El Tribunal Supremo abrió este martes en Madrid el histórico juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, justo cuando la cuestión catalana tiene la política española patas arriba y amenaza con precipitar las elecciones.
Los acusados aparecieron sentados en cuatro banquetas ante los siete jueces, en una primera sesión en la que sus abogados presentaron el juicio como un proceso políticamente sesgado.
«La causa atenta contra la disidencia política», afirmó Andreu van den Eynde, abogado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, para el cual la fiscalía pide 25 años de cárcel.
El proceso, retransmitido en directo por televisión, podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy.
La sentencia no se conocerá antes de julio.
Además de Junqueras, están acusados la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, varios ex ministros regionales y los responsables de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.
Para ellos la fiscalía reclama entre 7 y 17 años de cárcel.
Nueve de ellos están acusados de rebelión y, como Junqueras, llevan meses en prisión preventiva.
El gran ausente es el principal protagonista del intento de secesión, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, que desde un viaje a Berlín calificó como un «test de estrés para la democracia española».
Más duro todavía fue su sucesor al frente de la región Quim Torra, que acudió a la primera jornada del juicio en Madrid. Es una «vergüenza indigna del siglo XXI en Europa», «un juicio que no se tendría que haber producido nunca en un estado que quiere considerarse democrático».
Ante estos ataques constantes, el gobierno español mantenía su campaña diplomática destinada a defender el prestigio de las instituciones del Estado.
«Estas personas no están ahí por lo que piensan, sino por lo que han hecho», dijo en un encuentro con la prensa en Bruselas el encargado de negocios de la embajada de España, Jorge Notivoli Marín.
La violencia, concepto clave
Tras organizar el 1 de octubre de 2017 un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia española, los separatistas catalanes proclamaron unilateralmente el 27 de octubre una república independiente.
La cuestión clave en el juicio será la violencia, el concepto que según el Código Penal español sustenta el cargo de rebelión.
La fiscalía estima que la hubo, ya que los acusados animaron a votar en el referendo «siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas».
Los independentistas, que piden la absolución de los acusados, destacan que no se utilizaron armas y argumentan que los violentos fueron los agentes de policía que aquel día echaron mano de porras, pelotas de goma y empujones para tratar de impedir la consulta.
Hay «una sensación de absurdo, porque tenemos la convicción de que los delitos tan graves que nos imputan no se han cometido. La violencia necesaria para justificar estos delitos no ha existido», comentó a AFP uno de los acusados, el ex consejero catalán de Justicia Carles Mundó.
El sentimiento era similar en Barcelona, donde partidos y asociaciones separatistas lanzaron un ciclo de protestas iniciado con una discreta manifestación en la céntrica plaza Cataluña con 6.000 asistentes, según la policía municipal, lejos de los cientos de miles que convocaban años atrás.
«Es todo una invención, una manipulación. Aquí no ha habido ningún tipo de violencia», decía indignado Josep Parera, un técnico comercial de 60 años.
La cuestión genera controversia incluso entre los juristas hasta el punto de que los abogados del Estado, que también ejercen la acusación, han presentado el cargo de sedición, que conlleva penas de reclusión menores al de rebelión y no conlleva violencia.
¿Elecciones a la vista?
Coincidiendo con el inicio del juicio, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, minoritario en el Parlamento español, defendía este martes su proyecto de Presupuestos del Estado para 2019.
Sánchez, en el poder desde hace ocho meses, apostó por esos presupuestos para mantener en pie su gobierno y agotar la legislatura a mitad de 2020.
Pero se ha topado con la negativa de los partidos independentistas catalanes, que le han venido exigiendo negociar el derecho de autodeterminación, una línea roja para Madrid.
«Este gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie», dijo María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ante la cámara.
A la presión de los separatistas se añade la de la oposición de derecha, que el domingo sacó a decenas de miles de personas en Madrid para acusar a Sánchez de «traidor» por dialogar con los independentistas.
El juicio brindará por cierto una tribuna política al partido ultraderechista Vox, que gracias a una particularidad del sistema jurídico español, podrá ejercer la acusación popular.
