El muchacho de 23 años que era buscado desde hace dos meses por su participación en la primera saga de balaceras mafiosas –que entre mayo y agosto de este año arremetieron contra edificios del poder judicial y ex viviendas de funcionarios– fue formalmente imputado este miércoles en una audiencia donde se le dictó prisión preventiva sin plazo.
Los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional habían ordenado su captura el 22 de octubre pasado luego de realizar casi una centena de allanamientos y de secuestrar de su domicilio un auto robado un mes antes. Allí llegaron por el dato de un testigo de identidad reservada quien señaló al joven de haber participado en la logística de una de las balaceras contra la fachada de la casa ubicada en Zeballos al 2500 el 26 de julio último. Esa noche impactaron ocho balazos calibre 9 milímetros contra el frente de la vivienda donde reside un perito balístico, quien contó que le había comprado la casa hacía casi 40 años a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, una de las magistradas que integró el tribunal que condenó a la banda Los Monos.
En la investigación de ese ataque, los pesquisas fueron en busca de Guillermo Eduardo V., de 23 años, y allanaron su domicilio en octubre. No lo encontraron pero sí secuestraron en el lugar un auto que había sido robado en septiembre. Hasta este lunes 24 de diciembre, que el joven cayó en un control de rutina en Chacabuco al 2200.
Este miércoles por la tarde, durante la audiencia imputativa, el fiscal Aníbal Vescovo lo acusó de encubrimiento agravado por el auto robado hallado en su casa y por “participación primaria” en el ataque a balazos contra la casa de Zeballos 2575.
Según la acusación, Guillermo V. pasó en auto minutos antes del atentado, y luego de los tiros, volvió a pasar por la puerta de la casa para corroborar la concreción del ataque, calificado como daños y amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por el uso de arma de fuego y por estar dirigidas a miembros del poder público provincial.
Otras dos personas (Lucía U. y Matías C.) ya habían sido imputadas por su participación en la elaboración y concreción de ese ataque, cuya autoría intelectual se le atribuyó a Ariel Máximo “Guille” Cantero. El líder de los Monos fue imputado por ordenar esa balacera desde la cárcel, además de otras seis de las casi veinte que se cometieron entre el 29 de mayo y fines de agosto pasado.
Los ataques contra viviendas habían menguaron a fines de agosto pero a partir del 10 de diciembre pasado tuvieron un rebrote con un nuevo ataque al Centro de Justicia Penal y los Tribunales provinciales. Luego fue la segunda balacera contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Concejo Municipal de Rosario. El último que se conoció fue, en un domicilio de Ayacucho al 1400, ubicado a metros de la casa del gobernador Miguel Lifschitz y de la sede de la Policía Federal. Este ataque fue desvinculado por los investigadores como parte de la saga y atribuido a un problema interpersonal.
La respuesta del Ministerio de Seguridad de Santa Fe fue inmediata con el cambio de la cúpula de la Policía provincial. Maximiliano Pullaro corrió de su cargo al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Corbellini y nombró en su lugar a Marcelo Albornoz, ex jefe de la Unidad Regional IV de Caseros. También relevó a la cúpula de la Unidad Regional II que estaba integrada por el director general Juan Pablo Bengoechea y su segundo, Claudio Romano. En sus lugares designó a Marcelo Gómez (ex titular de la Regional VII de General López) y a Carina Degrá, ex jefa de la Di-visión Operaciones de Rosario.
