La provincia de Santa Fe solicitó en reiteradas oportunidades permiso para iniciar la producción de cannabis para la salud a través de los laboratorios públicos. La misma fue denegada por las autoridades, las mismas que hoy permiten a una empresa de Estados Unidos instalarse en territorio nacional para producir aceite: ¿cuál es el criterio de selección utilizado por el Estado para tomar estas decisiones?
Bajo el título «Cannabis para la salud: capitales extranjeros y angustia nacional», la agrupación Mamá Cultiva emitió un comunicado para expresar su postura.
«Ante la noticia de la instalación de un laboratorio que producirá cannabis medicinal con capitales mixtos en la provincia de Jujuy (en la cual la protesta social ya desactivó un intento de cultivo privado con exportación), expresamos nuestra preocupación respecto de varias cuestiones:
1. Celebramos que se inicie la producción de cannabis para la salud en el país. Como venimos sosteniendo, la misma debe tener tres patas: producción pública, aporte privado regulado y autocultivo para quienes así lo deseen. Pero nosotras y nuestres hijes no queremos hacer (ni ser) negocios para nadie. Queremos lo que estamos pidiendo desde que iniciamos nuestra labor, un Estado que pueda garantizar el acceso a la terapia con cannabis para quienes lo necesiten.
2. Se destaca el beneplácito y aprobación del Ministerio de Seguridad de la Nación, y se omite y minimiza la participación de la Secretaría de Salud, ex Ministerio, autoridad de aplicación de la ley 27350 de cannabis medicinal. EL CANNABIS PARA LA SALUD DEBE SER UNA CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA PORQUE NO SOMOS CRIMINALES, sin embargo, no son los organismos sanitarios los que lideran la instalación del laboratorio mitad público-mitad privado. Esta actitud por parte de nuestros representantes reafirma la postura punitivista hacia quienes cultivamos para mejorar nuestra calidad de vida.
3. Hace un año venimos recibiendo noticias y rumores acerca de la explotación de cultivos en la provincia de Jujuy. Sin embargo, seguimos sin saber para qué se cultiva, a quiénes está destinada la producción y con qué criterio se realizará la distribución o qué papel juega la Secretaría de Salud.
4. Mientras se desprecia y menoscaba la experiencia de excelentes cannabicultores solidaries que nos enseñaron amorosa y desinteresadamente a conocer a la planta, mientras se los persigue y estigmatiza, se beneficia a los amigos del poder: el gerente de la empresa Cannabis Avatara Sociedad del Estado no es otro que el hijo del gobernador de la provincia, Gerardo Morales.
5. Mamá Cultiva Argentina integra el Consejo Consultivo que contempla la ley 27350, el cual solo se reunió una vez, en el año y medio que la misma lleva reglamentada. Ante esta noticia nos preguntamos si no hubiera sido pertinente la consulta y asesoramiento de dicho Consejo, que sigue sin funcionar.
6. La provincia de Santa Fe solicitó en reiteradas oportunidades permiso para iniciar la producción de cannabis para la salud a través de los Laboratorios Públicos. La misma fue denegada por las autoridades, las mismas que hoy permiten a una empresa norteamericana instalarse en territorio nacional para producir aceite: ¿cuál es el criterio de selección utilizado por el Estado para tomar estas decisiones?
7. En materia sanitaria, las acciones son insuficientes: el estudio del Hospital Garrahan que se anunciara con bombos y platillos hace pocos meses solo incluyó hasta el momento a 21 niñes con epilepsia refractaria, en un estudio con una sola variedad de aceite (importado). Los resultados del mismo estarán disponibles recién dentro de dos años. Pocos casos y una sola cepa de cannabis: otro desaprovechamiento de recursos, mientras miles de personas con diversas patologías son ignoradas.
8. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación allana y encarcela a pacientes que, ante la falta de respuesta del Estado, emprenden el camino del autocultivo. Quienes debieran cuidarnos nos ponen en peligro y nos impiden ejercer nuestro derecho a la salud.
No queremos vivir en la ilegalidad. Queremos una ley que se cumpla, que se pueda mejorar, que nos proteja. Por eso luchamos desde hace más de dos años, y por eso seguiremos peleando, mientras abrazamos y contenemos a quienes se acercan a nosotres con la desesperación y la angustia que sus padecimientos traen.
Hoy, miles de personas continúan arriesgando su libertad en busca de autonomía sanitaria, recurriendo al mercado negro para aliviar su dolor. Queremos que la legislación se cumpla y los contemple, queremos que se escuche nuestra voz, que se tome en cuenta nuestra experiencia y nuestro aporte. Queremos transparencia, no negociados. Nuestra salud no debe, no puede, ser la ganancia de unos pocos.
