Tras 48 horas en las que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla fue protagonista excluyente de la agenda política, en las que se explayó largo y tendido en el Congreso, amplió la acusación formal contra Marcelo D’Alessio y llamó de nuevo a indagatoria al fiscal federal de la causa fotocopias Carlos Stornelli, el gobierno nacional retomó la iniciativa: justo en el ingreso al fin de semana se anunció a través de los portales de los principales diarios porteños la presentación del juicio político contra el magistrado, el mismo que hurga en una red de espionaje ilegal con participación de funcionarios políticos y judiciales, además de legisladores y periodistas.
Según la información dada a conocer por el Ejecutivo de Cambiemos, el próximo lunes el Ministerio de Justicia va a presentar un expediente en el Consejo de la Magistratura de un jury que busca la remoción de Ramos Padilla, conocido en las últimas semanas por la causa D’Alessio, una asociación ilícita dedicada a la extorsión que fue denunciada, en primera instancia, por el productor rural Pedro Etchebest, y a quien luego se sumaron otros denunciantes.
De acuerdo con la versión de la cartera que conduce Germán Garavano, el escrito se presentará ante Juan Bautista Mahiques, representante del Ejecutivo ante el organismo encargado de designar y remover a los magistrados federales, donde el presidente Mauricio Macri no tiene mayoría propia.
“Creemos que lo que hizo ahí fue un caso evidente de mal desempeño de sus funciones, y por eso consideramos que debe dejar su cargo”, dijo Clarín que le dijo un funcionario del Ministerio de Justicia para explicar la decisión oficial, en referencia a las cinco horas en que Ramos Padilla habló ante los legisladores de la oposición –Cambiemos declinó escucharlo– en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación.
Le atribuye el macrismo al magistrado una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.
“No sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”, añadió, en referencia a que la Fiscalía Federal de Dolores dictaminó que Ramos Padilla era incompetente para actuar en el caso Etchebest.
Pide al Consejo el gobierno que investigue si Ramos Padilla incumplió deberes, al argumentar que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”. Y agrega que el magistrado afirmó “como verdaderos extremos de la investigación que, conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”.
Garavano puso entre los fundamentos también “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal” y dijo que el magistrado demostró una “evidente finalidad política” al solicitar colaboración “a dependencias a las que no correspondía”, como la Comisión Provincial por la Memoria, que apoyó en un informe la teoría del juez sobre una red de espionaje ilegal con apoyo estatal, en lugar de a dependencias oficiales.
El pedido de jury se hará tres días antes de una nueva exposición de Ramos Padilla, prevista para el jueves próximo, cuando hablará a puertas cerradas ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
«No voy a declarar»
El falso abogado Marcelo D’Alessio se negó nuevamente a declarar. Lo hizo en una ampliación de indagatoria que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le tomó por video conferencia desde el penal de Ezeiza, donde está detenido, con prisión preventiva, procesado como integrante de una asociación ilícita dedicada, entre otras cosas, el espionaje ilegal.
El juez le informó al falso abogado sobre los nuevos hechos: la operación contra el supuesto arrepentido de la petrolera venezolana PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, las investigaciones ilegales contra periodistas y personajes de la farándula, las maniobras para perjudicar a abogados de imputados en la causa de las fotocopias de los cuadernos e incluso a un ex funcionario del anterior gobierno, presiones para inducir la declaración del financista Leonardo Fariña, espionaje sobre un piloto de avión peruano supuestamente contrabandista o narcotraficante y sus andanzas en Rosario.
