De lunes a viernes, Sergio Arelovich dedica dos horas diarias a leer qué se publicó ese día en el Boletín Oficial de la Nación Argentina. Hace más de treinta años, por distintos trabajos que tuvo, sus tareas se vinculan con la lectura de documentos oficiales: publicaciones impositivas, del Banco Central y legales que salen en el Boletín Oficial. Desde diciembre de 2015, con la asunción de Cambiemos al Poder Ejecutivo, el docente universitario y asesor sindical realiza una tarea fina de lectura diaria del boletín.
Para Arelovich es importante prestar atención a la burocracia estatal porque es «donde se guarda todo, no solo como archivo sino para protección de los propios conflictos y contradicciones que hay al interior de cualquier gobierno». Ve continuidades y rupturas entre gestiones, desde los años de la última dictadura a esta parte y le preocupa que ningún partido político que se diga de izquierda o nacional y popular esté analizando las publicaciones oficiales. «Hay que intentar describir y descubrir», sostiene.
En este sentido, en diciembre de 2015 decidió empezar a publicar en su cuenta personal de Facebook lo que encontraba publicado en el Boletín Oficial. Cuenta con un archivo completo desde esa fecha y lo tiene ordenado por secciones. No siempre lo lee completo, busca lo que interesa. Tampoco comparte en Facebook todo lo que ve, le parece que es muy aburrido y que a nadie le interesa. Sin embargo, hace un recorte y busca que sus publicaciones estimulen el inicio de investigaciones y lecturas de este tipo de informaciones. Para eso, creó la sección «Crema militante» –por los cargos políticos creados– como dato de color y para atraer la atención de sus seguidores. «No es lo más importante que uno encuentra en el Boletín Oficial pero desanda parte de la construcción política que hizo el gobierno de Cambiemos cuando habló de la grasa militante y por eso lo llamo crema militante, lo sigo día a día, tengo nombre por nombre, sé quiénes son la mayoría: más de un 90% de las designaciones se tratan de cargos altos por acomodamiento, no de concursos».
La búsqueda de Arelovich tiene un fin particular: seguir la toma de deuda del Poder Ejecutivo Nacional, «porque sabía que no tenían tanta alternativa que utilizar la deuda como mecanismo para solventar lo que no iban a poder lograr por otra vía».
También hace un seguimiento de las comunicaciones de tipo A del Banco Central. Explica que el ente monetario tiene cuatro clases de comunicaciones y el tipo A representa las cuestiones de fondo. Las mismas salen tardíamente en el boletín. Lo que se encuentra ahí son «las modificaciones de tasas de interés, la flexibilización para la creación de entidades bancarias, la autorización del Banco Central para que los bancos les presten plata a las provincias, con lo cual todo el mecanismo de financiación de provincias a través de títulos públicos está ahí». Al mismo tiempo, en el Boletín se publica la aplicación de todas las leyes que aprueba el Congreso y todas las modificaciones presupuestarias que hace el Ejecutivo: éstas son constantes, afirma alarmado.
Arelovich considera que es un gran error político que los partidos no hagan un seguimiento minucioso del Boletín, porque tiene grandes implicancias para la vida de un país y porque los partidos con representación legislativa tienen los recursos para hacer tal trabajo.
Rupturas y continuidades
Con respecto a la gestión anterior, Arelovich responde que la gran diferencia es «el fuerte peso que tiene la libertad que ha ejercido el gobierno nacional con la deuda». Cuenta que en 1990, como propuesta del Banco Mundial en función del déficit fiscal en toda América Latina, se creó la ley de Administración Financiera de alcance nacional. «A nivel nacional tiene un cláusula que dice que si bien artículo 75 de la Constitución nacional dice que la deuda es resorte exclusivo del Congreso de la Nación puede haber una excepción: que el Poder Ejecutivo trate, contrate, pacte, cancele, etcétera, con organismos multilaterales de pedidos como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Club de París, entre otros». Para Arelovich el enunciado de la ley es un disparate porque si el Poder Ejecutivo asume ese derecho, modifica el presupuesto. Ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández durante sus presidencias hicieron nada con respecto a esta ley: «Es otro disparate porque es un problema muy fuerte, la tendrían que haber tumbado. Al no hacerlo Macri hizo lo que quiso y por eso fue a pedirle al Fondo y por eso después vino la presión, una vez que ya hiciste el arreglo, que tenés el tramite iniciado».
En relación a las continuidades, plantea: «El Congreso en general miró para un costado desde diciembre de 1984 en adelante, respecto a lo que es la cuenta de inversión. Esto es: el Congreso por artículo 75 tiene la obligación de aprobar el presupuesto anual, en Diputados y Senadores, pero una cosa es el deseo de cómo va a ser el presupuesto y otra es su plan de ejecución que en la jerga de las finanzas públicas se conoce como cuenta de inversión. Así como el artículo 75 dice que el Congreso tiene que aprobar el presupuesto, también tiene que aprobar la cuenta de inversión; entonces una vez que se ejecutó el presupuesto hay que mandarlo a la cámara, que tiene que decir si está o no de acuerdo. Desde 1984 el Congreso jamás trató una cuenta de inversión y a los cinco años no se aprueba, queda aprobada en forma ficta». Para Arelovich ésta es de las peores continuidades, porque no se revisa qué fue lo que efectivamente se ejecutó y, si no fue así, dónde se desviaron los fondos.
Convenios público-privados
«El gran cambio que veo en Boletín Oficial, es cómo Cambiemos metió algo que ya existía en los 90 pero que ahora es mucho más grosero, que son los convenios de asociación público-privado. Reitero, ya viene de los 90 pero ahora se flexibilizó más aún y nunca dejó de estar vigente. A mí me hace mucho ruido. La participación público-privada es la forma elegida para este momento de la privatización: no privatizás las empresas públicas pero destruís su capacidad de generación de ganancia con beneficios de las empresas privadas. Es lo que están haciendo con la construcción pública. No es que la obra pública la tenga que hacer solamente el Estado, la puede hacer un privado pero hay que ver en qué condiciones. Terminan tercerizando todo, facilitando la reproducción de la presencia privada en el negocio y eso es una gran ruptura. No es que antes no se hacía pero las condiciones en las cuales se otorgan ahora son realmente alevosas», detalló. El problema, nuevamente, es que el Congreso no dice nada al respecto. Posiblemente, desliza, porque no se enteraron ya que nadie se toma el trabajo de analizar las informaciones oficiales: «No pueden enterarse a los cinco años cuando hagan una investigación arqueológica, nos están llevando por delante. Tienen que actuar desde su lugar».
Por último, se refirió a la ley de convertibilidad que se aprobó en 1991 y “sigue vigente”. «Todo el mundo piensa que la convertibilidad es el uno a uno. Esa es una parte de la ley, pero lo más importante es el reconocimiento del derecho de conversión que significa que si querés, y sin necesidad de tener una obligación de moneda extranjera, podés ir al banco y comprar dólares. El kirchnerismo no lo tocó, lo reforzó». Según Arelovich, «la que puso las cosas en su lugar» fue Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del Banco Central durante el kirchnerismo, al plantear la necesidad de poner una restricción a la compra de dólares. Para el actual gobierno, voltear esta medida fue “muy fácil porque tan solo era un comunicado del Banco Central”, concluyó.
