Una protesta de recolectores de residuos, que tuvo lugar en octubre pasado en la puerta de la Dirección General de Higiene Urbana de la Municipalidad, derivó en una investigación penal. La Fiscalía presentó acusación y para este jueves se fijó una audiencia preliminar con los veinte acusados, por el delito de impedimento del normal funcionamiento del transporte por tierra y amenazas coactivas calificadas por el uso de arma, que terminó suspendida a pedido de partes que negocian una salida alternativa al conflicto. Con la buena voluntad de la Fiscalía y la defensa se trata de evitar que quede criminalizada una protesta social y, suponiendo que hubo excesos, se está buscando una salida alternativa, dijo el defensor Gabriel Navas.
En octubre de 2017 un grupo de recolectores de basura llevó adelante una protesta en Pellegrini y Ovidio Lagos durante unas 6 horas. En el cruce de avenidas tiraron gran cantidad de basura generando atascamiento en el tránsito y momentos de tensión con algunos automovilistas.
Según se supo en ese momento, el conflicto surgió entre trabajadores de empresas privadas que recolectaban en bares, clubes y restaurantes y que no pudieron ingresar a la planta de Bella Vista cuando se toparon con recolectores domiciliarios; estos últimos dijeron que los privados estaban tomando servicios y rutas por fuera de las que les correspondían.
Entonces, con los camiones llenos de basura llegaron hasta la Dirección de Higiene Urbana, en avenida Pellegrini y Ovidio Lagos, donde arrojaron todos los residuos. En ese momento el municipio dijo que era un conflicto interno entre gremios y se resolvió unas seis horas después.
Aunque ello no impidió que se iniciara una investigación penal por obstrucción al tránsito, en la que 20 personas fueron imputadas; a uno de ellos se lo sindicó como la persona que le pegó un botellazo a un auto que intentó pasar por el lugar.
La fiscal Valeria Haurigot presentó acusación en contra del grupo de trabajadores pero este jueves, en una audiencia preliminar ante el juez Juan Andrés Donnola, las partes solicitaron pasar a un cuarto intermedio. La fiscal y el defensor están en tratativas de encontrar una salida alternativa al caso.
Navas explicó que, como se trata de una acción sindical y se busca no criminalizar la protesta social, se está viendo la posibilidad de una salida que no sea el juicio oral. Destacó la buena voluntad de la Fiscalía y de la defensa, quienes buscan un punto de encuentro.
El defensor dijo que, suponiendo que hubo algún exceso en la protesta, se busca una salida alternativa para mantener la paz social. Se está evaluando la letra chica del acuerdo y es posible que vea la luz en el mes de febrero, explicó.
