El gobierno nacional impuso un cambio en la regulación de la tarifa de gas que terminarán pagando los usuarios y por eso las Defensorías del Pueblo de todo el país coincidieron, a través de un comunicado, en reclamar que se dé marcha atrás con esa modificación.
El tema se resume así: la Secretaría de Energía redujo el plazo en el que las distribuidoras le tienen que pagar el fluido a las petroleras que lo producen. De 75 días, lo bajó a un mes. Las segundas aplaudieron, pero las primeras pusieron el grito en el cielo porque como cobran a los hogares, comercios e industrias 60 días después de comprar el insumo y ese desfasaje les cargará un costo financiero extra. El área que comanda Gustavo Lopetegui tomó rápida nota de la protesta corporativa y resolvió con la lógica de siempre: que pague el consumidor final.
La propuesta oficial para salir del atolladero con las corporaciones afines a la gestión Cambiemos –tanto generadoras como distribuidoras– es un aumento extra en las boletas de los usuarios que se agrega al tarifazo del 35 por ciento promedio anunciado a fines de 2018 para el año en curso. Y así, descargar el costo financiero de la nueva metodología sobre el último, y más débil, eslabón de la cadena.
La cristalización del aumento sobre el tarifazo tiene fecha: febrero, cuando se fijen los precios del servicio para el invierno. Antes, la asociación de Defensorías del Pueblo, Adpra, solicitó públicamente que la nueva regulación de la compra de gas de distribuidores a productores no derive en cargos o costos extras en las tarifas. Exigieron una audiencia pública antes de cualquier definición y adelantaron que se reunirán con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) el próximo 12 de febrero.
La misma lógica de cortar por el eslabón más débil
El proyecto de reducir los plazos de pago de las distribuidoras de gas (en el caso de Santa Fe, Litoral Gas) a sus proveedoras para sortear posibles saltos en los tipos de cambio –las tarifas están dolarizadas– como el del año pasado cosechó el beneplácito de la CEPH, la cámara que nuclea a las mayores generadoras, como la estatal YPF, PAE y Tecpetrol. El enojo provino de la otra parte, en la que se cuentan Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Eco Gas. Argumentaron que compran unos 5.000 millones de pesos mensuales de gas a las petroleras y estiman que la reforma las obligará a financiar 2.000 millones. El Ejecutivo nacional propuso, entonces, la misma fórmula que usó en otras controversias: que paguen los usuarios.
