Por Gimena Fuertes / Tiempo Argentino
Referentes de las fuerzas políticas con representación parlamentaria advierten que la ola de denuncias por abuso sexual en la política va a crecer gracias a habilitación social del tema. El viernes pasado diputados del oficialismo y la oposición firmaron un compromiso para que los partidos elaboren protocolos de género para tramitar éste y otro tipo de denuncias de violencia machista. Mientras que la izquierda fue pionera en el planteo feminista intrapartidario, organizaciones con inserción territorial como La Cámpora y el Movimiento Evita cuentan con protocolos e instancias de formación interna. En tanto, el radicalismo y el PRO apuestan a las reformas partidarias que traerá la paridad, como instancia de incorporación institucional de la perspectiva de género.
Atrás quedaron las excusas, dentro de las fuerzas políticas, que proponían callar para no perjudicar a la organización. Las palabras de Thelma Fardín impulsaron a las víctimas a denunciar al senador bonaerense camporista Jorge Romero y al radical pampeano Juan Carlos Marino. Ambas organizaciones, a los extremos de la brecha, expulsaron a los denunciados y se pusieron a disposición de las víctimas. Sin embargo, hasta el momento, los dos parlamentarios siguen en sus bancas.
El cimbronazo interno que produjo a La Cámpora la denuncia contra Romero, entre otras, provocó una respuesta orgánica. Además del comunicado oficial de repudio al acusado y a toda forma de violencia machista, este sábado se realizó una asamblea de mujeres de la agrupación.
“Es un espacio para pensar qué organización queremos para poder militar cómodas y seguras”, explicó Mayra Mendoza a Tiempo Argentino. “Queremos una estructura de funcionamiento que no replique el sistema de dominación patriarcal, con prácticas de violencia machista. Este es nuestro objetivo y fue planteado por las nuevas generaciones. Es la demanda de las más jóvenes y lo plantean con mucha contundencia. No podemos dejar de escucharlas porque pretendemos ser una herramienta de organización popular que está al servicio de las trasformaciones. Las nuevas generaciones realizaron una revolución para la evolución”, definió la diputada.
Por su parte, la radical Brenda Austin ratificó la posición del partido que fue “no poner en cuestión la confianza en la palabra de las mujeres que se animan a denunciar”. “Está el camino judicial, donde se tramitará la denuncia, pero además está el respaldo que necesita una víctima de abuso desde el momento en que se anima en ponerle palabras. Desde la Juventud Radical pedimos que Marino se acerque ante el tribunal de ética del partido. Y también le solicitamos que se presente ante la Justicia, donde tiene que rendir cuentas”, relató la diputada.
Sin embargo, también advierte la necesidad de que su partido tenga “herramientas más ágiles para actuar, como lo son los protocolos y ámbitos para mujeres o personas en situaciones de abuso que puedan sentirse respaldadas para llevar a delante la denuncia”.
Austin le tiene fe “al impacto que tendrá la ley de paridad partidaria, que ya fue reglamentada, y que obliga a los partidos políticos a cambiar su estructura”. Lo que devendrá en un eventual cambio de la Carta Orgánica del centenario partido. “Además del armado de las listas, la transformación de la cultura policía del país se hace cambiando la lógica de los partidos sentando a las mujeres en los lugares de tomas de decisión”.
Por lo pronto, los encuentros transversales de mujeres del radicalismo ya empezaron y tienen el objetivo de llegar a marzo con la propuesta ante el partido de un protocolo elaborado en base a experiencias locales y producción universitaria.
Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita, también apuesta a la incorporación de mujeres en los lugares de toma de decisión y relata la experiencia de los “binomios de conducción” que se implementaron en los distritos territoriales. “Se apuesta a romper con el concepto de dueñidad que tienen los compañeros sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y que se traslada sobre el movimiento político. Se crearon los binomios para lograr que funcione de modo paritario la toma de decisión. Así lo decidimos en plenarios que hicimos en todo el país”.
Araceli explica que el asesinato de Micaela García, cuyo nombre bautizó la reciente ley que propone formación de género para todos los funcionarios del Estado, sacudió mucho al movimiento. Asegura que en su organización hay denuncias y que cuentan con un protocolo de intervención. “Ante el vendaval de denuncias las fuerzas políticas vamos a tener que estar preparadas para dar este debate porque van a saltar cosas que estaban guardadas. Se van a abrir diques en todas las organizaciones”, adelanta.
“El Evita es una fuerza que se animó a mirarse para adentro y se animó a tomar este tema con todo lo contradictorio y conflictivo que es. El uso político que se pueda hacer desde afuera para atacar a la organización a partir de una denuncia de abuso sexual es una excusa de los compañeros que quieren priorizar la organización por encima de las denuncias de las compañeras”, sentenció la militante.
La diputada correntina y secretaria nacional de las Mujeres del PRO, Sofía Brambilla, asegura: “Detectar violencia de género dentro los partidos políticos nos agarró de sorpresa a todos”. “Es necesario crear instancias claras y fáciles para que se pueda acudir a las autoridades partidarias”.
“Nos cuesta llegar a los espacios de toma decisión por el hecho de ser mujeres. Quedan copados por los hombres. No es sólo un cambio de horario en las reuniones políticas sino de distribución de las tareas de la casa para que podamos militar”, sostiene.
La legisladora correntina, titular de la única instancia orgánica relacionada a las cuestiones de género, asegura que no ha recibido ninguna denuncia hasta el momento. Sin embargo, sostiene que existe la necesidad de elaborar un protocolo para identificar situaciones de abuso sexual en el partido e intervenir. “Tenemos un estatuto y un tribunal de disciplina, órgano que deberíamos adaptar a esta nueva situación que nos surge como sociedad. Es necesario que el tribunal de disciplina tenga las herramientas para poder responder”.
Al igual que la UCR, el PRO deberá reformar su carta orgánica para incorporar la paridad. “Sería una buena oportunidad para incorporar una cláusula para el tribunal de disciplina y un protocolo de actuación ante situaciones de violencia. Nos juntamos algunas mujeres a conversar, pero nos falta reunirnos con las autoridades partidarias”, relató Brambilla.
Cecilia Moreau, del Frente Renovador, destacó el comunicado firmado por 80 diputados de todos los bloques que propone la elaboración de protocolos. La legisladora relató que dentro del massismo no existe un protocolo todavía. “No vamos a empezar una cacería mediática. Queremos justicia y no escraches. El mejor camino es la justicia. Por eso se acompaña a hacer la denuncia. Si no, sin eso, nos quedamos en el escrache”.
Por su parte, Myriam Bregman cuenta que en el PTS no tienen “la cantidad y gravedad de las denuncias que hay en otros lados”. Su explicación es ideológica. “No venís a militar a la izquierda por arribismo o para llenarte de guita”, argumenta. “Sin embargo, no estamos exentos del machismo y tenemos los mismos problemas que tiene la sociedad”, sostiene. “No hay que menospreciar la política. Los protocolos son necesarios –los tenemos y los usamos- pero la gran herramienta de trasformación es pelear por una sociedad sin ningún tipo de explotación ni opresión. Eso va formando otro tipo de militante”.
El 64% dice haber sufrido acoso
La violencia machista, con sus múltiples formas, se volvió el eje del debate público argentino a partir de la oleada de denuncias de acoso y abuso sexual presentadas en los medios masivos por el colectivo Actrices Argentinas. La consultora D’Alesio Irol y Berenztein realizó un sondeo online que recopiló 700 casos a nivel nacional. El primer dato relevante de la encuesta es el siguiente: el 64% de las mujeres aseguró haber sufrido alguna forma acoso o de abuso.
A la hora de desglosar esta cifra global, dentro de ese 64% hay un 40% que sostiene que lo padeció en la calle, una cifra similar que dice haberlo sufrido en el transporte público, un 20% que sostiene que le ocurrió en el trabajo, un 19% en su propio hogar, y el 11% restantes en otros lugares.
La tendencia general, y quizás esto explique lo explosivo del cambio, es que la mayoría no realizó ningún tipo de denuncia, según la encuesta. Sólo el 17% de quienes afirmaron haber sufrido abuso o acoso presentaron una demanda formal. Lo más mayoritario fue el buscar ayuda profesional, respuesta que dio el 43%; luego le siguió el entorno familiar, con 32%; y hay un 35% que no hizo absolutamente nada.
La denuncia pública realizada por el colectivo de las actrices disparó un debate sobre la pertinencia de acompañar la demanda judicial con el escrache público. Respecto de este punto específico, 52% se pronunció a favor y un 48% en contra. En este caso, la respuesta incluye a hombres que también fueron consultados. Dentro del 52% que se manifestó a favor de la exposición pública de la denuncia, un 40% sostuvo que respalda la acción siempre y cuando haya habido una denuncia judicial previa.
