La Cámara de Diputados dará este miércoles un nuevo paso hacia la implementación a nivel nacional del juicio por jurados, cuando un plenario de comisiones se reúna para pasar el limpio los consensos alcanzados a partir de la discusión de un abanico amplio de propuestas.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto se reunirá este miércoles a las 14 en el anexo C de la Cámara baja y, si bien los acuerdos en torno a la unificación de los proyectos están avanzados, la firma del dictamen quedará, muy probablemente, para la semana que viene, reveló la presidenta de Legislación Penal, Gabriela Burgos.
La diputada radical, que conducirá el plenario de comisiones, destacó que del total de 11 proyectos en consideración, «hay un consenso mayoritario en avanzar con un documento» borrador de su autoría que recoge distintas observaciones, sugerencias y objeciones que las distintas bancadas fueron realizando a lo largo de los últimos años.
Dicho proyecto, elaborado en conjunto con la Asociación de Juicios por Jurado, abreva en el modelo clásico en el que son los integrantes populares del jurado los que definen la inocencia o culpabilidad, en tanto que los jueces se limitan a establecer la pena y sus fundamentos.
En cambio, la iniciativa del diputado Juan Brügge (Argentina Federal) plantea un modelo en la que los jueces integrantes del tribunal también votan. En el proyecto de consenso que impulsa Burgos propone que sean 12 los integrantes titulares del jurado, y cuatro suplentes, y que los delitos aplicables a esta modalidad de juzgamiento sean aquellos con penas en expectativa mayores a 8 años.
De cualquier manera, se incorpora la posibilidad de que el imputado con una pena menor pueda optar por ser sometido a un jurado popular de estas características; en tanto que también quedaría dentro del dictamen una propuesta de la diputada Elisa Carrió para que estén alcanzados los delitos contra la administración pública, que llevan penas menores a los ocho años.
En cuanto a la integración de los jurados, será por sorteo entre los argentinos de 18 a 75 años y se utilizarán los padrones electorales, en tanto que estarán compuestos con un criterio de paridad de género, con igual cantidad de integrantes mujeres y varones.
La concurrencia de los seleccionados por sorteo es obligatoria y es considerada una carga pública, por lo que se garantiza la protección frente a cualquier incidencia que puedan tener en sus lugares de trabajo (no se les puede descontar el plus por asistencia).
Si bien son varias las alternativas, en la propuesta de Burgos se define como veredictos válidos a aquellos que se arriben por unanimidad. Por otra parte, queda a criterio de las distintas regiones judiciales si a los jurados se les paga una compensación económica.
