Por Sebastián Ortega/Cosecha Roja
El oficial Héctor Montenegro pasó la madrugada de año nuevo en la comisaría del barrio Borges de Santiago del Estero. Aunque estaba de servicio al mediodía volvió borracho a su casa. Discutió con su pareja, Celeste Castillo, la mató de dos tiros con su arma reglamentaria y se suicidó. Ella tenía 25 años; él 24. Ese crimen fue el primer femicidio del año. En enero 26 mujeres, travestis y trans fueron asesinadas en contextos de violencia machista. Una cada 29 horas.
La cifra es alarmante pero no sorprende. La tasa de femicidios se mantuvo relativamente estable en los últimos tres años. Los datos varían según cada informe: ante la ausencia de estadísticas oficiales son las organizaciones feministas las que relevan los asesinatos en contextos de violencia de género. Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven en el primer mes de 2019 hubo 28 femicidios y travesticidios. Un leve aumento respecto al año anterior, donde contabilizaron 22 femicidios. “Es preocupante. Estamos en un contexto de emergencia. En los tres primeros años de gobierno de Cambiemos hubo 895 femicidios”, explicó a Cosecha Roja Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio.
¿Cuáles son las responsabilidades estatales en los femicidios? “El primer Ni Una Menos, del 3 de junio de 2015, sucedió entre las elecciones presidenciales primarias y las definitivas que ganó Macri. Durante ese proceso hubo un montón de anuncios: el gobierno nunca asignó un presupuesto acorde a la violencia machista”, explicó Vivanco. Entre las posibles políticas públicas enumera: campañas de sensibilización y visibilización, para desnaturalizar muchas de las prácticas violentas, abordaje integral con profesionales capacitados y capacitadas en derechos humanos de las mujeres, la creación de hogares refugio para víctimas, programas de vigilancia electrónica para monitorear a los agresores, patrocinio jurídico especializado y promoción del trabajo de mujeres en situación de violencia para que puedan romper la relación de dependencia económica con sus agresores, entre otras.
El 12 de enero Susana Yas fue asesinada a golpes en el ascensor de un edificio de Mar del Plata. La mujer tenía 77 años y vivía con su marido, también jubilado, que sufre mal de alzheimer. Los investigadores pusieron la lupa sobre el entorno familiar de la mujer y siguen la pista de una disputa económica. Durante los 31 primeros días del año otras dos mujeres mayores de 60 años fueron asesinadas por familiares en contextos de violencia machista económica.
Los femicidios de adultas mayores son más frecuentes de lo que parece: el 9 por ciento de las víctimas en 2018 tenían más de 60 años. En 2017 se registraron 20 femicidios de adultas mayores. En el 40 por ciento de los casos el principal sospechoso es el esposo o la pareja, y el 20% el hijo. El 85% de los crímenes se cometió en la vivienda de la víctima o la compartida.
Joselin Nayla Mamaní tenía 10 años. El 7 de enero fue asesinada de 32 puñaladas en su casa de Longchamps. La principal pista apunta a un femicidio vinculado: el principal sospechoso es la ex pareja de la mamá. Según datos del Observatorio de Femicidios de Mumalá en 2018 hubo 26 femicidios vinculados: cuando un hombre asesina a un familiar o persona cercana a la mujer a la que pretende causarle un daño o cuando la víctima es una persona que intentó evitar un femicidio.
A Gissella Solís Calle la buscaron durante 13 días. El 29 de enero encontraron su cuerpo enterrado a la vera del Camino Negro, a la altura de Villa Elisa, en las afueras de La Plata. El supuesto asesino es su pareja, Abel Casimiro Campos, quien también tenía una esposa e hijos con los que vivía en Lobería y se suicidó antes que lo atrapara la policía. Unas horas después del hallazgo del cuerpo de Gisella, a 1800 kilómetros de ahí, Valeria Coppa -40 años, dos hijos, enfermera especializada en salud mental- se encontró con Mariano Cordi, con quien había mantenido una relación de cuatro meses, en los jardines de la Catedral de Bariloche. El encuentro fue breve. El sacó un arma calibre 22 y le disparó en la cabeza. Ella murió a la medianoche en el hospital.
Gisel Romina Varela, de 33 años, agente de la Policía Local de Mar del Plata, fue asesinada de dos disparos mientras esperaba el colectivo en el centro de Mar del Plata. Por el crimen está detenido su ex pareja Sergio Alejandro Cejas, que tenía una orden de restricción de acercamiento. Carla Soggiu, de 28 años, madre de dos hijos de 2 y 4 también había denunciado a su ex pareja Sergio Nicolás Fuentes: él estuvo un tiempo detenido por secuestrarla en su propia casa, golpearla y violarla. A ella le dieron un botón antipánico. El martes 15 de enero Carla activó dos veces el botón. Habló con un operador de la Central de Alarmas de la Policía de la Ciudad.La comunicación se cortó y no se supo más nada de ella. Cuatro días después su cuerpo apareció flotando en el Riachuelo: no la encontró la policía, la encontró un trabajador de limpieza.
La lógica de los crímenes de Gisel y Carla se repite: alrededor del 20 por ciento de las víctimas había denunciado previamente a su victimario y el 13 por ciento tenía alguna medida judicial de protección (restricción de acercamiento y/o botón de pánico).
Las cifras sobre femicidios en el país varían según cada informe. En Argentina no hay registros oficiales sobre femicidios. Ante la ausencia de estadísticas oficial son las propias organizaciones las que deben llevar adelante el relevamiento con información extraoficial, como publicaciones en los medios. “Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia hacia las mujeres y la visibilizamos desde las organizaciones. Sin un mapa de situación no se pueden pensar políticas públicas”, explicó Vivanco.
