La decisión del juez federal Gustavo Lleral de cerrar la causa por desaparición forzada en el caso de Santiago Maldonado, sin antes esclarecer las causas que llevaron a su muerte o investigar las presuntas responsabilidades de las autoridades, contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, declaró ayer Amnistía Internacional.
“Para la justicia argentina, nadie es responsable por la muerte de Santiago Maldonado, lo cual resulta inadmisible. Las autoridades judiciales deben asegurar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente para determinar las causas y el contexto de su muerte”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad y enviar una señal sumamente equívoca para los derechos humanos en Argentina”, señaló Guevara Rosas.
“Es imperativo que las autoridades argentinas esclarezcan los hechos, persigan todas las hipótesis que podrían haber llevado a su muerte y cumplan con su obligación de garantizar los derechos de su familia a la verdad, la justicia y la reparación”, dijo la directora de Amnistía.
Finalmente Guevara Rosas señaló que “Las organizaciones de derechos humanos seguiremos haciendo el trabajo de denuncia en casos de violaciones a derechos humanos; es nuestra labor acompañar a las víctimas y exigir que se garantice su derecho a conocer la verdad y a que se sancione a los responsables”.
El 29 de noviembre, el juez cerró y archivó la causa que investiga la muerte y desaparición de Santiago Maldonado. De acuerdo con la resolución, Santiago murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos.
Santiago Maldonado, un joven de 28 años, estuvo desaparecido por 70 días desde el 1° de agosto de 2017 tras la violenta represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad Mapuche Pu Lof, en el Departamento de Cushamen, Provincia de Chubut. Pese a la constatación de que su muerte se dio en el marco de un violento operativo de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la sentencia omite el contexto en el ocurrió su muerte.
