El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, recibió este viernes en Rosario a representantes de cooperativas provinciales de servicios públicos, quienes manifestaron la situación de desigualdad que sufren las subdistribuidoras de servicios de gas natural frente a las distribuidoras, lo que las ha llevado a ver incrementados de manera importante sus costos y, en muchos casos, a endeudarse para poder continuar funcionado. Lamberto se comprometió a reiterar ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) el pedido de un trato igualitario en cuanto a los derechos y las obligaciones.
De la reunión con el defensor participaron María Delia Elías, de la Cooperativa Setubal de la ciudad de Santa Fe, y en representación de la Cooperativa Coperaña de Carcarañá María Victoria Noriega y su presidente, Horacio Olsina. Estos, quienes también forman parte de la Federación de Subdistribuidores de Gas (Fesubgas), expresaron que las cooperativas deben pagar al distribuidor el gas comprado en el plazo de siete días, cuando ellas perciben de los usuarios el cobro por el servicio en un plazo muy superior al mismo. Esta situación provocó que algunas de las subdistribuidoras de gas vieran incrementados en el año 2018 sus costos en concepto de intereses por sumas de 3.978.000 y 2.346.710 de pesos.
Los representantes de las cooperativas consideraron que esto representa un trato desigual respecto de las distribuidoras, ya que estas últimas pagan a los productores el gas comprado en un plazo de 75 días, situación que debería ser análoga a la de las subdistribuidoras.
Otra cuestión que remarcaron es que el Estado nacional asistió a las distribuidoras para abonar sus deudas por el gas comprado a productores, pero no hizo lo propio con las subdistribuidoras. También expresaron que las obligaciones en cuanto a la calidad y seguridad del servicio son las mismas para las cooperativas que prestan el servicio que para las grandes distribuidoras, pero los ingresos derivados de tarifas aprobadas en revisión tarifaria integral no resguardaron los márgenes brutos de las subdistribuidoras, por lo que muchas de ellas se vieron obligadas a liquidar activos o endeudarse con el fisco o proveedoras para cumplir con sus obligaciones.
Finalmente, afirmaron que las cooperativas que prestan el servicio no cuentan con la posibilidad de efectuar cargos tendientes a destinar lo producido en obras, situación que sí se observa en el caso de las distribuidoras.
En base a todo lo expuesto, el defensor del Pueblo se comprometió a requerir al Enargás, en la audiencia pública que se realizará el 26 de febrero, como se hizo en las anteriores oportunidades, “un trato igualitario en cuanto a los derechos y obligaciones de las cooperativas que prestan el servicio de distribución de gas natural por redes respecto de las grandes distribuidoras, fundamentalmente haciéndose lugar a la modificación del reglamento de distribución respecto al plazo de pago y el reemplazo de la tasa por mora actual por la tasa pasiva del Banco Nación para plazo fijo”.
