Una ley cajoneada, una ley frenada, pero que lucha por salir. La ley de alquileres y su sanción involucra a más de 8 millones de personas, que podrían mejorar ostensiblemente su calidad de vida, más en un momento tan complicado del país y en un sector tan castigado como el de los inquilinos.
El jueves, después de larga espera, de idas y vueltas, se trató nuevamente el tema en la Cámara de Deputados de la Nación dentro de un paquete de leyes incluidas en una sesión especial, que obligan a tener los dos tercios de los votos para aprobarse.
“La votación fue de 104 votos a favor y 89 en contra pero no alcanzó para reunir los dos tercios y por ende quedamos a la espera de una nueva sesión especial o que la ley pueda avanzar en la comisión de legislación general, buscando poder bajar nuevamente al recinto”, explicó Ariel D’Orazio, de la Concejalía Popular de Rosario.
“Como presentamos en simultáneo el proyecto también se empezó a tratar en comisiones en la cámara de senadores. La idea fue que ambos puedan avanzar, más en este año que es tan complicado siquiera conseguir quórum”, añadió, y reconoció que someter la ley a votación en esta circunstancia en diputados “era un riesgo conocido por la necesidad de contar con los dos tercios”.
“Pero necesitábamos que se discutiera y agradecemos de la preocupación de quienes analizaron y votaron a favor. Lamentablemente no hubo respaldo del gobierno nacional”.
En este caso D’Orazio dejó muy en claro el resultado de la votación en un hilo en twitter en el que detalla el sufragio de los representantes santafesinos, así también como los que directamente no participaron de la sesión.
Entre los punto claves a tratar en el proyecto se encuentran un índice que promedia el coeficiente de variación salarial. “Es necesario eliminar indexaciones arbitrarias. Se podría crear un valor de referencia nacional para los alquileres.”, explicó D’ Orazio.
Otro de los puntos que es muy costosos para los inquilinos es el pago del API, por eso con la sanción de la ley se busca que el impuesto pase a órbita del propietario. Lo mismo pasa con las expensas extraordinarias, muchas veces tienen un alto costo, y debe hacerse cargo el inquilino.
Si bien no forma parte de este proyecto, otro reclamo histórico es pedir la eliminación o reducción sustancial de la comisión inmobiliaria, que muchas veces se transforman en gastos exorbitantes a la hora de mudarse.
En otro orden, desde la Concejalía Popular también reclamaron la implementación de viviendas públicas para los inquilinos y un registro de contrato de locación, donde se puedan subir todos a una página para saber quiénes son todos los participantes.
“Por último pedimos un impuesto a la vivienda ociosa, porque son casas o departamentos cerrados que provocan el incremento del metro cuadrado de las casas en alquiler”, concluyó D’Orazio.
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