una mujer, cuyo nombre apareció en el expediente que investiga el crimen de Cristian “Moco” Reynoso, ocurrido el 20 de abril pasado a metros de la casa de su suegra, en Dinamarca al 500 bis, en barrio Saladillo.
Ese día, los homicidas descargaron medio centenar de balas 9 milímetros que también hicieron blanco en la pareja de Moco, Joana y en el hijo de ambos de 9 años. Moco no sólo había sido ofrecido como testigo de parte por la defensa de Ariel “Guille” Cantero durante el juicio por el crimen de Diego «Tarta» Demarre –finalmente fue desistido–, sino que había crecido, y habían sido mejores amigos en la infancia y adolescencia, con el hermano de éste, Claudio “Pájaro” Cantero, asesinado el 26 de mayo de 2013, un día antes que Demarre. Guille terminó condenado como jefe de asociación ilícita y como autor material del homicidio de Demarre a 22 años de cárcel.
Fue en el marco de esta causa que las fuerzas provinciales y federales se trasladaron a la zona norte y procedieron a la detención de Cristina A., de 30 años, en una vivienda de Palestina al 2500.
El secuestro
Fuentes relacionadas con la intervención indicaron que las fuerzas de seguridad incautaron cinco pistolas calibre 9 milímetros, un revólver 45, una escopeta 12.70, una picana eléctrica, alrededor de 800 municiones y cartuchos de distintos calibres. También, secuestraron celulares, pendrives, tablets, computadoras portátiles y discos rígidos con información de interés para la causas.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación agregaron que las fuerzas federales hallaron 70 envoltorios de cocaína, plantas de marihuana, dos balanzas de precisión, dinero en efectivo y elementos de corte y fraccionamiento de estupefacientes.
Un dato que llamó la atención del comunicado brindado por la cartera nacional, mientras la ministra del área Patricia Bullrich visitaba Rosario, fue el anuncio de que en una de las viviendas –cuyo allanamiento fue solicitado por el fiscal Edery–, los uniformados se encontraron con copia de las actuaciones de una pesquisa llevada a cabo por la Policía de Santa Fe en relación con el clan Funes, archienemigo de la familia Caminos, y documentación de una causa vinculada con Alexis, hijo de Pimpi, y quien está preso en Coronda por el homicidio de Mariela Miranda, madre de algunos de los hermanos Funes.
En medio de los procedimientos, los bloques de departamentos del complejo de departamentos de la zona sur de la ciudad, característicos por sus pintadas rojinegras, mostraron a la prensa y a los funcionarios judiciales y provinciales que estaban en la zona sus paredes con grafitis que tienen los nombres y apodos de pibes asesinados junto al reclamo de justicia de familiares y amigos.
“El Estado viene a reordenar”
El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, llegó al epicentro del megaoperativo a las 11, y ofreció allí una conferencia de prensa. El funcionario explicó que junto al despliegue de las fuerzas hubo intervención de espacios públicos usurpados, donde se levantaron construcciones ilegales, como cocheras. Agregó que la provincia hará un censo casa por casa en la zona para relevar la situación de los habitantes y, a partir de esa información, diseñar asistencias desde el Estado. A la par, la Secretaría de Hábitat provincial, a cargo de Diego Leone (quien también estuvo presente en el operativo) actualizará los archivos de catastro. El objetivo central, siguió Pullaro, es “sacar delincuentes de los barrios” en conjunto con la Nación y con un abordaje integral. “El Estado viene a reordenar”, resumió y calificó lo de este jueves como “la intervención más importante” de su gestión.
El antecedente
El operativo fue similar al que se realizó a fines de septiembre pasado. Allí, fuerzas policiales irrumpieron en un complejo de viviendas cercano, comprendido entre Grandoli, Sánchez de Thompson, Lola Mora e Hipócrates, y allanaron 13 inmuebles en el marco de una causa que investiga usurpaciones ilegales y amenazas. Incautaron armas, celulares, municiones y una mujer de 39 años quedó demorada por tenencia ilegal de arma de fuego.
