El 16 de junio, día de las elecciones generales, no habrá consulta popular por la reforma de la Constitución provincial. Lo anunció este jueves el gobernador Miguel Lifschitz luego de analizar el tema con su gabinete. Lifschitz responsabilizó a la oposición –y en particular al PJ– por las trabas legales sobre la consulta popular y dijo que de esa manera “se sigue evitando un debate profundo sobre la reforma” de la Carta Magna.
“Decidimos con mi gabinete suspender la aplicación del decreto que llama a la consulta popular para reformar la Constitución porque no quiero dar ninguna excusa para que se pueda enturbiar el proceso electoral”, anunció Lifschitz en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado por sus ministros y buena parte de los candidatos del Frente Progresista, aunque no estuvo Antonio Bonfatti.
El gobernador responsabilizó a la oposición por las reiteradas críticas sobre el proceso de consulta popular: “No quieren la reforma. Ahora, de diversas maneras, buscan evitar que haya un pronunciamiento ciudadano. Lo que se está promoviendo es una campaña no certera de sospecha sobre las elecciones”.
En diciembre, Lifschitz había firmado un decreto por el que se convocaba a consulta popular el mismo día de las elecciones generales: 16 de junio. El objetivo era que los electores pudieran opinar en forma voluntaria si estaban a favor o en contra de la reforma constitucional, uno de los objetivos que se había planteado el mandatario provincial y que no pudo cumplir por falta de consenso político. Aquel decreto establecía que el resultado de la consulta sería no vinculante.
En febrero, el partido PAIS presentó una primera impugnación ante el Tribunal Electoral para que no se realice la consulta convocada por decreto por el gobernador. En esa presentación, objetaron que la consulta no fue votada por la Legislatura y que no se establecían recursos para que cada partido haga campaña. En marzo el Tribunal rechazó la impugnación y en abril se firmó un convenio con el Ejecutivo para realizar la consulta.
Días después de las primarias del 28 de abril, los apoderados del frente Juntos (PJ) pidieron que se declare inconstitucional el decreto firmado por Lifschitz, en diciembre, por el cual se convocaba a la consulta popular: “El gobernador no puede, mediante un decreto, convocar a consulta popular, porque es materia de la Legislatura, mediante una ley”. El Tribunal rechazó el planteo con los mismos argumentos que había utilizado respecto al pedido del partido PAIS.
Dardos a Perotti
Caído el debate legislativo en agosto de 2018, a raíz de que el Frente Progresista no pudo reunir los dos tercios necesarios en la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma, el gobierno optó por la vía de la consulta popular.
“Entendimos en ese momento –explicó Lifschitz– que si había sectores de la oposición que manifestaban su desacuerdo no era conveniente forzar el debate o la aprobación; necesitábamos un clima de acuerdo y de consensos. Por ese motivo desistimos de seguir el trámite legislativo y tomamos una propuesta que fue realizada por quien hoy es el candidato del peronismo, Omar Perotti: una consulta popular para que la ciudadanía pueda opinar”.
“Sin embargo, vemos con sorpresa que se ponen obstáculos para evitar un debate sobre el futuro. A esta altura, a nadie le quedan dudas de que, en realidad, no quieren la reforma, se opusieron durante 24 años, le pusieron el pie encima y ahora buscan evitar que haya un pronunciamiento ciudadano sobre el tema”, concluyó el gobernador santafesino.
