Hace un año, siete jóvenes denunciaban torturas físicas y psicológicas propinadas por una veintena de policías tras una detención ilegal en las Cuatro Plazas. La causa derivó en la imputación de diez uniformados, de los cuales solo dos fueron pasados a disponibilidad. Este miércoles, la medida cautelar que pesaba sobre ambos, pasar a firmar cada 15 días por el Ministerio Público de la Acusación, se suavizó por pedido de la defensa pese a la oposición de las víctimas –representadas por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH)– y de la fiscal de Violencia Institucional. Ahora podrán presentarse a firmar cada 60 días por resolución de la jueza Melania Carrara.
“Nos preocupa que a un año de la violencia policial sufrida por siete jóvenes la investigación no avance sobre los hechos y los agentes que faltan imputar. En cambio, a 12 meses de los hechos solo tenemos una audiencia para revisar una medida cautelar”, lamentó la abogada de la APDH Julia Giordano quien ejerce la querella junto a Federico Pagliero.
En ese sentido la letrada explicó que los agentes de las Fuerzas no están acusados por todos los hechos cometidos, ni están imputados todos los efectivos que participaron de las torturas. “Fueron hechos de tortura. Y son parte de la política represiva del Estado provincial. No se trata de hechos aislados sino de una represión ilegal que se ha vuelto sistemática, lamentablemente en democracia”, resaltó.
Según la denuncia, la madrugada del viernes 23 de marzo de 2018 la policía detuvo a siete jóvenes sin causa en la Cuatro Plazas, donde estaban sentados después de volver del Parque Scalabrini Ortiz. Sasha, un técnico electrónico de 22 años, llevó la peor parte: lo golpearon hasta desfigurarlo, le cortaron las rastas que lucía hasta la cintura con un cuchillo y le dispararon con munición antitumulto en las pantorrillas cuando intentó escapar de la agresión. Otro policía, dijo después, le apuntó con su arma reglamentaria pero se contuvo ante los gritos del resto de los chicos, que también recibieron golpes.
La única chica del grupo recibió, además del ensañamiento físico de los policías, la violencia simbólica de varios de ellos: le dijeron que era “la puta del barrio” y la acusaron de vender droga en la zona. Los jóvenes estuvieron desde las cuatro de la madrugada hasta las ocho de la noche del viernes esposados en la comisaría 14ª. La detención cesó cuando la defensora oficial Maricel Palais llamó al fiscal Fernando Dalmau, quien en ese momento intervino.
