Lucía Uberti está embarazada de 6 meses. Al cuidado de su madre quedó su hijo de 2 años. La joven está involucrada en una serie de atentados contra domicilios de funcionarios y edificios del Poder Judicial. Para la Fiscalía su aporte fue asistencia logística, inteligencia y facilitamiento de su auto. La defensa pidió un arresto domiciliario porque aseguraron que su bebé no está creciendo correctamente y su otro hijo necesita de su presencia. La Fiscalía se opuso y el juez no hizo lugar al reclamo pero dispuso la inmediata remisión de la mujer al médico forense para determinar su estado de salud y del bebé. También pidió determinar cual es la necesidad de atención que requiere y una opinión sobre el lugar de detención en el que debería cumplir la prisión preventiva. Lucía lloró desconsolada. Pidió por su bebé: “Quiero terminar el embarazo bien por lo menos estos tres meses que me quedan”. También aseguró que nunca tiró tiros y no hizo nada, reconoció que tuvo «una mala junta» pero no sabe por qué le «dicen tantas cosas».
Detenida desde finales de agosto, es la segunda vez que Lucía Uberti pide un arresto domiciliario. En la primera oportunidad, la defensa hizo eje en su hijo de 2 años pero no alcanzó el fundamento. Esta vez le sumó que el embarazo que cursa la joven viene con dificultades en su evolución. La abogada Romina Bedetti explicó que su clienta necesita atención médica inmediata y tenía una orden para realizarse una ecografía desde principios de mes, pero el Servicio Penitenciario no la trasladó. Aseguró que detectaron que el bebé no crece como corresponde y tampoco fue llevada al dentista, a pesar de una infección en una muela que también puede afectar el embarazo, dijo.
Explicó que Uberti además sufre de presión alta y le sangra a menudo la nariz. “En el lugar de detención no la atienden como corresponde”, describió Bedetti, a lo que sumó que es una presa considerada de alto perfil, lo que agrava su situación. También contó que días atrás fue golpeada por otra interna en medio del pabellón, lo que visibilizó con los rasguñones que tenía en el cuerpo. La defensa pidió un arresto domiciliario en la casa de su madre: “No por Uberti sino por el niño por nacer”.
Rol protagónico
La Fiscalía se opuso al pedido. Explicó que Uberti es considerada partícipe de los ataques y se le otorga un rol protagónico en la organización de las diferentes balaceras que se hicieron en domicilios de jueces y edificios del Poder Judicial; explicaron que fue la organizadora de varios de los ataques.
Para los fiscales tomó parte en los ataques a las sedes del Centro de Justicia Penal y del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Montevideo al 1900. También de los tiroteos contra domicilios vinculados con la jueza Marisol Usandizaga, quien fue una de las integrantes del tribunal que condenó a muchos de los integrantes de la banda de Los Monos, en Zeballos al 2500, Dorrego al 1600, Libertad al 300 y Buenos Aires al 1700. Además se le achacó el ataque a una propiedad en Tarragona al 700 vinculada con la camarista Carolina Hernández y otra en San Luis al 1400, domicilio relacionado con su par Gabriela Sansó.
Ambas magistradas fueron parte del tribunal que confirmó muchas de las condenas impuestas a miembros de la banda de Los Monos. Otro de las imputaciones está vinculada con la aparición de dos granadas de mano y una del tipo candela que se encontró en la PDI junto a un cartel que decía: “Dejen de entrar a casas que nada que ver y encerrar gente inocente”.
En la audiencia estuvo en pleno la Unidad de Gravedad Institucional que se creó para investigar estos hechos. Se sentaron los fiscales Nicolás Foppiani, Aníbal Vescovo, Matías Edery y Miguel Moreno. Este último explicó que para la acusación no es conveniente que el niño esté al cuidado de su madre y comentó algunas de las evidencias que se encontraron en su teléfono celular. Hay un video que se obtuvo de su aparato donde se la ve a bordo de su vehículo haciendo tareas de inteligencia, filmando el frente del edificio del MPA junto a su hijo, que va del asiento delantero sin protección, explicó el funcionario.
«Célula narcoterrorista»
Moreno ventiló algunos datos más de situaciones que se dieron cuando ya estaba embarazada, por ejemplo un mensaje de texto o fotos referidas al consumo de sustancias prohibidas. Y sumó que no está acreditado con certificado médico que el bebé esté en peligro. El médico que hace la constancia habla con un familiar, no vio a Uberti y manda a hacer la ecografía, describió.
Foppiani agregó que las cuestiones subjetivas no fueron acreditadas. «Estamos en un peligro procesal extremo, se le atribuyeron 10 atentados contra miembros del Poder Judicial y se acreditó que se vanagloria de poder matar a la persona que desee, que manipula armas de fuego y trafica drogas en lugares cercanos a su domicilio», aseguró. Agregó que en la misma causa existen hechos que faltan imputar a Uberti y personas prófugas, “que están sindicados como miembros de la célula narcoterrorista que integra Uberti”, aseguró.
La defensa insistió con el pedido y ejemplifico con el otorgamiento de arresto domiciliario a las madres lactantes que fueron imputadas por asociación ilícita del grupo comandado por Alexis Caminos en el barrio Municipal.
La acusada
Lucía dijo que llevaba a su hijo a todos lados: «Lo llamo de la unidad y llora, y cuando es la visita él llora. Quiero terminar el embarazo bien, por lo menos estos tres meses que me quedan. Yo nunca tiré tiros, ni hice nada.
Y agregó: “No tengo antecedentes, tengo estudios, siempre trabajé en blanco. Yo los entiendo, yo tengo una junta mala”. De los 18 a los 22 convivió con su pareja y vivió fuera de la ciudad, dijo. Cuando se separó se puso a trabajar vendiendo ropa, añadió y de inmediato se preguntó: “No sé por qué dicen tantas cosas”.
El juez Alejandro Negroni pidió que la Fiscalía tome nota de los malos tratos que denunciaron Uberti y su defensora en la audiencia tanto del Servicio Pentenciario como de otra interna. Dijo que ya hubo un juez de primera instancia que rechazó un pedido de arresto domiciliario y no puede revisar esta decisión y entendió que respecto de las cuestiones vinculadas con la salud la herramienta más útil para el caso hubiera sido un habeas corpus.
El juez rechazó el pedido defensista al no tener elementos suficientes, pero autorizó un urgente examen forense para saber cuáles son las reales condiciones de salud de Uberti y su bebé, y si el curso del embarazo puede continuar en condiciones de detención o sugerir en caso contrario en qué lugar puede continuar cumpliendo prisión preventiva.
También pidió saber si la Unidad Penitenciaria Nº 5 cuenta con enfermería y obstetricia y, en su caso, se informe los controles realizados a Uberti. Igualmente, dejó autorización para la realización de cualquier estudio o examen necesario y urgente, previa orden médica, y ordenó que se le otorgue atención odontológica.