Una jubilada de 62 años vivió momentos de verdadera desesperación cuando la semana pasada desde Litoral Gas le cortaron el servicio y le retiraron el medidor. No puede hacer frente a las factura con su magro ingreso. La Multisectorial contra el Tarifazo realizó este miércoles una presentación para que le repongan el servicio y que se le fije una cuota mensual de pago acorde a sus ingresos. Juan Alcaraz, abogado de la ONG, explicó que ya son 10 los casos que resolvieron de esa manera, pero considera que es un intento que hace la empresa de comenzar a cortar el servicio a pesar de que hay un fallo de un juez de Dolores (Buenos Aires) que lo impide. Y aclaró que estos cortes se deben a que, según sus cálculos, tanto Litoral Gas como la EPE tienen un 30 por ciento de morosos.
Alcaraz contó que el caso de la jubilada es significativo. Tiene 62 años y percibe 5.900 pesos de jubilación, ya que de la mínima le descuentan un porcentaje en concepto de moratoria. Además tiene una enfermedad crónica, por lo que cuenta con la ayuda de un hijo para comer y comprar los remedios. Pero las facturas del gas se fueron acumulando. La última que le llegó era por un importe de 5 mil pesos, la anterior por 4.900, por lo que necesitaría casi la totalidad de un ingreso para pagar el gas.
El viernes 8 le desconectaron el servicio y le sacaron el medidor. Le dejaron una notificación en la que constaba la deuda y le pedían que se dirigiera a Litoral Gas.
“Esta actitud es contraria y violatoria de la medida cautelar dictada por el juez federal de Dolores que le impide cortar el servicio por falta de pago”, detalló el abogado.
Este miércoles la ONG presentó un reclamo a la empresa en el que le solicitan que en forma inmediata le reponga el servicio y le restituyan el medidor sin costo alguno a esta jubilada. Además dejaron asentado en el escrito que si no vuelven atrás con la decisión lo van a hacer una denuncia penal en los Tribunales federales por el presunto delito de desobediencia a una orden judicial. También, explicó Alcaraz, comunicarán la situación al juzgado de Dolores, donde en estos casos se aplica una multa que va de los mil a los 100 mil pesos.
Para demostrar la voluntad de pago que tiene la jubilada, Alcaraz ofreció que realizara pagos parciales de acuerdo con su capacidad económica, es decir de unos 500 pesos por mes.
“Demostramos que esta mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad social y económica, presentamos el recibo del haber jubilatorio”, destacó.
Otro caso
Además la Multisectorial presentó otro reclamo. Es por un hombre que tiene una insuficiencia renal terminal, que se realiza diálisis todos los días. Esta semana recibió una intimación de pago de una factura que adeuda, bajo apercibimiento de las acciones para el cobro, que incluyen el corte.
Al igual que en el caso de la jubilada sin recursos, propusieron pagos parciales. No es una novedad. La Multisectorial contra el Tarifazo ha logrado que una decena de personas estuvieran incluidas en esta modalidad.
“Nosotros creemos que esto puede ser una prueba piloto para empezar a cortar el servicio en toda la provincia por falta de pago”, sostuvo Alcaraz. Y avaló su teoría con la cantidad de morosos. “Lo que vislumbro es que Litoral Gas está mandando este tipo de notificaciones por la cantidad de morosos que tiene. Calculamos que Litoral Gas y la EPE deben tener un 30 por ciento de morosos. Es la gente que no puede pagar, ya no es una situación grave, sino angustiante. Las empresas quieren seguir ganando plata al costo de privar a la gente de un derecho humano esencial”, describió.
“Nosotros creemos que esto puede ser una prueba piloto para empezar a cortar el servicio en toda la provincia por falta de pago”, sostuvo Alcaraz.
Fallo
El 21 de mayo pasado, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla ordenó a las distribuidoras de gas de todo el país que se abstengan de realizar cualquier corte o suspensión del servicio por falta de pago, al hacer lugar a un pedido de la Asociación Consumidores Argentinos.
El magistrado dispuso que “todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago”.
Ramos Padilla argumentó que la cautelar pone el foco en “sectores socialmente vulnerables”, a los que los altos montos de las tarifas les “comprometen una vida digna”. Fue al dar por acreditados los presupuestos de la presentación. Este fallo que está vigente es que invocan las ONG de defensa al consumidor para evitar los cortes.
