La semana pasada el presidente Mauricio Macri dijo que reverá las políticas migratorias para proteger al país de “los que vienen con otras intenciones”. Fue después de la detención de cuatro extranjeros que manifestaban en la puerta del Congreso durante el debate por el presupuesto. Mientras revuelan las ideas de reformular el Código Penal para elevar las penas a los inmigrantes, restringir el ingreso y agilizar las expulsiones, El Ciudadano recuperó las voces referentes de comunidades extranjeras que mostraron su preocupación. El lado B de la Colectividades, que empieza este viernes, es el miedo de que el Estado convierta la xenofobia y la discriminación que viven a diario en leyes.
Perspectivas
“Siento más xenofobia que racismo. Hay menos tolerancia y más desinformación. Dicen que venimos a estudiar y a usar la salud pública y que no hacemos nada, pero no es cierto. Contribuimos al país de diferentes formas. La fiesta de Colectividades no sería posible sin extranjeros”, dijo a El Ciudadano Maxonley Petit, presidente de la Asociación Civil Haitiana. El joven llegó a Argentina hace nueve años desde el noroeste de Haití, cerca de la isla de la Tortuga, para estudiar medicina. En 2016 fundó junto con otros compatriotas la Asociación Civil Haitiana para difundir la cultura de la comunidad. Hasta mayo trabajó como mozo en un restaurant de Pichincha. Renunció por los malos tratos y la discriminación que vivió del dueño y de los clientes. “Me redujeron la jornada y fui el único al que no le aumentaron el sueldo. Los clientes me decían que me volviera a mi casa y muchos me preguntaban si me había escapado de la miseria de mi país. El último año la pasé mal. Ahora estoy buscando trabajo”, dijo.
Petit es uno de los cientos de haitianos que viajan a estudiar fuera del país cuando terminan el secundario. Elijen Venezuela, Canadá o República Dominicana y Argentina por la calidad de la educación universitaria. Cuando él llegó, le costó el idioma pero los compañeros de la facultad lo ayudaron. No lo discriminaron por su color de piel, pero sí por ser de otro país. “Si alguien me dice negro no lo tomó mal. Me duele cuando hablan mal de los extranjeros. Pagamos 6 mil pesos por un documento, sumado al alquiler y los impuestos. En Buenos Aires les cobran más por ser de otro país. Los que dicen que venimos a disfrutar los beneficios empujan a la sociedad a desarrollar xenofobia”, opinó.
“Hace unos años empezamos a salir y relacionarnos con personas por fuera de la comunidad. Eso despertó rechazo. Los comentarios de las notas sobre migraciones siempre hablan en contra de los extranjeros. Si bien algunos pueden entrar en la delincuencia, otros saben del esfuerzo que hacen sus padres y buscan progresar. Somos culturas muy diferentes, pero el intercambio es positivo”, agregó.
Historia conocida
“Nos acusan de quitar una banca en la universidad y en la salud. Pagamos impuestos y aportamos cerca de 2 mil millones de dólares al año en consumo. La crisis nos echa la culpa a los inmigrantes, pero respetamos las leyes y tenemos los mismos derechos”, dijo a El Ciudadano, Roberto Arévalo Moscoso. Es presidente la Asociación de Estudiantes y Residentes Peruanos de Rosario y vive en Argentina desde hace más de cuatro décadas. Llegó desde la ciudad de Huacho, Perú, para estudiar y recibirse de ingeniero agrónomo. Según señaló, el 80 por ciento de los peruanos que viven en el país tienen documento.
Arévalo Moscoso opinó que el gobierno nacional busca chivos expiatorios en los inmigrantes y siente a las políticas antimigratorias como un regreso al pasado. “La ley de residencia de 1902 perseguía a los inmigrantes y los expulsaba sin pasar por la Justicia. Están haciendo lo mismo pero de forma más selectiva. Quieren una policía al estilo norteamericano. El panorama es sombrío y el futuro no es esperanzador”, opinó y aclaró que en Rosario no hay tanta persecución.
Un hogar
“Ellos quieren devolver lo que el país les da. Les dicen que vienen a ocupar un lugar, pero ellos también aportan a la sociedad”, señaló a El Ciudadano, Elsa Rosito. Ella nació en Rosario pero siempre le gustó la cultura brasileña. A los 15 años viajó con su familia a Rio de Janeiro y le encantó. En 1994 fue al Club Argentino Brasileño a estudiar portugués pero no podía pagarlo. Dos décadas después los socios la eligieron como presidenta del club a poco de la crisis de 2001 que los dejó al borde del cierre. En el local de Laprida al 1300 Rosito enseñan idioma, danza y percusión. También ayudarán a los inmigrantes brasileños a hacer trámites para la residencia ya que muchos jóvenes fueron estafados. La mayoría vino a estudiar medicina, pero muchos tuvieron que regresar porque no aprobaron el examen de castellano que les toman desde hace un año. Los altos costos de los alquileres también incidieron. En algunos casos, contaron que las inmobiliarias les exigen pagar una mayor comisión porque no tienen garantías propietarias.
Rosito dijo que hasta el momento no tuvieron denuncias por discriminación, pero temen que las políticas nacionales sobre migraciones agudicen el conflicto. “Estamos preocupados. Nos parece bien que se regularice la situación pero que no se convierta en discriminación. Vamos a defenderlos si los atacan”, opinó.
La presidenta del club destacó la tarea comunitaria que hacen los estudiantes de medicina brasileños. Contó que visitan los barrios para tomar la presión y medir la glicemia gratis. Rosito adelantó que desde el club formarán una comunidad para apadrinar a los nuevos residentes y asesorarlos. “Vamos a estar atentos y a seguir de cerca la situación”, concluyó.
Los mismos derechos
“Todos tienen derecho a entrar al país y a los boliches. No tienen que discriminar ni por el color de piel, ni por el peso, ni la nacionalidad”, dijo a El Ciudadano Stephen Amoakohene, presidente de la Asociación Africana de Rosario, que participará por tercera vez de la fiesta de las Colectividades. En abril denunció que no los dejaron entrar en los boliches o les cobraban de más si les permitían entrar. Fueron hasta la Municipalidad de Rosario y se reunieron con el secretario de gobierno Gustavo Leone y con representantes de los boliches. Llegaron a un acuerdo: Si algún africano es discriminado, llamará al municipio y hará la denuncia. Amoakohene tiene 44 años y nació en Ghana. Hace casi una década que vive en Rosario, con su mujer y sus tres hijos de 15, 6 y 4 años. Fue uno de los primeros africanos en llegar a la ciudad. Vende joyas en la esquina de Rioja y San Martín. Contó que muchas veces las personas lo miran con desconfianza por su color de piel. “Piensan que les voy a robar. Me pasa por soy negro y eso es feo. Me afecta”, agregó.
