Por Luis Di Nardo (NA)
La aprobación este viernes del acuerdo ampliado con el FMI permitirá al gobierno cubrir las necesidades de financiamiento hasta fines de 2019, pero abre un interrogante por el fuerte ajuste que deberán hacer los argentinos para cumplir los objetivos prometidos al organismo.
El anterior acuerdo fue incumplido a sólo dos meses de su implementación, por lo que la Casa Rosada ahora deberá cumplir a rajatabla las metas fiscales y cambiarias si quiere recibir en tiempo y forma ese financiamiento.
El pacto, que ubica a la Argentina como el país con más deuda con el FMI, no es el mejor ejemplo de la inserción del país en el mundo.
El antecedente del incumplimiento pone a los inversores en alerta para seguir con lupa la situación y ponerse también en salvaguarda, así como también expone al gobierno ante la posibilidad de una crisis por fuga de divisas.
La posibilidad que tiene la Casa Rosada de protegerse hasta el fin del primer mandato para liderar el proyecto reeleccionista sin problemas económicos está en duda.
El gobierno suele repetir que el período de turbulencia ya está pasando, que la economía volverá a crecer y que se retomará el sendero de crecimiento sostenido, reducción de la pobreza y creación de empleo, objetivos que por ahora suenan a enorme distancia.
Desde el sector privado y hasta en fuentes de la Casa Rosada se admite que la economía no crecerá en 2018 y tampoco el próximo año.
El desafío será salir cuanto antes de la recesión, un objetivo que, según el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se espera para después del primer trimestre del año próximo.
La inflación galopante, con fuerte caída del consumo, despidos, retracción en el corazón de la reactivación –que es la industria–, caída del poder adquisitivo, no son el mejor escenario electoral para los próximos 16 meses que faltan para los comicios.
La postergada recomposición salarial en paritarias para compensar el desfasaje inflacionario ya despertó la presión de los gremios que preparan una nueva huelga nacional que podría llegar a las 36 horas.
El Presupuesto 2019, ya con media sanción, impone un ajuste superior a los 300.000 millones de pesos, parte de los cuales correrán por cuenta de las provincias con economías regionales en proceso recesivo.
La mayoría de los gobernadores respaldaron en el Congreso el proyecto, pero tendrán que enfrentar el humor social cuando el ajuste pegue aún más fuerte en sus débiles economías.
En el gobierno se convencieron de que este acuerdo con el FMI será más que suficiente para enfrentar la especulación financiera, pero los inversores sostienen que la volatilidad de los mercados internacionales podría despertar otra corrida cambiaria, por lo que el temor a desequilibrios financieros se mantiene.
