El Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó en parte la apelación presentada por el ex presidente Ignacio Lula Da Silva. De esa manera, redujo este martes por la tarde la pena original de prisión de 12 años y un mes a ocho años, diez meses y 20 días. La decisión le permitiría al ex mandatario pasar en septiembre a un régimen de reclusión semiabierto o a arresto domiciliario.
En su mayoría esa corte coincidió en que corresponde aplicarle una pena de ocho años y diez meses, lo que permitiría que recupere la libertad parcial en setiembre próximo. La defensa alegó, entre otros motivos, la nulidad completa de la condena a la que le atribuyen vicios de origen, como haberse apoyado en delaciones de arrepentidos en lugar de fundamentarse en pruebas fehacientes.
La falta de pruebas se agravó en 2018 cuando nuevos documentos ratificaron que el ex presidente no era el dueño del departamento, el cual fue entregado como garantía por una empresa constructora
Los abogados resaltaron además que Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero por un mismo acto y, por eso, la pena debería ser al menos reducida. Asimismo, subrayaron que las decisiones judiciales tuvieron un objetivo político: evitar que Lula pudiese volver a la Presidencia en las elecciones de octubre de 2018, para las cuales era el candidato favorito.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT), está preso en Curitiba desde el 7 de abril de 2018. En dos instancias judiciales anteriores, fue hallado culpable de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá a cambio de garantizar a la compañía contratos con la petrolera estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010). El ex presidente siempre se declaró inocente y alegó que las acusaciones contra él eran parte de una persecución política para impedir que la izquierda regresase al poder.
