La Legislatura avanza en una reforma de las leyes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Penal con el objetivo de regular el proceso para juzgar y remover a fiscales y defensores.
Es el tercer cambio desde la puesta en marcha del nuevo sistema penal. Al principio, esa facultad estaba en manos de los propios organismos, a través de sus auditorías externas; solo quedaba en jurisdicción de la Legislatura la remoción o sanción de los cabezas de ambos organismos (así ocurrió cuando se apartó de su cargo al ex defensor general de la provincia, Gabriel Ganón).
Luego la Asamblea Legislativa reformó el procedimiento y le quitó esa potestad al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Provincial de la Defensa Penal. Pero ahora, ante las dificultades que representó ese cambio, se consensuó entre las distintas fuerzas políticas un esquema intermedio: para faltas leves, serán los propios órganos del sistema penal los encargados de investigar a su personal; pero ante faltas graves o gravísimas, la investigación quedará en manos de la Comisión Bicameral de Acuerdos integrada por diputados y senadores.
Esa reforma logró media sanción de la Cámara de Diputados este jueves y fue girada al Senado, donde recibirá sanción definitiva. Una vez promulgada la ley, el nuevo mecanismo implica que un legislador de la Bicameral tendrá a su cargo la acusación contra el funcionario judicial apuntado; luego la comisión emitirá un dictamen y finalmente, en sesión conjunta de ambas cámaras, se votará el dictamen que podrá sugerir una sanción o la remoción definitiva del cargo.
