Por: Ezequiel Nieva
Fue el tema que desató la controversia política de la semana: la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario. Entre chicanas, quejas, advertencias y denuncias, oficialismo y oposición volvieron a enfrentarse luego de que el Ejecutivo diera a conocer la decisión de concesionar en forma directa la explotación –y el mantenimiento– de la única autopista con peajes de la provincia a favor de la UTE conformada por Supercemento y Edeca SA: Consorcio Vial SA.
La salida de Aufe –empresa con la que, según el propio ministro Antonio Ciancio, el gobierno estuvo negociando hasta diez días antes del final de la prórroga, que venció el pasado lunes 28– fue un dolor de cabeza para el socialismo; a las críticas de todos los sectores del PJ se sumaron la de sus socios radicales, que se manifestaron molestos porque se enteraron “por los medios” de la decisión del gobierno.
El tema tuvo sus rebotes en la Legislatura: el líder del bloque kirchnerista de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, intentó juntar los votos necesarios para interpelar a Ciancio. La ecuación oficialismo-oposición no le alcanzó; no obstante, el diputado opositor acordó con sus pares de la UCR y del socialismo convocar al funcionario a una reunión el próximo 28 en la Presidencia de la Cámara baja. La citación, votada el jueves por todos los bloques, incluye un cuestionario con 13 preguntas elaboradas por Rubeo, que eran la base de su pedido de interpelación.
Entre otros puntos, Rubeo quiere que Ciancio explique el motivo de las demoras en la confección de los pliegos, lo que originó la necesidad de las dos prórrogas que operaron a favor de la empresa Aufe. También las causas que llevaron al gobierno provincial a otorgarle dos aumentos de tarifas a una empresa cuyo período de concesión ya tenía fecha de vencimiento. Hay que recordar que, en menos de un año, Aufe duplicó la tarifa del peaje.
Además, Rubeo quiere que el ministro de Aguas y Servicios Públicos explique ante los legisladores los términos del acta acuerdo por la cual se eximió a Aufe de toda responsabilidad por los incumplimientos contractuales: los más graves pasan por las obras que la ex concesionaria debió hacer –entre otras colectoras nuevas en los ingresos a Rosario y a Santa Fe– y que no hizo.
Uno de los aspectos que más enardeció a la oposición fue la afirmación de Ciancio en la última reunión que mantuvo con los diputados en la Presidencia de la Cámara; allí, el ministro aseguró que, a la salida de Aufe, la provincia se iba a hacer cargo –a través de una Unidad Ejecutora– de la explotación de la autopista. Sin embargo, continuó la negociación con la empresa y, como no hubo acuerdo, se decidió la concesión directa a favor de Consorcio Vial SA. El gobernador Hermes Binner explicó a su regreso de Uruguay que la idea fue “no cargar” más de responsabilidades a la provincia.
Rubeo también le preguntará a Ciancio por el respaldo jurídico con el que dice contar el gobernador para conceder la autopista en forma directa y si esa decisión no viola los deberes del funcionario público. Y, luego, bajo qué procedimiento administrativo se llevó adelante la denominada “compulsa de “empresas a la que hizo mención Ciancio cuando explicó el mecanismo que derivó en la concesión directa.
Más adelante, Rubeo pregunta en qué momento el gobierno se contactó con las dos empresas beneficiadas y cuáles fueron los pormenores de esas negociaciones. También si estas empresas –o alguna de ellas– tiene relación contractual con la provincia. Y si Supercemento o Edeca tiene o tuvo relación contractual con Aufe. Luego, si al momento de la elección se tuvo en cuenta la posibilidad de priorizar la participación de empresas del medio local.
Las últimas tres preguntas del diputado kirchnerista: “Qué quiere significar el señor ministro (Ciancio) cuando expresa que la nueva contratación será en las mismas condiciones que la anterior”.
“Por qué la negativa del ministro de enviar a la Legislatura los pliegos de bases y condiciones” de la futura concesión, que ya fueron publicados. Y por último: “Quién sería jurídicamente responsable por eventuales siniestros que pudieran suceder en el espacio concesionado durante el transcurso de los 180 días de la contratación directa”.
Entre los fundamentos del proyecto de Rubeo, se puede leer: “Desde agosto de 2008, cuando el gobernador aumentó por primera vez el peaje de la autopista, advertimos que el gobierno no tenía plan alguno respecto de la principal ruta de la provincia. La única intervención que tuvo el gobierno en estos dos años y medio respecto de la concesión de la autopista fue concederle dos aumentos, que llevaron el precio (del peaje) de 1,80 a 3,50 pesos”.
Por último, Rubeo deslizó sus dudas sobre la forma en que Binner y Ciancio manejaron el tema: “No podemos menos que sospechar de una actitud solapada del gobierno. Creemos que, tanto por la cuestión de fondo como por los oscuros procedimientos, se hace necesario interpelar al ministro Ciancio en la Cámara de Diputados y exigirle una explicación pública de su comportamiento”. El diputado opositor no logró que sus pares voten por la interpelación, pero igual Ciancio deberá dar explicaciones en la Legislatura.
