Se perdieron más empleos en la construcción –se habla de 5 mil puestos–, de la mano de una sensible baja en la obra pública, área en la que a pesar del discurso oficial, existen recortes y retrasos en los plazos de ejecución.
Las transferencias de la Nación a los distritos pasaron de un tiempo promedio de 60 días a 90 o 120 días en algunas provincias, y en el caso del pago a las constructoras, “demoran 60 días”, sostuvieron a BAE Negocios fuentes de empresas en la Cámara Argentina de la Construcción.
“Es impensado que la actividad vuelva a impulsarse por lo que veremos un empeoramiento, y será muy grave en distritos como la provincia de Buenos Aires y en especial, el conurbano bonaerense”, expresaron directivos de la CAC|.
Esta coyuntura ya provocó un debilitamiento en la cadena de pagos debido al freno o la desaceleración de los proyectos en marcha. Otro elemento que conspira en contra es el constante aumento de los precios de los materiales: en febrero último las ventas cayeron un 13,2%. “Todavía se ve el efecto grave de la devaluación porque no es algo inmediato.
El traslado se seguirá notando un tiempo más”, señalaron desde el sector. En ese marco, en el primer bimestre del año, el Indice Construya acumuló un descenso de 16,8% en comparación con el mismo período del año anterior.
Muestra de la crisis del sector fue una solicitada de la Cámara Salteña de la Construcción, donde anunciaron la “inevitable” disminución o paralización de obras en curso, “con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales”.
Los empresarios explicaron que están afectados por la inflación y el retraso de los pagos, algo por lo que aseguran que hicieron las gestiones ante organismos nacionales y provinciales: “No hemos obtenido ni respuestas ni soluciones”.
En el comunicado de la Cámara Salteña de la Construcción explican que muchas obras “pudieron terminarse con los aportes de fondos propios realizados por las empresas constructoras”, en muchos casos recurriendo a financiamiento bancario. “Pero nuestra capacidad para continuar financiando la obra pública está agotada”, afirmaron las constructoras de esa provincia.
