El presidente Mauricio Macri anunció este jueves lo que llamó «alivio» para las economías regionales: una reducción de los aportes patronales a la seguridad social por medio de la fijación de un mínimo no imponible para esos tributos: los empleadores no tendrán que abonarlos para los sueldos de hasta 17.500 pesos, y esto a partir de marzo próximo.
La novedad, comunicada en tiempos de números rojos de producción, empleo y consumo –también preelectorales–, despertó reacciones encontradas: cámaras empresarias como UIA, Sociedad Rural y Came, aplaudieron la medida. Desde el lado de los trabajadores, la opinión es distinta: se desfinancia, aún más, la Seguridad Social, y no apuntala lo que el gobierno pone como objetivo, el blanqueo laboral. El temor, desde ese lugar, es que se alimente la insustentabilidad del sistema y ello sirva como argumento para avanzar en una más dura reforma del régimen de jubilaciones.
«Decidimos aumentar el mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. Con ésto, se benefician 19 mil empresas en todo el país, con 200 mil trabajadores», dijo Macri en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Y prometió que «más trabajadores pasarán a la formalidad». A su lado estaba el ministro de la Producción, Dante Sica, coautor de la medida y blanco de las cada vez más insistentes quejas empresarias en el paisaje de recesión.
El presidente se rodeó de referentes empresarios para el anuncio, aunque no precisamente de las pymes que –enfatizó– prioriza la decisión. Estaban Miguel Acevedo, titular de la UIA, sus pares de La Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, y de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni.
«Espero que sea también un primer paso de una serie de medidas para reactivar las economías regionales», dijo Funes de Rioja. “Era una materia pendiente para las retenciones a las exportaciones”, agregó Pelegrina. Díaz Beltrán, titular de Came –mediana empresa– calificó la medida como «una herramienta para fomentar la competitividad y generar más y mejor empleo». El agrario Achetoni celebró el ingreso a la agenda oficial de «políticas públicas diferenciadas y específicas». Hasta ahí, las voces de los que van a aportar menos desde marzo.
La otra parte de las contribuciones a la seguridad social sale del salario de los trabajadores. La medida anunciada este jueves no la modifica. Tampoco compensa el financiamiento que se pierde por el lado del empleador.
«Claramente, significa una quita de fondos para la Seguridad Social. Estamos diciendo que los recursos son insuficientes y que el sistema es deficitario para justificar propuestas de rebaja de las jubilaciones o modificación de la forma de calcular los haberes, y al mismo tiempo le quitamos recursos», marcó la contradicción el abogado laboralista Jorge Elías.
«Es una exención a los empresarios para no aportar sobre los sueldos más bajos. Un beneficio que implica que el trabajador será el único que soporte el financiamiento del sistema», que va a reducirse, abundó Elías, asesor de varios gremios, ante la consulta de El Ciudadano.
Tres razones
Otro de los argumentos oficiales que desmontó el abogado laboralista es el de la mejora en la calidad del empleo. «El que tiene la gente en negro, que disfruta de ello y no le importa el riesgo que corre, no va a registrar un empleado». Y lo fundamentó. «Primero, porque desconfía de que mañana no le repongan los aportes. Segundo, porque es un negocio redondo no pagar nada, tener la gente sin anotar para disponer de ella con facilidad. Y tercero, porque el empleo en negro es hijo de la economía en negro: el que regulariza a un empleado debe justificar de dónde saca la plata para pagarle el sueldo. En cambio, el que lo tiene sin registrar vive en la absoluta clandestinidad».
Elías, incluso, expresó el temor de que las consecuencias de la medida apuntale las intenciones oficiales, reclamadas con énfasis por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Esto es, elevación de la edad jubilatoria y vuelta a un sistema de capitalización individual –las famosas AFJP– conviviente con el actual de reparto solidario. También, sobre la avanzada pro-empresaria de Cambiemos: «Ahora van a intentar una reforma laboral para abaratar los despidos. Está claro. Todavía no se animaron a hacerlo».
