Los abogados laboralistas hemos sido y somos vilipendiados, injuriados y atacados de las más diversas maneras por los gobiernos neoliberales como el actual, con consecuencias dramáticas en el último golpe cívico-militar que interrumpió la democracia y produjo un verdadero genocidio en nuestro país hace más de cuarenta y cuatro años. Por eso siempre recordamos el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado (el 6 de Julio) y del Abogado Laboralista (el 7 de Julio). Ambos fueron instituidos tomando como paradigma y referencia histórica la denominada “Noche de las corbatas”, que aconteciera en la ciudad de Mar del Plata durante los días 6, 7 y 8 de julio de 1977. Aquella denominación provino de los propios secuestradores y torturadores generando la desaparición de varios abogados que, comprometidos con la sociedad y su profesión, abogaban por los trabajadores y defendían a detenidos políticos. Entre ellos, Norberto Centeno, que cristalizó en la Ley de Contrato de Trabajo los principios sustanciales que orientan el Derecho del Trabajo: el principio protector y el de justicia social; lo que le valió su desaparición y muerte. También en esos días fue desaparecido el abogado laboralista Tomás José Fresneda. Poco después fue desaparecido en Neuquén, donde había establecido su exilio interno, el laboralista y asesor gremial Jorge Candelero.
Los mencionados son sólo algunos de los nombres vinculados al episodio referido al comienzo. El recuerdo y homenaje es a todos los abogados laboralistas desaparecidos y a todos los abogados y abogadas que fueron víctimas por ejercer su profesión en el amplio espectro de la defensa de los Derechos Humanos y por la vigencia del Estado de Derecho. A todos los colegas que fueron amenazados, perseguidos, discriminados, despedidos, detenidos, torturados, enfermados, escarnecidos, exiliados internos y externos, secuestrados, asesinados y desaparecidos por el Terrorismo de Estado.
Además de la ofensiva despiadada contra los defensores de los trabajadores, el régimen cívico-militar también clausuró todo tipo de acción sindical y modificó de manera autoritaria el régimen de las relaciones laborales. Entre otras calamidades derogó más de cien artículos de la ley de contrato de trabajo (los que contenían los institutos más avanzados de la época) y consideró al derecho de huelga como un delito.
Hoy, pasados los noventa, bajo el modelo de la flexibilidad, que significó la legalización de la precariedad y la desregulación regresiva, y luego de una etapa de restauración de derechos, a más de cuarenta y cuatro años de aquellos días aciagos y con distintos métodos, nos encontramos frente a este modelo neoliberal que pretende la aniquilación de derechos, impulsado por los cómplices civiles y judiciales de aquella dictadura.
En esta época, el poder real y el propio Presidente Macri nos ha tildado de “mafiosos” o “industriales del juicio” cuando ejercemos la defensa de los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Esos agravios son también un ataque a la independencia del Poder Judicial y a la división de poderes. En tal sentido, sin abundar y a modo de ejemplo, hay que tener en cuenta que los conflictos judiciales en el Fuero del Trabajo expresan sustancialmente reclamos individuales de trabajadores que abarcan solo una parte ínfima de los sistemáticos incumplimientos legales que se verifican en el mundo laboral. Entre ellos, puede citarse la enorme cantidad de trabajadores que no se encuentran registrados o lo están deficientemente, o quienes sufren accidentes de trabajo u otros incumplimientos de sus empleadores, muchos de los cuales ni siquiera acceden a la justicia por temor a perder sus empleos precarios.
Desde el poder político y el de las corporaciones intentan negar los derechos laborales de los trabajadores contradiciendo expresamente el principio constitucional que establece que “…el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”. Por ello, durante los años que lleva este gobierno intentaron varios proyectos de reforma, regresivos o perjudiciales. Por suerte no lo han logrado hasta ahora. Sin embargo, podemos observar que aún sin ley llevaron adelante una brutal flexibilización laboral, reduciendo de facto los derechos de los trabajadores.
Todas las diatribas contra los abogados, también constituyen una presión explícita a los jueces del trabajo para que violen las disposiciones de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes protectoras del trabajo. Los jueces del trabajo, por mandato constitucional y social deben ser imparciales, lo que no quiere decir neutrales, puesto que su deber es el de aplicar las normas constitucionales y legales destinadas a la tutela del sector vulnerable e imponer su cumplimiento en esta sociedad desigual.
Después de las medidas contrarias a los trabajadores que ha tomado el gobierno nacional desde sus inicios, todas sus expresiones e “iniciativas” se inscriben en el marco de una nueva avanzada por la flexibilización laboral, que no es más ni menos que el despojo de sus derechos y la precarización de las condiciones de trabajo. No hay duda que se pretende, como en épocas pasadas, una legislación laboral en abierta contradicción con el programa social de la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Por ello, no es casual el ataque furibundo a los abogados laboralistas, con la mira puesta en los trabajadores.
La actuación de los abogados en los conflictos individuales y colectivos en defensa de los derechos de los trabajadores es importante y necesaria, pero la acción sindical y la movilización popular son imprescindibles para frenar cualquier tipo de legislación regresiva, como así también la pérdida de los derechos que se verifica en los hechos.
*Abogado Laboralista-Asesor Sindical
