El miércoles 6 de febrero se reiniciaron las audiencias de la causa conocida como Feced III. El juicio contra parte de la patota que operó en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario durante la última dictadura cívico militar se inició el 5 de abril de 2018 y había sido suspendido tres veces. La megacausa lleva el nombre Agustín Feced, ex comandante de Gendarmería que asumió el control de la policía local en aquella época.
En mayo de 1977, la dictadura genocida secuestró a ocho miembros de la comisión directiva de la Biblioteca Vigil. Estuvieron detenidos y fueron torturados durante meses. La causa Vigil está dividida en dos expedientes. Uno es sobre los delitos cometidos contra la vida donde se investigan los secuestros y torturas de 1977, que forman parte del juicio.
Feced III
La megacausa Feced incluye 155 violaciones a los Derechos Humanos.
Hasta el momento, ya declararon las personas sobrevivientes a los tormentos y ahora comenzó la etapa de declaración de los familiares directos para poder completar la información. La Justicia imputó a Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Ugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y el sacerdote Eugenio Zitelli que murió el 30 de marzo de 2018. Los delitos incluyen privación ilegítima de la libertad, amenazas, asociación ilícita, tormentos y abuso sexual, todos en forma agravada y en la categoría de delitos de lesa humanidad. No prescriben.
Por otra parte, la causa Vigil juzga los delitos económicos contra la entidad, donde todavía no hay nadie imputado. «En el marco de probar las ocho privaciones ilegítimas de la libertad agravada y aplicación de tormentos, establecemos el contexto histórico que es imposible de deslindar de estos delitos contra la vida porque constituyen una única conducta cometida contra la institucion Vigil como tal», explica Gabriela Durruty, abogada que forma parte de la querella. Los delitos económicos incluyen robo calificado, extorsión, estafas y otras defraudaciones. Tampoco prescriben por haber sido cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Todavía no se avanzó en esta causa.
«A diferencia de todo el resto de los delitos de lesa humanidad que estamos investigando en la jurisdicción, en el caso de Vigil no terminaron en el 83. Cuando se recupera la democracia en lugar de investigar los hechos cometidos por los sucesivos interventores de la dictadura, lo que hacen es ratificar las cuentas de la dictadura, aprobarlas y continuar con esa liquidación que recién terminó en 2004 cuando los socios recuperan la institución», relata la abogada.
«Mi papá no figura en la lista de desaparecidos pero las torturas que le cometieron fueron una manera de desaparecerlo».
En el reinicio de declaraciones hablaron testigos de la intervención militar que sufrió la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil el 25 de febrero de 1977. En mayo de ese año, ocho miembros de la comisión directiva fueron secuestrados y sometidos a torturas durante meses. Uno de ellos fue el síndico Francisco Routaboul. Su hija, Alejandra, declaró por primera vez ante un tribunal el pasado 6 de febrero.
La emoción desborda cada oración de Alejandra. No le dan las palabras ni el tiempo para poder contar todo lo que quiere decir sobre La Vigil. Conoció la institución a los 10 años, a través de su papá que trabajaba de vender la famosa rifa por todo el país. Cursó ahí la secundaria, fue la tercera promoción de esa escuela. Lo cuenta con orgullo. El diploma se lo entregó su papá en el acto de colación donde también estuvo presente Rubén Naranjo.
Habla de la guardería, el jardín de infantes, la escuela primaria y secundaria, la editorial, los espacios recreativos dentro y fuera de la ciudad, la mutual, la universidad popular, los intercolegiales de deportes, el grupo coral, el teatro… «La Vigil era muy grande. Es difícil contarlo y tener una hilación. Fui descubriendo y creciendo dentro de ese lugar que para el barrio era un faro de luz y después también para la ciudad y el país. La truncaron pero es una obra a nivel educativo y cultural que yo no reparo que haya habido otra que la haya igualado por todo lo que abarcaba», cuenta Alejandra.
Para ella esa institución a la que la acercó su papá es sinónimo de solidaridad, de trabajo en equipo y de pensar en el otro. Se recuerda feliz por esos años. Confiesa que decidió dedicarse a la docencia gracias a algunos maestros que conoció ahí, y que durante sus años frente al aula intentó generar la misma empatía: «Un niño debe aprender y pero también lo debe hacer feliz y eso nos hacía Vigil».
Alejandra recuerda a su papá como «un animal político». La institución fue uno de los grandes sentidos de vida de Francisco Routoubal. Su compromiso fue aumentando cada vez más y al momento de la intervención militar, trabajaba como vendedor de las rifas, síndico e integrante de la comisión directiva y jefe de personal. Una madrugada de mayo los militares irrumpieron en su casa. Él no estaba. Alejandra sí, y enumera: miedo, angustia, desesperación, no saber qué va a pasar. Les dejaron una cédula y dijeron que se presentara en jefatura.
Así lo hizo junto con otro compañero de la comisión directiva. Los dejaron secuestrados hasta fin de año. En el transcurso sufrieron las torturas cometidas por los militares bajo el nombre de «interrogatorio». Una vez liberado, bajo amenazas, Francisco cayó en una fuerte depresión. «Nunca volvió a ser el mismo, el papá que yo conocí. Teníamos muchos discusiones porque yo quería que se pusiera bien y veía que hacia un esfuerzo enorme y no podía».
«Durante los llamados interrogatorios, muchas veces lo dejaban sentado en un banco escuchando los gritos y los alaridos de los demás. Todo esto no lo sé por mi papá, él nunca nos contó, lo sé por sus amigos y compañeros porque lo venían a ver a mi casa. Una vez que salió quedó con una depresión muy grande. Intentó reinsertarse en el campo laboral pero no sólo los torturan física y psicológicamente: le destruyeron uno de los motivos de su vida que fue la construcción colectiva de Vigil para él y mucha gente que se también se quedó sin trabajo por eso. Éramos una gran familia en La Vigil».
Francisco falleció a los 50 años, apenas asumía la presidencia Ricardo Alfonsín. «Mi papá no figura en la lista de desaparecidos pero las torturas que le cometieron fueron una manera de desaparecerlo. Las secuelas de la dictadura son muy crueles y horroriza. No se puede dimensionar. Uno habla de 30 mil pero son más porque como mi papá muchos habrán sufrido el después y muchos pudieron sobrevivir para contarlo y armar el rompecabezas aunque faltan nietos y cuerpos por aparecer. Falta memoria por pedir y refrescar, falta mucho por resarcir, curar y sanar. Mientras no se haga justicia con todas las cosas aberrantes que hicieron, este país no va a sanar y la grieta va a ser cada vez más profunda. Hay gente que no quiere saber lo que pasó», cuenta aunque reconoce el trabajo de abogados, jueces, periodistas y gobernantes que se pusieron al hombro la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.
«A los jueces les pedí que haya justicia. Eso fue reparador: que alguien me y nos escuche. Era una necesidad hablar ante un tribunal». Habla de las compañeras y compañeros que también declararon, en la importancia de saberse acompañada en ese momento. «Cada uno cuenta cosas diferentes y bloqueamos cosas diferentes y a cada uno nos atravesó de formas distintas pero el amor por Vigil es el mismo y sigue intacto. Creo que por eso hay tanta gente que sigue esto tan de cerca y seguimos pidiendo que se repare este genocidio cultural que sufrió la Constancio C. Vigil», concluye.
