Habitantes de unas 20 ciudades y comunas santafesinas, junto a pares de otras cinco provincias más la ciudad de Buenos Aires, coincidieron en el encuentro convocado en la localidad de Arroyo Leyes para debatir los efectos ambientales y sobre la salud del uso intensivo de agroquímicos, propio del modelo de producción agrario hegemónico en la Argentina.
Uno de los ejes de la reunión, el domingo pasado, fue la exigencia de una nueva ley provincial de fitosanitarios que regule las fumigaciones aéreas y terrestres en los alrededores de los centros urbanos. La norma vigente en Santa Fe data de mediados de la década del 90. Más allá del tiempo pasado desde su promulgación, su obsolescencia está dada en que fue redactada apenas se produjo el ingreso en el país de la soja transgénica, que rápidamente ocupó un lugar central en el sistema de producción agrario avanzando sobre otros cultivos y superficies destinadas a ganadería, además de ocupar áreas de vegetación autóctona desmontada.
El lema de la reunión explicitó el otro tema central: «Encuentro de vecinos fumigados y agroecología». El objetivo fue demostrar, dijeron los participantes, que hay otro modelo rural que le permite a los productores obtener ganancias y sostener los cultivos sin afectar la salud de los habitantes ni comprometer el medio ambiente.
Una ley para revisar
La ley que regula la aplicación de agroquímicos en Santa Fe es la 11273, sancionada en 1995. Fue reglamentada dos años después por el decreto 552. Los vecinos fumigados sostienen que debe reformularse la normativa en base a la información científica hoy disponible. Desde que la redactaron, a su vez, su objeto de aplicación mudó dramáticamente: el uso de biocidas aumentó el mil por ciento en el país.
Los vecinos fumigados pusieron en entredicho la determinación del nivel de toxicidad de los agrotóxicos habilitados en el país. En especial, el de uso más extendido, el herbicida glifosato, del que se aplican anualmente en la Argentina alrededor de 250 millones de litros. El método usado es el de medir la letalidad del producto suministrado de una vez y en alta concentración, conocido como DL50. No responde a la exposición real que sufren los aplicadores y vecinos, que es crónica y a baja concentración.
Los organizadores del encuentro recordaron que la Agencia Internacional del Cáncer (Iarc) clasifica como «porbable cancerígeno». El Senasa, organismo encargado de las autorizaciones en el país, lo considera como Banda Verde (“producto que normalmente no produce peligro”). Lo hace en base a estudios presentados por el propio fabricante original (Monsanto), cuestionado judicialmente en otros países. Otro de los cuestionamientos es que se opera sobre los estudios al principio activo en solitario, siendo que su aplicación es en un caldo con otros químicos cuya posible interacción no se tiene en cuenta.
De Santa Fe y otras provincias
A la convocatoria de Arroyo Leyes, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Fe, asistieron vecinos de las localidades santafesinas de Rosario, San Justo, Marcelino Escalada, Cañada de Gómez, Hersilia, Santo Tomé, Totoras, Bombal, Santa Fe, San Javier, San Carlos Sur, Rincón, Casilda, María Juana, San Jorge, Piamonte, Zenón Pereyra, Los Zapallos, Andino y Ceres. Se sumaron pares santiagueños de Bandera, entrerrianos de Paraná y Oro Verde, bonaerenses de San Andrés de Giles, porteños, , cordobeses de Inriville y catamarqueños de San Fernando del Valle.
Los metros que separan salud de enfermedad
La ley santafesina de 1995 obliga a distanciar las fumigaciones de los centros urbanos 500 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 para aéreas. La misma distancia se debe respetar “cuando en las inmediaciones del o los lotes a tratar existieren centros educativos, de salud, recreativos o habitacionales”.
Los vecinos reunidos este domingo destacaron el problema que atraviesan unas 700 escuelas rurales santafesinas, sometidas periódicamente a fumigaciones en sus alrededores, incluso cuando con estudiantes y docentes dentro de los establecimientos.
El otro modelo, con tres millones de hectáreas en el país
Los Vecinos Fumigados señalan que la Argentina es el segundo país en el mundo en cantidad de superficie trabajada en forma orgánica: son aproximadamente 3.000.000 de hectáreas, aseguran.
La ley nacional 25.127 de fomento y promoción de la agroecología y la resolución 232/2018 del Ministerio de Agroindustria promueve esta práctica en aquellas regiones en que sea necesaria la reconversión productiva y especialmente en las que las condiciones ambientales así lo requieran.
Los organizadores del encuentro en Santa Fe reiteraron que la producción agroecológica de alimentos es de de bajos costos de insumos –menos biocidas y fertilizantes– y no genera impacto negativo en el ambiente, la biodiversidad y la salud humana. No es sólo la producción, aclararon. El sistema se complementa con el concepto de comercio justo. Redes de consumidores y productores conscientes que ofrecen ventajas: producción de alimentos cerca del lugar de consumo con baja de costos de fletes y creación de vínculos de confianza y compromisos entre las dos puntas de la cadena, en la que se reduce la posición de los intermediarios.
